Newsletter. ¿Habrá condena para los prefectos que mataron a Rafael Nahuel?

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Mientras el país se mantiene expectante para saber quién será el nuevo presidente, volvemos acá para hablar de un crimen de Estado cometido hace seis años en la Patagonia.

En Río Negro está llegando a su fin el juicio oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años de la comunidad Lafken Winkul Mapu , ubicada en la zona de Villa Mascardi, cerca de Bariloche. El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2017, a manos de miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina con amparo del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Además de Nahuel, muerto de un tiro por la espalda, otros dos jóvenes mapuche resultaron heridos de bala.

En los Tribunales de Fiske Menuco (General Roca) se juzga a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Pintos, Carlos Sosa, Juan Obregón y Sergio García, acusados por la Fiscalía de ser coautores de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Las querellas (familia de Nahuel por un lado y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por otro) procuran que se los condene por “homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.

“Por la complejidad del juicio, después de seis años de los hechos en los que se mató a un pibe y se hirió a otros dos, en un proceso donde intervienen varias fuerzas de seguridad nacionales y en un contexto de odio racial frente al reclamo de los pueblos originarios, creo que se pudo transmitir al Tribunal la mayor claridad posible de los hechos”, nos dice Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y uno de los abogados de la familia de “Rafita”.

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El juicio contra los cinco albatros se inició el 15 de agosto en los Tribunales roquenses. Terminadas las audiencias de debate y ya realizada una inspección ocular en la escena del crimen, el martes 7 y miércoles 8 se escucharán los alegatos de la parte acusadora. Las defensas harán lo propio el 15 y 16. La sentencia se dará a conocer el miércoles 22, tres días antes del sexto aniversario del asesinato.

El crimen, emblemático, es uno de los más recientes de una zaga de ataques extremos contra los pueblos originarios que lleva siglos. Con las particularidades que pueden diferenciar este caso de otros, a las comunidades mapuche el Estado las criminaliza igual que a las tehuelche, a las qom, a las colla, a las wichí, a las diaguita, a las pilagá, a las nivaclé, a las quechua, a las charrúa, a las guaraní, a las comechingón o a las aymara. Actualmente hay más de 1650 reclamos territoriales en Argentina. Lejos de estar “ausente”, el Estado siempre responde con represión y desalojos.

Inspección ocular

Tras 18 audiencias por las que pasaron 63 testigos y se expusieron diversas pruebas y pericias, el martes 24 de octubre los jueces del Tribunal Oral Criminal, el fiscal, las querellas, dos de los imputados con sus abogadas y varios testigos se dirigieron al predio donde Rafita fue asesinado y donde habitaba su comunidad, Lafken Winkul Mapu , hasta el brutal desalojo de octubre de 2022 ejecutado por el gobierno del Frente de Todos .

La inspección ocular fue solicitada por la querella. Las defensas se opusieron para evitar que la coartada de los prefectos fuera contrastada con el lugar de los hechos. Finalmente los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava ordenaron que se haga. Pese a la decisión judicial, ese día sólo asistieron los imputados Obregón y García. Cavia, Pintos y Sosa no fueron por recomendación de su defensor Marcelo Rochetti, a quien parece no haberle quedado otra que mantener a sus clientes alejados y en silencio. En este otro texto podés ver un prontuario del doctor Rochetti.

También participaron el fiscal Rafael Vehils Ruiz, los abogados de la familia Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, y el doctor Mariano Przybylski como cabeza de la querella constituida por la Secretaría de Derechos Humanos.

Fue muy especial la participación de tres miembros de la comunidad y testigos claves. Aquella tarde Johana Colhuan vio caer a su lado a Nahuel y ella misma resultó herida de un balazo. Sus lamien Lautaro González y Fausto Jones Huala zafaron de los tiros y fueron quienes trasladaron, cerro abajo y por más de un kilómetro, el cuerpo agonizante de Rafita para que fuera asistido. Ambos terminaron detenidos por los prefectos. Los tres testimonios en el juicio fueron conmovedores. Al escucharlos, Tito Nahuel y Graciela Salvo, padre y madre de Rafael, no pudieron evitar quebrarse.

