Militarización. Guardia Nacional y violencia patriarcal

En medio del panorama de aprobación de la Guardia Nacional, de la cual participarán integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal, se plantea nuevamente la situación de las mujeres frente a esta política.

Para las grandes mayorías, esta política profundiza la violencia que ejercen todas las instancias de las fuerzas armadas contra mujeres, jóvenes, indígenas, y todos los sectores oprimidos, como es la tortura, la desaparición forzada y el feminicidio. Esta situación lleva más de 12 años como "estrategia" contra el narcotráfico, y ahora, discursivamente contra la violencia.

El problema está en la función que cumple el Ejército, la Marina y la Policía como agentes represivos de los movimientos sociales, los trabajadores y todo aquel que lucha. Es decir, cumplen una función de dominación y sometimiento de todo aquel que salga de lo establecido, entre ellas: las mujeres.

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Como lo demostró en 2007 el programa “Todos somos Juárez”, que sacó al ejército a las calles; la violencia y los feminicidios aumentaron exponencialmente y las redes de trata se fortalecieron. Además, el feminicidio se incrementó catastróficamente en todo el país, dando una cifra actual de 10 mujeres asesinadas por día.

No es casual que esto se refleje particularmente en estados con importantes de zonas fabriles, que precarizan la vida de las mujeres, que se caracterizan por el despliegue del Ejército.

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Además utilizan otro tipo de métodos para el control social. Las mujeres han sido víctimas de tortura por elementos de la Policía o el Ejército antes de ser presentadas ante el ministerio público; esto incluye descargas eléctricas en senos y vagina, desnudez forzada, tocamientos en genitales y violación sexual.

Esto implica que la violencia contra las mujeres no solo no se detiene, sino que se exacerba; es decir que, para nosotras no se garantiza el freno de la violencia, nuestra vida corre riesgos con el Ejército, la Marina y la policía en las calles, que abusan completamente de su poder y funcionan como brazo armado del capital.

El llamado "mando civil" de la Guardia Nacional y la capacitación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no son garantía de que verdaderamente se respeten los derechos humanos; sólo hace falta ver lo que han hecho los "Cascos Azul" en sus diferentes intervenciones en África y recientemente en Haití, abusando sexualmente de mujeres y niños en las comunidades a las que llegan, operando redes de trata, y legitimando genocidios.

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Con el inicio de la guerra contra el narco, durante el sexenio de Calderón, que militarizó varios estados del país, no detuvo a los grandes carteles de la droga y tampoco frenó la violencia que éstos generan en la pelea por las plazas públicas; la salida de los militares a las calles exacerbó la violencia y la cantidad de asesinatos de civiles dejando cientos de fosas clandestinas.

Ante un panorama de luchas obreras en México, y movimiento de mujeres en el mundo, que tiene influencia en el país, el Estado busca recomponer y relegitimar sus instituciones para atrás la crisis de representatividad abierta en 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

La Guardia Nacional se mantiene como un retroceso en relación con los derechos humanos, y para las mujeres representa una terrible situación de peligro ante el poder absoluto de las fuerzas armadas que sin titubear asesinan a cualquier civil y violan repetidamente a las mujeres.

Para frenar el feminicidio no podemos confiar en las mismas instituciones que generan las condiciones para que seamos asesinadas, que buscan ocultar la verdad y que las mujeres no seamos sujetos de cambio; necesitamos organizarnos de manera independiente de los partidos del Congreso y el Estado, y ser millones en las calles contra la violencia feminicida.

A un día del 8 de Marzo, salgamos a las calles a repudiar la militarización del país para acabar realmente con la violencia patriarcal y las redes de trata.