El gobierno ha anunciado querellas y persecución contra la juventud que se manifestó en repudio a la PSU y su filtro de clase. Debemos organizarnos para acabar con la educación de mercado, y toda la herencia de la dictadura.
Miércoles 8 de enero de 2020
Estos días han sido álgidos. Tras casi tres meses que se diera curso al enorme estallido social, que junto a millones colocaron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, y en el marco de un nuevo momento donde se instala el desvío hacia un "proceso constituyentte" lleno de trampas para no tocar las herencias de la dictadura, aquella juventud secundaria que saltó los torniquetes del metro teniendo el gran apoyo del pueblo trabajador sobre sus hombros, hoy busca ser criminalizada.
Y es que la derecha aprovechándose del boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) los días 6 y 7 de Enero a nivel nacional, no ha dudado en atacar a la juventud que protesta y se organiza en contra de la segregación social, la educación de mercado, y todos aquellos resabios de la herencia de la dictadura.
Esto ha podido demostrarse a través de los comunicados del gobierno por medio de sus ministros, como el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y la ministra de Educación Marcela Cubillos, quienes manifestaron interpondrán querellas en contra de los responsables directos, y quienes hayan incitado a la suspensión de la prueba.
En el caso del ministerio del Interior, Gonzalo Blumel, haa señalado querellas en contra de 16 personas, donde incluso no se ha cerrado a la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Mientras que en el caso de la ministra “displicente”, Marcela Cubillos, manifestó ir por la responsabilidad “penal” y “civil" de los implicados.
Y todo este show mediático, expresado hipócritamente -nuevamente- por parte del ministro Blumel “Queremos solidarizar con los miles de estudiantes que se vieron impedidos ayer y hoy de realizar su PSU, fundamentalmente por un grupo violento que buscó imponerse por la fuerza con amenazas e intimidación e impedirles ejercer su derecho de acceder a la educación superior”.
Fin a la PSU. Ingreso irrestricto inmediato a toda la juventud. Por una educación pública y gratuita al servicio del pueblo trabajador
Frente a la segregación y filtro de clase expresión de la PSU, son miles les estudiantes que se manifestaron contra este tipo de evaluación fundamentado en la educación de mercado y el lucrativo negocio educacional. Así se demostró en las decenas de protestas a nivel nacional, donde si bien la derecha buscó criminalizar a la juventud, jugando con la sensibilidad de familias que depositan su esperanza en la educación de sus hijos, no fue capaz de ocultar un profundo debate abierto ¿es necesaria la PSU?
Queda de manifiesto, que los 17 años de la PSU, no han hecho más que perpetuar la división entre la educación para pobres y para ricos, donde prácticamente 1/3 de quienes realizan la prueba, es decir unas 86.838 personas, no consiguen los 450 puntos mínimos para postular a alguna de las 41 universidades del Sistema Único de Admisión.
Es por eso necesario que organismos como la CONES, ACES, CONFECH, Colegio de Profesores CUT, y otros sectores, llamen a un gran paro nacional para combatir los ataques de Piñera en contra de la juventud y el conjunto del pueblo trabajador, buscando criminalizar la protesta social, hablando de una “paz”, que no es más que un chantaje, para seguir manteniendo el modelo capitalista tal como está.
Mientras nos meten represión, ofrecen una farsa de "proceso constituyente" basado en la impunidad de este gobierno asesino, con su policía golpeando y reprimiendo. Un proceso donde la derecha impondrá su veto, donde no tendremos soberanía para decidir sobre nuestros recursos. Es un proceso para no poner fin a 30 años o más de herencias de la dictadura.
En esta lucha en particular, resulta indispensable derogar la PSU, por un sistema de acceso irrestricto, donde estudiar no sea un privilegio. Esta pelea debe ser ahora, no podemos esperar pues son los casi 300.000 estudiantes quienes deben tener derecho a estudiar. Por tanto también se vuelve indispensable luchar por una educación gratuita, de calidad, y no sexista, 100% financiada por el Estado, a través del impuesto a las grandes empresas.
Sólo acabando con la educación de mercado, y promoviendo una educación totalmente democrática, gestionada por las comunidades educativas (estudiantes, funcionarios, docentes y apoderados), podrá estar en sintonía con un modelo educativo al servicio de la gran mayoría, que corresponde al pueblo trabajador, y no a costa de llenarle los bolsillos a un puñado de magnates que negocian con los sueños de decenas de miles de jóvenes y adultos que buscan seguir estudiando, e imaginando una sociedad totalmente diferente, motivado por el pleno desarrollo de sus cualidades, y no el sobrevivir en un sistema basado en la explotación y la precariedad de la vida.