En Villa Mascardi los tres testigos recordaron frente a los jueces, el fiscal, los abogados y ante la mirada de Obregón y García los momentos de la persecución, la balacera y la muerte de Rafael. Marcaron cada lugar clave que mantienen intacto en su memoria y dieron detalles de la huida montaña arriba.

Para la comunidad mapuche la inspección ocular era muy importante. Porque, como se relató en otra crónica, desde el inicio del juicio el Poder Judicial les mostró su rostro más reaccionario, con todo tipo de obstáculos teñidos de racismo, empezando por el hecho de que el juicio no se hiciera en Bariloche (donde también hay tribunales federales) sino a 500 kilómetros. Por eso era crucial que los testigos pudieran contar lo vivido sobre el propio territorio, más allá de la incertidumbre por lo que sentencien los jueces.

Johana, Lautaro y Fasto les dijeron en la cara al Tribunal y a la Fiscalía cómo y dónde los imputados mataron a su lamien. Ese momento de verdad lanzada en pleno cerro es de gran valor para una comunidad siempre perseguida y criminalizada.

“Se demostró la cacería de Prefectura”

Consultado tras la inspección ocular, el doctor Palavecino nos dice que “se pudo corroborar todo lo que se planteó por parte de la acusación. Los lugares señalados en las audiencias por los testigos presenciales coinciden exactamente con el terreno observado. Los jueces pudieron cotejar el escenario del crimen con las versiones dadas tanto por las defensas como por quienes acusamos”.

Para el abogado de la APDH la inspección “también sirvió para llevar al menos una parte del juicio al territorio. Ojalá en algún momento se respete el derecho indígena, que estos juicios se hagan en torno a los propios territorios y no donde el Poder Judicial diga a discreción. Por lo concreto y por haber estado todas las partes en el lugar de los hechos, que pudieron explicar sus posiciones, esta medida seguro tuvo algo de revelador y esclarecedor para los jueces”.

En el recorrido de casi 1.200 metros, desde la vera de la Ruta 40 hasta el lugar donde cayó Rafita, se hizo más veraz aún el relato de los jóvenes mapuche. Aquel 25 de noviembre de 2017 debieron escapar montaña arriba en busca de refugio mientras eran perseguidos por uniformados que disparaban armas automáticas. El lugar donde se encontraron las vainas servidas coincide con el escenario descrito en los testimonios. Los jueces pudieron comprobar que los albatros estaban a resguardo, contrariamente a lo que dijeron ellos y repitió como lora durante años Bullrich. Dispararon sin riesgo de ser atacados.

Se pudo corroborar la existencia de múltiples espacios donde podían resguardarse. Es decir que nunca estuvieron en un lugar en el que no pudieran parapetarse si es que, como dicen, estaban recibiendo piedrazos y otros proyectiles.

“Quedó clara la innecesariedad de esa persecución a los tiros”, dice Palavecino. Sin ninguna amenaza concreta a su seguridad, los albatros dispararon más de 140 proyectiles (aunque sólo 31 vainas fueron peritadas). Los jóvenes no tenían escapatoria ante esa violentísima avanzada. Pero la avanzada misma parecía carecer de sentido ya que no estaban cometiendo ningún delito. Sólo una real intención de herir y matar explica tamaña brutalidad.

En la inspección ocular Obregón y García buscaron acomodar su versión de los hechos a la incuestionable geografía. Pese a haber tenido seis años para armar una “escena” en común, entraron en contradicciones (que habrían sido muchas más si hubieran estado los cinco presentes). Uno dijo que se habían cubierto detrás de determinado árbol, el otro dijo que el árbol en cuestión no era ése sino uno de más allá. Para uno los disparos fueron en determinado momento, para el otro fueron mucho después. Curiosas imprecisiones, teniendo en cuenta que se trata de hechos que les cambiaron la vida.

Al contrastar el relato con el terreno, para las querellas quedó claro que los prefectos no sólo mataron a Rafael e hirieron a otros dos jóvenes, sino que con su accionar también demostraron lo insostenible de su excusa respecto a que tenían una “orden” de detectar, identificar y detener a quienes deambularan por el predio que les habían mandado a custodiar. Nunca la cumplieron, no detuvieron a nadie en el cerro. Al contrario, tras desatar la balacera volvieron a la ruta.

