Gobierno adelanta proceso para designar al nuevo director nacional de educación pública y comienza a barajar sus alternativas. ¿Podrán cerrar la crisis que se vive en la educación pública?
Viernes 14 de septiembre de 2018
Con adelanto del proceso de designación del nuevo director nacional de educación pública la derecha comienza a barajar sus cartas sobre cómo intervendrá en esta materia. Cabe destacar, que actualmente se encuentra en el cargo Rodrigo Egaña, quien fue designado durante el mandato de Michelle Bachelet.
Dicha convocatoria al cargo se abrió en agosto del presente año, por lo que el oficialismo estaría haciendo pública su determinación posterior a la semana del 18 de septiembre.
En este sentido, figuran tres posibles candidatos. En primer lugar se ubica Alan Wilkins Altamirano, ex Seremi de Educación de la Región Metropolitana durante el primer gobierno de Piñera, seguido por el actual mandatario, quien mantendría las intenciones de mantener la gestión comenzada por el gobierno de Bachelet. Y, finalmente, Juan Enrique Guarachi García-Huidobro, director ejecutivo de Belén Educa, teólogo y MBA en dirección de empresas.
Lo que esto expresa es claro: todos los candidatos mantienen una política que profundiza el mercado en la educación. Incluso uno de ellos relacionado a la iglesia en la educación, que justamente es el puente en donde el Estado financia mayormente a la iglesia. Con esto Piñera realiza una declaración de principios: no estará dispuesto a avanzar en materias de fortalecimiento de la educación pública.
Y es que la educación pública hoy en día se encuentra sumida en una gran crisis. Expresión de esto es lo que sucede en el ex Pedagógico viene sumergida en una profunda crisis financiera y política, donde la precariedad es el pan de cada día, en las condiciones de estudio y trabajo, con bajos salarios principalmente para funcionarios de aseo y jardines, mientras jefes y directivos ostentan sueldos gerenciales.
Esto se relaciona estrictamente con el problema del financiamiento de las universidades y liceos, donde las primeras son arrojadas a endeudarse constantemente con la banca privada o a hipotecar terrenos. Se hace necesario mencionar también el enorme vacío financiero que ha dejado la beca gratuidad, ya que no cubre el arancel real de las carreras, si no el referencial, cuestión que preocupa profundamente, considerando que según el último análisis de la Contraloría: “la brecha entre los aranceles institucionales y los montos que el Estado entregó el año pasado por este concepto a 46 planteles alcanzó los $ 17.208 millones.”
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Frente a esto se hace necesario que el movimiento estudiantil vuelva a jugar un rol de oposición al gobierno, exigiendo un plan de financiamiento integral para la educación pública por parte del Estado. Frente al interés del gobierno de profundizar la educación de mercado, y la actividad meramente parlamentaria del Frente Amplio y el Partido Comunista, la necesidad de un gran movimiento estudiantil para enfrentar esta situación cobra relevancia como una tarea urgente. Pero que también busque unificarse con otros sectores, como con los trabajadores que vienen desarrollando una serie de manifestaciones contra los despidos.
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