A propósito de la “estrategia para evitar agresiones” que esperan implementar dichas instituciones del gobierno ha quedado abierta una importante discusión sobre donde depositar confianza para ganar derechos. Esto sumado a las medidas de ajuste por parte del FMI plantean la necesidad de construir un Encuentro de Mujeres.
Martes 18 de enero de 2022
Iniciando este año 2022, en Costa Rica ya se registran dos femicidios, en donde uno de ellos ocurrió a tan solo una semana después del otro, una de las víctimas era Annette Elena Benavides Chacón quien vivía con su pareja y 2 hijos en Jardines II de San Rafael de Heredia.
Ante este acto de clara violencia patriarcal escuchamos por parte del INAMU en una entrevista realizada por un noticiario en donde una de sus funcionarias menciona que es de suma importancia que las víctimas e incluso vecinos hagan la denuncia respectiva para evitar que estos casos se sigan dando; Tales declaraciones dejan al descubierto la ausencia de una solución real ante la ola de violencia contra las mujeres que ha existido siempre.
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En este contexto deberíamos recordar que esta institución estatal como muchas otras, están bajo un recorte presupuestario en respuesta a exigencias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero inclusive sin estos recortes el INAMU no ha demostrado la disposición de incidir directamente a la solución de la problemática, debido a que el manejo de esta institución, los nombramientos y la creación de sus planes anules operativos son realizados por sus jerarcas institucionales quienes la mayor parte del tiempo son personas que carecen de visión de mundo y su único objetivo es cumplir con la institución y no para el beneficio de las mujeres, como quedó evidenciado el 17 de enero del presente año cuando el ICT en conjunto con el INAMU implementaron una estrategia para evitar agresiones sexuales a la cual nombraron como “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, en donde se leen una lista de consejos que las mujeres debemos de tomar para evitar este tipo de agresiones, con esto, se confirma una vez más que los altos mandos de la mencionada institución no poseen una verdadera consciencia de la problemática que enfrentamos. Dicho esto, se puede reafirmar que el Estado es cómplice de la violencia ejercida hacia las mujeres, revictimizándonos e ignorando por completo la realidad en que la vivimos, en un entorno misógino y patriarcal.
El INAMU como parte de una estructura estatal se plantea unos objetivos para responder a la burocracia institucional no así a la realidad social que están enfrentando las mujeres, de ahí las muchas incongruencias que presentan como, por ejemplo, que mencionen que existen líneas de atención a las víctimas de violencia patriarcal pero que a su vez haya otras funcionarias que normalicen esos casos señalando que “son cosas que suelen suceder”. También el que simplifiquen todo con un “que denuncien” cuando la respuesta hacia la protección real de las mujeres debería ir más allá de una denuncia. El INAMU parece olvidar lo que hay detrás de la violencia doméstica, olvida que la violencia no es solamente física, también es emocional y psicológica, y que la mayoría de estas mujeres por no decir todas se les es casi imposible simplemente tomar un teléfono y llamar para que las saquen de ese núcleo de violencia, debido a que tienen, ya sea una dependencia emocional o económica con sus agresores. La violencia hacia las mujeres no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural.
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Por esta razón una llamada a la línea de asistencia que ofrece el INAMU no es suficiente si no se muestra un interés real por ayudar a las víctimas, si no existen refugios o inclusive programas que las ayuden a recibir un empoderamiento tanto para su vida cotidiana como laboral y garantizar que puedan conseguir un empleo. En medio del ajuste que se intenta aplicar en el país incluye un recorte que eliminaría esta línea de asistencia, un elemento mínimo.
Es por eso que que la atención a víctimas de violencia, el proceso de investigación, y las políticas públicas sobre violencia patriarcal estén bajo control de las organizaciones de mujeres y de la clase trabajadora. Además que el dinero que se destina al pago de la deuda externa sea utilizado para la creación de refugios en donde se alberguen a las víctimas y a su familia, para la apertura de centros de atención psicológica, así como centros de atención de llamadas de emergencia en casos de violencia contra la mujer.
¿Cómo podemos luchar por nuestras demandas?
Desde Pan y Rosas llamamos a construir un Encuentro de Mujeres que agrupe a trabajadoras, estudiantes, jóvenes, campesinas para sumar fuerzas y coordinar un plan de lucha por las reivindicaciones que viene levantando el movimiento de mujeres de forma común, golpeando con el mismo puño y enfrentando los recortes, el ajuste del FMI y los ataques a nuestros derechos.
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