Guanajuato se ha convertido en el estado más peligroso para las mujeres en México. Según organizaciones civiles, dicho estado ocupa el primer lugar en feminicidios en el país con 67 asesinatos de mujeres registrados en 2014. En lo que va del 2015, se han registrado cinco casos de feminicidio en la entidad.
Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Miércoles 28 de enero de 2015
En un estado gobernado por la derecha panista, en alianza reaccionaria con la Iglesia católica mexicana, el cáncer social del feminicidio y la violencia contra las mujeres no son problemas graves para los gobiernos y las instituciones guanajuatenses.
En 2014 en Guanajuato se registraron 67 feminicidios. El 2013 fue catalogado como el año más cruento en más de una década, tanto en datos numéricos -73 feminicidios- como en brutalidad y saña contra las mujeres –estranguladas, asfixiadas, quemadas, muertas a golpes-, según señalan organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo esto no es motivo de alarma para el gobierno del PAN en Guanajuato, quien ha negado en la mayoría de los casos, catalogar los crímenes como feminicidios. Los pocos procesados por asesinatos de mujeres, se enfrentan en la entidad a penas mínimas por “delitos no graves” y cuyo mensaje es el de tolerancia y menosprecio hacia el feminicidio.
Ante este panorama, diversas organizaciones feministas han impulsado ante el gobierno estatal y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la llamada Alerta de Violencia de género como un mecanismo interinstitucional contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
¿Qué es la Alerta de Violencia de Género?
Dicha alerta se pone en marcha para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, siendo la Secretaría de Gobernación la institución encargada de declararla. Mientras que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) se encarga de resolver si procede o no iniciar la investigación.
De 2008 a la fecha se han destinado más de 21 millones de pesos para la operación de este mecanismo, sin que este haya disminuido las cifras de mujeres asesinadas. Al contrario, en los últimos años la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera alarmante: más de 6 mujeres son asesinadas a diario en México.
Tan solo entre 1985 y 2009 fueron asesinadas 34 mil mujeres. A la par del feminicidio, las redes de trata y prostitución se han fortalecido enormemente, bajo el amparo de la militarización y la impunidad. En el negocio de la trata de personas están involucrados políticos y funcionarios públicos, quienes son los encargados de las decisiones políticas y económicas del país.
Los intentos por declarar la alerta de género en diferentes estados, ponen de manifiesto la verdadera política de los gobiernos -estatales y federal- hacia las mujeres pobres y trabajadoras: la de ignorar el feminicidio y la violencia, así como menospreciar a las víctimas y a sus familiares. A esta situación se le suma la cultura corrupta y machista de funcionarios, servidores públicos y policías, quienes están a cargo de la seguridad de la población.
Antecedentes de la Alerta de Género
La alerta por violencia de género tiene contemplado ante una situación de violencia feminicida, la intervención activa del ejército y la declaración de toque de queda para la población.
Como antecedente, en 2007 se implementó el programa “Todos somos Juárez” en el estado fronterizo de Chihuahua, cuya estrategia fue diseñada por el ex-presidente de México Felipe Calderón Hinojosa. Su implementación marcó el inicio de la llamada “Guerra contra el narco”, que hasta la fecha ha cobrado más de 150 mil asesinatos, 25 mil desaparecidos y más de 500 mil desplazados en todo el país.
Basado en el envío masivo de tropas del ejército y la policía federal a Ciudad Juárez, dicho programa tuvo consecuencias funestas para la población juarense y principalmente para las mujeres, niños y jóvenes de los sectores populares y trabajadores.
Entre 2008 y 2012 en Ciudad Juárez hubo más de 10 mil asesinatos y el fenómeno del feminicidio, lejos de disminuir, se disparó a niveles aterradores. En ese mismo periodo, hubo registro de múltiples casos de detenciones arbitrarias, casos de tortura, desapariciones forzadas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Al respecto, Alejandra Toriz de la agrupación de mujeres Pan y Rosas declaró en entrevista para La Izquierda Diario, que “ninguna respuesta favorable vendrá de este régimen, sus partidos e instituciones, pues son ellos los que han permitido y tolerado el desarrollo del cáncer social llamado feminicidio y también los que están buscando por todos los medios, desarticular y desactivar el descontento social”.
La integrante de Pan y Rosas aseguró que para terminar con el feminicidio y cambiar realmente las condiciones de vida de millones de mujeres, “es necesaria la movilización combativa e independiente de los partidos políticos y las instituciones del régimen, y en alianza con la juventud y la clase trabajadora”. Consideró que con la reactivación de las movilizaciones masivas por Ayotzinapa y la continuidad de la crisis de legitimidad del gobierno y el régimen de la alternancia, sigue planteado discutir la necesidad de imponer un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares en lucha que convoque a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que debe incluir en su agenda la discusión sobre la opresión a la mujer.
Sobre las características de dicha constituyente, Alejandra Toriz afirmó que es necesaria una asamblea sin injerencia de los partidos y las instituciones de este régimen “misógino y asesino”, en donde se discutan libre y ampliamente las demandas de las grandes mayorías del país y cómo resolverlas. Que discuta como frenar el feminicidio y las redes de trata, así como la alianza reaccionaria entre la Iglesia y el Estado; y que por ejemplo, imponga el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en todo el país. Una asamblea que discuta como revertir la precarización y las dobles o triples jornadas de explotación que recaen sobre las mujeres.
