El 2 de junio inició un operativo de desalojo a habitantes dentro del área protegida Laguna Larga, las 700 personas fueron afectadas y siguieron su camino hasta la frontera con México, donde recibieron amenazas del Instituto Nacional de Migración.
Miércoles 7 de junio de 2017
Este 3 de junio en Guatemala un operativo realizado por más de 1,000 elementos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) concluyó el desalojo de más de 500 personas (organizaciones sociales apuntan que se trata de 700), del área protegida Laguna Larga, ubicada en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés, Petén, en la Reserva de la Biosfera Maya.
Según la PNC, el desalojo de las 150 familias, que habitaban ahí desde el año 2005, comenzó el 2 de junio. La orden de desalojo fue aprobada por el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén.
Las familias que ahí vivían eran agricultores, con el despojo, se destruyeron sus viviendas y los sembradíos alrededor de la comunidad.
El mismo día que comenzó el desalojo, las personas caminaron hacia la frontera con México a la altura del municipio de Candelaria, Campeche, cerca del ejido El Desengaño. Se reporta que debido al recorrido que hicieron en época de lluvias y atravesando la selva, las personas, entre ellas niños, con problemas gastrointestinales y cutáneos, se encuentran en una situación de emergencia humanitaria.
Fueron recibidos en el ejido El Desengaño por una comitiva del gobierno mexicano y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, las familias han sido intimidadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), para evitar que avancen por territorio mexicano, amenazándolos con deportarlos a Guatemala. El gobierno federal se niega a dar la condición de refugiadas a las personas.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la violación de derechos humanos para las personas desplazadas, ya que llegaron a territorio mexicano para salvar su vida e integridad, que era amenazada en Guatemala. Denuncian la violación al derecho de asilo y de no devolución, los cuales son mandatos de Naciones Unidas para ese tipo de casos.
Ataques contra los migrantes
El conflicto se enmarca además en la visita de Estado que realizó Enrique Peña Nieto a Guatemala, donde se entrevistó con el presidente Jimmy Morales, a casi dos meses de la captura de Javier Duarte en ese país.
En dicha visita, México agradeció el apoyo del gobierno de Guatemala para la detención de Javier Duarte, y reconoció las vejaciones que sufren los migrantes centroamericanos en su paso por México. En ese sentido, expresó su “voluntad” de proteger los derechos humanos de quienes cruzan la frontera, lo cual para Peña Nieto se traduce en enfrentar a los grupos criminales que violentan derechos de los centroamericanos.
No obstante, no mencionó nada sobre el reciente caso de las personas guatemaltecas desplazadas, hipócritamente dice preocuparse por los derechos de los migrantes, mientras las personas desplazadas de Guatemala son amenazadas por el Instituto Nacional de Migración.
Existe un interés estratégico sobre las regiones que son declaradas por el Estado, áreas protegidas o reservas, pues en distintos casos se ha demostrado que esas zonas son objeto de explotación del capital en el futuro con participación de instancias privadas.
El gobierno guatemalteco es el responsable del desplazamiento forzados y del despojo de todo lo que tenían las familias campesinas de Laguna Larga. El operativo represivo se llevó a cabo con el pretexto de ocupar ilegalmente un área que pertenece al Estado.
México mantiene políticas de seguridad en la frontera, que criminalizan a los migrantes, para evitar que desde Centroamérica logren cruzar a Estados Unidos, con claras órdenes desde ese país, no como mencionó Peña Nieto en su visita a Guatemala, para proteger los derechos humanos.
Mientras Guatemala y México abren sus fronteras para el intercambio comercial, el paso de los migrantes hacia México significa caer en manos del crimen organizado o ser objeto de vejaciones por parte del Instituto Nacional de Migración o la policía.