Doble juego del Estado

Las fuentes del caso comprometidas con la búsqueda de la verdad aseguran que, ante tanta evidencia, el relato de los prefectos es “totalmente inverosímil”. Además de contradicciones entre ellos, la cronología de los hechos que armaron junto a sus abogados evidencia que en todo el trayecto recorrido en su persecución a los jóvenes mapuche estuvieron a resguardo de cualquier eventual agresión.

Al igual que Palavecino, el abogado Mariano Przybylski de la Secretaría de Derechos Humanos valora positivamente la inspección ocular. Y agrega un balance político. Al salir del predio de Mascardi dijo ante una consulta del sitio Perycia que “ningún gobierno está exento de que una fuerza de seguridad cometa un hecho de violencia institucional”, pero que “la diferencia es cómo reacciona cada gobierno ante eso. Un gobierno puede salir a justificarlo, apoyarlo, marcarlo como ejemplo, que es lo que pasó; o sancionar y decir esto no puede pasar más. Separar o ponerse a querellar e investigar qué es lo que pasó para que haya responsables”.

El doctor Przybylski debería matizar sus afirmaciones. Por un lado, aunque le toque “enfrentarlas” en este juicio, como funcionario no puede desconocer que a los prefectos Obregón y García los defienden las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Busetti, respectivamente, ambas empleadas de Prefectura. Esa tarea les fue encomendada por Bullrich (al principio, de hecho, defendieron a los cinco), pero desde diciembre de 2019 sus sucesores Sabina Frederic y Aníbal Fernández las mantuvieron al frente de ese rol encubridor.

Schmidt y Busetti son funcionarias públicas y por hacer su trabajo reciben buenos honorarios del Estado a través del Ministerio de Seguridad. Como se viene detallando, en este caso su “trabajo” es robustecer la coartada de sus defendidos.

Menos aún debería desconocer el doctor Przybylski que en octubre de 2022, cinco años después del crimen de Nahuel, su propio gobierno envió a las fuerzas federales a desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu . En un hecho escandaloso, el Estado desalojó brutalmente, detuvo y torturó a mujeres y niñes, destruyó casas y pertenencias. Sólo tras el repudio nacional e internacional, el Gobierno les propuso un “acuerdo” que, como denuncian desde la propia comunidad, hasta el día de hoy no cumple. Aquella brutalidad le costó el cargo a la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.

El riesgo de no decir toda la verdad, es quedar al borde de la mentira.

¿Será justicia?

Graciela Salvo y Tito Nahuel esperaron, pacientemente, seis años para ver y escuchar lo que tenían para decir quienes, con las armas del Estado, les arrebataron a su hijo. Pudieron hacerlo, aunque los acusados se parapetaron detrás de una pantalla de Zoom. Por la memoria de Rafita viajaron 500 kilómetros para estar en las primeras audiencias. Pero sin ninguna ayuda económica y ante las dilaciones del Tribunal, el resto del juicio lo debieron seguir virtualmente desde Bariloche.

Tito y Graciela flaquearon al escuchar a Johana, Fausto y Lautaro contar cómo vieron caer a Rafita mientras los disparos rozaban sus propios cuerpos. Pero nunca perdieron ni conciencia ni convicción. Ahora están muy atentos a lo que pueda arrojar la sentencia, sabedores de que, pese a todas las evidencias, el Poder Judicial no deja de ser todo lo racista e injusto que es.

“Como pasó en el caso de Elías Garay (de la Lof Quemquemtrew ) es importante para las comunidades que se hagan estos juicios y se alcance algo cercano a la justicia. Ese algo incluye que los propios miembros de las comunidades puedan enfrentar a jueces y fiscales y decirles cómo sucedieron los hechos. Que se llegue a ese momento ya es muy importante. Claro que lo esperable es que haya condenas acordes a la gravedad del crimen, pero sabemos cómo actúa el sistema y no podemos descartar ninguna sorpresa”, nos dice el doctor Palavecino.

