Con mujeres desaparecidas por las redes de trata no hay #NiUnaMenos
Jueves 7 de abril de 2016 00:03
Funcionarios judiciales y políticos, en todos los niveles de las instituciones del Estado, junto con miembros de las fuerzas represivas, aparecen diariamente implicados en las redes de trata. Si no son socios de los proxenetas, son “clientes” o garantizan que estas redes operen impunemente.
on mis compañeras Cecilia Soria y Macarena Escudero, diputadas provinciales del PTS/FIT, hemos acompañando las movilizaciones y la lucha en las calles, al tiempo que presentamos denuncias y proyectos de ley en la Legislatura de Mendoza, por el desmantelamiento de las redes de trata y exigiendo la aparición de Johana Chacón, Soledad Olivera, Gisela Gutiérrez y tantas otras jóvenes que aún permanecen desaparecidas.
Sólo en el departamento de Lavalle, las organizaciones de mujeres contabilizaron 27 desapariciones; pero, como no existen estadísticas oficiales, presentamos un pedido de informe para conocer la cantidad de denuncias que se habían hecho por desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres adultas, reclamo que aún no ha sido respondido por el poder ejecutivo provincial.
Pero no sólo en el interior de Mendoza proliferan estas redes: en el mismo centro de la capital provincial fue desbaratado un prostíbulo VIP, adonde asistían “destacados ciudadanos de la alta sociedad” mendocina. Según la ong Acciones Coordinadas contra la Trata, en todo el país, existen más de 6 mil casos de personas que están siendo buscadas y el 53% son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Pero Mendoza, junto con Córdoba, Chubut y Santa Cruz, no remitieron información de esas provincias a la ong que elaboró el informe.
El Estado es responsable
Haciéndonos eco de la voz de las organizaciones de mujeres que denunciaban que la Ley de Trata no sólo no contaba con ningún tipo de reglamentación sino que no tenía presupuesto asignado, hicimos una presentación en la cámara provincial, pidiendo su reglamentación y exigiendo medidas concretas por parte del Estado.
Cuando mi compañera, la diputada Cecilia Soria denunció en la Cámara de Diputados la complicidad del Estado en la desaparición de las mujeres, molestó tanto a los legisladores de los demás bloques, que el diputado kirchnerista Lucas Ilardo, de La Cámpora, la denunció ante la justicia. Por esa razón, el fiscal Garay citó a nuestra compañera a declarar en la causa por la desaparición de Johana Chacón.
Fundada en numerosos informes de organismos oficiales que señalan que muchas redes de trata cuentan con el apoyo y la participación de funcionarios políticos y de las fuerzas de seguridad, Cecilia sostuvo su denuncia sobre la responsabilidad del Estado.
Nuestras bancas al servicio de esta batalla de las mujeres
El año pasado, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Soledad Olivera, se dicta un fallo en esa causa, donde el único imputado es liberado. Con muchísima indignación y casi espontáneamente, salimos a las calles y nos movilizamos. Cuando regresé a la Legislatura, esa misma tarde, hicimos la denuncia en la cámara de senadores.
Volvimos a repetir que el Estado era cómplice de esas redes de trata y, como mínimo, les garantizaba que pudiera operar con total impunidad. Ante los senadores de todos los bloques, señalé que no podíamos confiar en esa casta judicial entre los que estaban los reaccionarios jueces Uliarte y Valerio que fueron parte de un juicio vergonzoso en el que dictaron falta de mérito para el asesino de Alejo Hunau, sosteniendo ¡que su “desviada sexualidad” y su “conducta licenciosa” fueron la causa de su homicidio! Uliarte también había sido denunciado por organismos de Derechos Humanos por su vinculación con la dictadura militar. Y fue gracias a la movilización de jóvenes estudiantes y la Comisión de Mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que este personaje siniestro no dicta más clases.
Con la bronca que me estallaba en la garganta, les dije que las instituciones del régimen político estaban dando un claro mensaje de que se puede desaparecer mujeres, que podían seguir asesinándonos, porque el Estado iba a garantizar la impunidad para los responsables de estos crímenes. Les dije: “Guárdense en sus cajones las fotos que se sacaron con el cartelito que dice #NiUnaMenos. Somos las mujeres las que con nuestra organización, en los lugares de trabajo y estudio, conquistaremos nuestros derechos.” Nuestras bancas están al servicio de esta pelea, como tantas otras batallas que las mujeres damos en las calles.
