La prohibición durante el siglo XX del uso de drogas como resultado de una política consciente del capitalismo. Un negocio que va de la mano de la represión y el control sobre los consumidores.
Miércoles 4 de mayo de 2016
PROhibir, un negocio capitalista rentable (y funcional)
El mercado de las drogas genera 500 mil millones de dólares al año, es decir un 8 % del mercado mundial según cálculos conservadores de la ONU. A su vez, este negocio engrana con un cada vez más visible entramado de lavado de dinero que incluye tanto a banqueros, mafias, carteles y empresarios como a los políticos y fuerzas represivas de distintos lugares del mundo.
En este sentido es que el escándalo de los Panama Papers revela una vez más que el sistema capitalista tiene como parte de sus “reglas de juego” mecanismos legales de lavado de dinero y evasión fiscal.
Control social, estigmatización y fuerzas represivas
Los políticos capitalistas destacan en este asunto una gran hipocresía. La “guerra” es “contra” la juventud y el pueblo trabajador ilegalizando las “drogas” que ellos deciden que sean ilegales. Ya lo dijo John Ehrlichman, la mano derecha del expresidente de EE.UU. Richard Nixon. Durante los años ’70 “sabíamos que no podíamos hacer ilegales las protestas contra la guerra o (el hecho de) ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y al criminalizar a ambas cosas severamente, podríamos desbaratar comunidades”. “¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Claro que sí”.
Siguiendo el articulo Drogas, historia de su uso y prohibición, el prohibicionismo es una política “destinada al control social, ya que las políticas contra el uso de drogas no buscan de impedir que se consuman, sino que ese consumo esté impugnado, estigmatizado, para ejercer desde ahí un dominio sobre los individuos por la vía de asociar el uso de sustancias ilícitas a la delincuencia o a la patología”.
El peronismo también…
Desde la Argentina, el peronismo también aportó a desarrollar esta política reaccionaria en los países del Cono Sur. En mayo de 1974 se llevó adelante la firma del convenio multilateral entre el gobierno argentino y los Estados Unidos. Este convenio fue firmado por el Ministro de Bienestar Social López Rega (creador junto con Perón de las bandas fascistas de la Triple A) y el embajador yanqui Robert Hill, estrechando lazos en la guerra contra las drogas. Este momento fue fundamental en la gestación del Plan Cóndor, vinculando el “combate contra las drogas” con la lucha contra la “subversión” en toda la región.
Persecución y cárcel, la respuesta de los capitalistas a la juventud
Llegando a la actualidad, podemos ver cómo se utilizó la guerra contra el narcotráfico para aprobar la Ley Antiterrorista en 2007 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, mientras en realidad ese negocio multimillonario no paraba de crecer.
Este tipo de continuidad de lazos entre Argentina y el imperialismo norteamericano le abrió la puerta a las medidas que empezó a impulsar el gobierno nacional actual de Cambiemos. De la mano de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, buscan alinearse más aún a los mandatos de la DEA y el Pentágono, modelos de militarización y servicios de inteligencia que aumentan el poder de las fuerzas represivas que serán utilizadas para controlar a la juventud y los trabajadores.
Un ejemplo cristalino de cómo el Estado utiliza la llamada “guerra contra las drogas” para fortalecer sus aparatos represivos es la Fuerza Policial
Antinarcotráficos (FPA) creada hace un año en la provincia de Córdoba como respuesta del ex gobernador Jose Manuel de la Sota por el enorme descredito de la sección Drogas Peligrosas tras verse implicada en el negocio del narcotráfico.
Según el portal de noticias de la policía de Córdoba esta nueva fuerza represiva “no depende del poder político ni del Gobernador”, sino que está dirigida por la casta del Poder Judicial. Es la misma casta judicial que avala y es parte de los negociados de los empresarios de la noche.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico dice tener como objetivo, “prevenir, disuadir, conjurar e investigar delitos relacionados con el narcotráfico”. Es decir, con un multimillonario presupuesto se encarga de recorrer los barrios populares con grandes camionetas 4x4 parapetados con armas de guerra persiguiendo y amedrentando, y deteniendo a jóvenes por portación de rostro o por vivir en barriadas populares. Estas imágenes se reproducen a lo largo y a lo ancho del país, en cada provincia.
Una política que en los hechos lejos de perseguir a los grandes narcotraficantes garantiza su impunidad. Estos empresarios son quienes adulteran las sustancias en su fabricación con el fin de que “rindan más” y así obtener mayores ganancias.
Ahora vemos en la Ciudad de Buenos Aires como el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta aprovechar las muertes en la fiesta electrónica Time Warp, (así como en su momento lo hicieron con Cromañón) para avanzar en medidas represivas y prohibicionistas contra una juventud que tiene que enfrentarse a campañas reaccionaras contra sus decisiones de vida y divertimento.
Buscan tapar las verdaderas responsabilidades: los negociados y el narcotráfico que implica a empresarios, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad como la Prefectura.
Una lucha por la legalización y contra la represión
Como vimos, las políticas prohibicionistas son parte de los mecanismos que utilizó y siguen utilizando los capitalistas y sus gobiernos para mantener al conjunto del pueblo trabajador bajo su dominio político, económico y cultural.
Cuando no lo logran, ahí están sus perros guardianes, las fuerzas represivas envalentonándose en los barrios y con un especial ensañamiento hacia la juventud.
Este próximo 7 de mayo en la Marcha Mundial por la Marihuana se impone de esta forma la necesidad de luchar en las calles contra la represión y las campañas reaccionarias, por la legalización irrestricta de todas las drogas bajo dominio estatal, a su vez que la garantía de políticas sanitarias y no represivas, ni compulsivas para quienes hagan un uso problemático de las drogas, a su vez que luchamos por la implementación de una política de control de la calidad de las sustancias psicoactivas e información sobre las mismas.