Desde la querella pidieron que, al menos, los alegatos se pudieran hacer en Bariloche. Pero los jueces se negaron. “Nos hubiera gustado que se hiciera acá para que la propia sociedad tenga la posibilidad de ver todo mucho más directamente, pero así y todo creo que pudimos hacer nuestro trabajo y demostrar la fortaleza de nuestra acusación”, comenta el abogado de la APDH .

Hace seis años Patricia Bullrich confiaba en su impunidad. Venía de bancar a la Gendarmería por su represión del 1° de agosto de 2017 en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El cuerpo del artesano de 28 años fue encontrado en el Río Chubut el 17 de octubre en un operativo casi guionado por el juez Gustavo Lleral y la Prefectura que lo “asistía”. Tras la autopsia, la familia lo sepultó en 25 de Mayo, su pueblo natal. Fue el 25 de noviembre, el mismo día en que, 1.400 kilómetros más al sur, la misma Prefectura asesinaba a Nahuel.

Y allí también fue Bullrich. Para bancar a los albatros creó un relato según el cual sus subordinados no fueron asesinos a sueldo sino víctimas de una salvaje agresión mapuche. Como lo contamos a fines de aquel 2017, la sofisticación de su estrategia incluyó el insólito “Informe RAM”, mediocre cobertura argumental para justificar los crímenes de Maldonado, Nahuel y otros más.

Pese a ser aquellos los meses más críticos de su gestión, Bullrich zafó de ser investigada penalmente por haber dado las órdenes políticas de esas represiones. Ni siquiera tuvo que renunciar al cargo de ministra. Y hasta se encaminó a una candidatura presidencial que, de no haber sido por la aparición en escena de Javier Milei, la podría haber ungido este año como sucesora de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Suena antipático decirlo, pero está claro que sea cual sea la sentencia del Tribunal Oral Criminal de Fiske Menuco (General Roca), el miércoles 22 no habrá “justicia”. Incluso si condenan a los cinco prefectos a reclusión perpetua, haciendo caso el requerimiento de la querella. Justicia sería otra cosa, empezando por que Rafael Nahuel estuviera vivo y conviviendo con sus lamien de Lafken Winkul Mapu en el territorio ancestral apropiado por el mismo Estado que lo mató.

Pero si Cavia, Pintos, Sosa, Obregón y García son declarados culpables del “homicidio doblemente agravado” de Rafita, es muy probable que Graciela y Tito tengan un poco de paz en sus almas. Y además, al quedar en evidencia las dimensiones de este crimen de Estado, tal vez se abra una nueva etapa en la que tengan que rendir cuentas los responsables políticos de aquella represión y del posterior encubrimiento. Empezando por Patricia Bullrich y sus esbirros, claro; pero siguiendo con el resto de quienes en estos seis años contribuyeron a la impunidad.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

Postdata 1- Este newsletter trata de crímenes y violencia. Imposible dejar de mencionar el genocidio que en Medio Oriente se está llevando la vida de miles de palestinos a manos del Estado de Israel. Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, el sionismo se cree autorizado a masacrar inocentes, muchos niños y niñas, con la excusa de la lucha contra el “terrorismo”. Lo hace con la complicidad de gobiernos imperialistas y una comparsa de políticos, intelectuales y medios. En Argentina, desde Massa y Milei, pasando por Clarín y La Nación , ni hablan del terrorismo que aplica Israel en Gaza. Por suerte en todo el mundo cientos de miles salen a las calles a decir la verdad.

Postdata 2- Hace pocos días Marcos Levin, exdueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte , fue condenado a 18 años de prisión. Como tantos otros miembros del empresariado nacional y transnacional, durante la dictadura Levin participó en crímenes de lesa humanidad. Ya había sido condenado a 12 años de prisión por secuestro y torturas al trabajador Víctor Cobos. Ahora le suman más años por haber hecho lo mismo con otros 17 empleados. La condena se festeja, desde ya. Pero no te olvides: en cuarenta años de “democracia”, la totalidad de los mentores del genocidio se mantuvieron impunes, libres y cogobernando el país con el peronismo, el radicalismo y sus derivados patronales.

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