Derecho a Huelga. Gobierno oficializa listado de empresas sin derecho a huelga

Luego de varios meses de definiciones, el gobierno publicó el listado de empresas que serán consideradas “estratégicas” debido a que entregan servicios públicos que no pueden sufrir los efectos de una posible paralización de sus trabajadores.

Hasta ahora el criterio que imperó al momento de generarla calificación respondía a servicios de utilidad pública o que, de generarse una paralización, esta pueda provocar un grave daño a la salud, la economía del país, el abastecimiento de la población o a la seguridad de las personas.

El problema es que, con la entrada en vigencia de la reforma laboral, los criterios para definir los “servicios de utilidad pública”, tuvieron una reinterpretación por parte de varias empresas que pidieron ser integradas en el listado. Como fundamento esta petición pedía incorporar la idea de servicios mínimos que se integró en las últimas modificaciones al libro IV del código del trabajo.

Para el gobierno la decisión no fue fácil, ya que, si bien existía consenso en que debía ratificarse los criterios para las empresas distribuidoras de servicios sanitarios, de distribución y transmisión de gas y electricidad, el escenario estaba abierto para otras empresas que postularon.

Así el listado de las firmas que pidieron ser integradas a este grupo fueron mucho más variados que años anteriores, pero buscaban sentar precedentes: empresas como las portuarias del norte (Arica, Iquique y Antofagasta), empresas de comunicaciones (ENTEL) o de servicios/retail (como la cadena de farmacias del Dr. Simi).

Finalmente, el gobierno incluyó a las empresas portuarias del norte, pero no dio luz verde a la integración de ENTEL (que habría marcado un precedente para las empresas de comunicaciones) o empresas en el rubro de los servicios y retail. Si llamó la atención la integración de empresas ligadas a la salud (algunos centros de diálisis) cuestión que no había ocurrido antes.

Los expertos

Varios expertos en derecho laboral se pronunciaron durante la jornada poniendo énfasis en que la determinación del gobierno tenía como fondo una clarificación del debate abierto tras la reforma laboral.

El hecho de haber mantenido ambigua la calificación de los servicios mínimos (artículos 359 en adelante) abría las puertas a que otras empresas pudieran calificar para entrar entre las consideradas estratégicas, pero la lectura que finalmente habría realizado el gobierno fue más bien restrictiva.

La denuncia de los sindicatos

Pero más allá de lo que diga el gobierno, los trabajadores de estas empresas han denunciado sistemáticamente el hecho de que, al negárseles su derecho a huelga, también se corta sus posibilidades de llevar adelante una negociación colectiva que les permita mejorar sus condiciones laborales.

Sindicatos de empresas sanitarias, energía eléctrica o proveedoras de gas han sido muy críticos a los criterios con los que, tres ministros del gobierno, toman la decisión de quien entra o sale de este privilegiado grupo.

Es más, durante todo este año, empresas como Enel han estado en el ojo del huracán, ya que aun manteniéndose por años catalogada como “estratégica” esta no ha invertido en mantener una red de seguridad operacional que le permita enfrentar emergencias como las vividas con las lluvias del último trimestre, obligando a gran parte de la población capitalina a sufrir prolongados cortes de energía eléctrica con todas sus implicancias (perdidas de víveres, aparatos electrónicos, etc). Aguas Andinas había sufrido cuestionamientos similares.

EL sindicato de Enel ha sido tajante en denunciar el proceso de precarización y externalización de los trabajadores del área de emergencias, cuestión que se le ha impedido resistir debido a que no poseen mecanismos que contrapesen el poder de la empresa. Esto abre también un flanco en las reales intenciones que esconden estas empresas para ser catalogadas como estratégicas.

Mismo cuestionamiento se hacen los trabajadores de las empresas portuarias del norte, que este año fueron integradas al listado y que vienen de años de constantes conflictos laborales.

En el fondo, el debate que abre la catalogación de las empresas “estratégicas” es cuál es el rol real que estas empresas cumplen para la entrega de servicios vitales para la población y si la prohibición de que sus trabajadores puedan negociar colectivamente apunta realmente a mantener la entrega de los servicios.

Desde el mundo de los trabajadores la respuesta es clara. La prohibición de realizar la huelga es para someter a los trabajadores de áreas estratégicas y quitarles sus posibilidades de denunciar con fuerza las propias irregularidades que constantemente naturalizan estas empresas. Si los trabajadores de Enel, tuvieran derecho a huelga y un sindicato poderoso, ¿habría sido tan fácil externalizar los servicios de emergencia? ¿habría sido tan fácil para aguas andinas reducir sus costos a través de las externalizaciones? ¿Los puertos del norte piden ser incluidos para mantener el precario sistema de trabajo eventual y evitar que la organización de los sindicatos portuarios se fortalezca en un escenario de posible estancamiento económico?

Avanzar a una reestatización de los servicios públicos y empresas estratégicas

Tanto las denuncias de las organizaciones de trabajadores, como los desastres causados por Enel y Aguas Andinas producto de las últimas emergencias, deben ser incorporadas al debate sobre la permanencia de la privatización de estas empresas. La Derecha por años ha reclamado la incompetencia de los servicios estatales y ha exigido su privatización. Este año se demostró que estas empresas, que fueron privatizadas por la Concertación, no fueron ni más eficientes, ni más responsables con los servicios que entregaban. Solo aprovecharon un escenario favorable para llenar los bolsillos de algunos.

Los trabajadores deben comenzar a exigir que vez de ser catalogadas como “estratégicas”, estas empresas deberían pasar a ser parte del Estado (por su mismo rol público) y ser controladas por sus trabajadores y usuarios, mismo planteamiento que debe hacerse hacia el estratégico sector de los recursos naturales (como el cobre) que deben ser expropiados y puestos bajo gestión de sus trabajadores. Con estos recursos podrían financiarse y garantizarse los derechos sociales que los trabajadores y los sectores populares han reclamados con fuerza y en las calles durante los últimos años.

Esta propuesta está siendo actualmente levantada por las candidaturas anticapitalistas del PTR en el Antofagasta, donde se ha puesto en el debate público la expropiación de minera escondida (una de las más importantes a nivel mundial), o por el candidato independiente Dauno Totoro en el distrito 10.