Grupos anti-derechos se manifestaron en Yacuiba en contra de la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de violación en Villa Montes. Emitieron un “voto resolutivo” en el que increpan a la familia de la víctima por optar por la ILE (interrupción legal del embarazo), a pesar de que es un recurso amparado por la ley.
Viernes 17 de julio de 2020
Fuente: Proyecto bohemia
Una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro en Villa Montes se encuentra con dos meses de gestación. El artículo 266 de la Constitución Política del Estado (CPE) de nuestro país ampara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tanto en caso de violación como para evitar peligros en la vida y en la salud de la gestante. Pese a la insuficiencia de la ley frente a un embarazo no deseado, pues sigue sin aceptar que las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestros derechos reproductivos en todos los casos, este decreto debería ser una garantía para que ninguna niña deba pasar por el trauma de un embarazo y una maternidad producto de una violación.
Pese a esto, la agrupación “Pro-vida” de Yacuiba hizo público un voto resolutivo donde piden a los padres o tutores de la niña que desistan de la postura de interrumpir su embarazo. Rechazamos enfáticamente esta manifestación porque supone una nueva violencia para la víctima. Ninguna niña o mujer que decide interrumpir su embarazo debería ser hostigada por grupos conservadores, ni por morales que se pretenden universales. Es doblemente injusto que una niña deba sufrir, además del trauma del abuso, el peso de una sociedad patriarcal que nos quiere imponer una moral retrógrada para cargarnos la culpa de tener autonomía en nuestro cuerpo y nuestras decisiones. La maternidad será deseada o no será.
Vivimos en un sistema que no otorga las condiciones mínimas para la maternidad a la gran mayoría de las mujeres, ni que decir de las niñas que son forzadas a parir y luego abandonadas por la sociedad machista e hipócrita. Traer a la vida a un niño o niña sin condiciones dignas no es salvarlo, sino condenarlo a una vida de miseria. Por ello denunciamos el accionar de estos grupos que se atribuyen el derecho de intervenir en la vida de la niña donde ni siquiera la Defensoría del Pueblo se pronuncia.
Denunciamos enfáticamente las manifestaciones de grupos conservadores que buscan amedrentar a mujeres y niñas que ejercen su derecho a la ILE y exigimos que este derecho le sea garantizado en el sistema de salud pública a ella y todas las mujeres que así lo decidan, que no se imponga más creencias de algunos sectores conservadores sobre nuestras vidas. Seguiremos luchando para que el aborto sea libre, legal, seguro y gratuito en nuestro país para que cualquier mujer decida si quiere o no ejercer la maternidad.
