El 11 de julio de 1971 se nacionalizaba el cobre en Chile. Hoy metal rojo en el norte del país se ha convertido en el sinónimo de contagios y muertes de familias trabajadoras. Ciudades como Calama –y próximamente Antofagasta- se han transformado en verdaderas zonas de sacrificio a costa de las ganancias de los empresarios mineros. ¿Qué podríamos hacer con el dinero del cobre para enfrentar el hambre y la cesantía?
Domingo 12 de julio de 2020
El 11 de julio de 1971, en la Plaza de los Héroes de Rancagua, se anunciaba la promulgación de la ley N° 17.450, y con ella, el bautizo de la fecha como el día de la dignindad nacional. El día de hoy estamos lejos de esa realidad. La dignidad lejos de tratarse de algo que celebremos de haber conquistado, se trata de una bandera de lucha de muchos frente a las miserias que entrega el gobierno de Sebastián Piñera en unidad a sus amigos los empresarios.
En estos términos, hasta la fecha el 71% de la producción minera total del país corresponde a empresarios privados. Es decir, el 71% de la riqueza del territorio del país va a parar directamente al bolsillo de empresarios provenientes de EE.UU, Canadá, Inglaterra, Suiza y Japón. Mientras que regiones como Antofagasta son transformadas en verdaderos mataderos a costa de mantener funcionando las mineras con ritmos productivos de 24/7 a costa de la vida del pueblo nortino, presentando cifras que alcanzan 11.589 contagios, con más de 218 fallecidos.
Es aquí en donde la situación se torna escabrosa para el pueblo trabajador y pobre del desierto chileno.
Y es que se trata de un verdadero saqueo completamente legalizado, con empresarios y el gobierno dando declaraciones en todos los medios tradicionales refiriéndose a que las mineras deben seguir funcionando por los recursos que entregan para el país. Sin embargo, ¿esto es así verdaderamente? Entre sólo el 2007 y el 2017 –según un estudio realizado por el portal CIPER Chile- el gobierno ha entregado más de $120 mil millones de dólares a los empresarios privados del cobre; en donde el estudio señala además que “Si estos US$120 mil millones hubiesen sido ahorrados por el país e invertidos como fondos soberanos, rentarían un flujo anual equivalente a casi todo el gasto público en salud”.
Es decir, que desde la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha, han tenido la oportunidad para fortalecer el servicio público de salud, y decidieron abiertamente no hacerlo. Hoy vivimos las consecuencias, con hospitales como el San José de Santiago, el cual tiene a sus usuarios en carpas en medio de la calle por los niveles de colapso que enfrenta.
Sin ir más lejos, las ganancias totales de Minera Escondida Ltda (BHP Billiton) - según el indicador financiero Ebitda- corresponden a 3 mil 900 millones de dólares. Esta cifra equivale a una renta de 500 mil para 1,7 millones de trabajadores (y por nueves meses). Con un 20% de impuestos sólo a las ganancias anuales de Escondida se podrían cubrir a la totalidad de la población trabajadora de la región de Antofagasta con un sueldo mínimo de 500 mil pesos.
Aquí los empresarios de la megaminería podrían excusarse afirmando que han aportado con 210 millones de pesos para combatir la pandemia, sin embargo esto no corresponde más que al 0.00001% de sus ganancias anuales: una parte microscópica de toda la porción que se llevan. Incluso, la misma minera incrementó su producción en un 11%, pese a la pandemia y contar con menor dotación de turnos de 14 días. En este último tiempo la empresa privada reportó utilidades por US$1.116 millones de dólares. Esta cifra traducida a pesos chilenos corresponde aproximadamente a $916.794 millones, con lo que se podrían construir 4 hospitales como el Hospital Regional de Antofagasta, considerando que su costo de inversión fue de 247 millones de dólares.
Es así que la minera, a través de la producción de 297.219 toneladas de cobre fino, ha obtenido un total de ganancias de unos US$ 191 millones. Es decir, $156.906.500.000, con lo que se podrían pagar rentas básicas de emergencia de $500.000 a más de 52.300 personas por seis meses.
Es decir, sólo considerando a Minera Escondida, se podrían construir 4 hospitales, y otorgar rentas básicas de emergencia de $500 mil para una población aproximada a la de Antofagasta.
En definitiva, hay una cifra estratosférica casi inimaginable de dinero que el Estado de Chile le entrega en bandeja a los empresarios transnacionales, mientras el pueblo clara por hambre, y las cifras de desempleo real pronto alcanzarán cantidad superior al 27%.
Los 49 años de la nacionalización del cobre, y las aberrantes y enormes cifras de dinero que van a parar directo a los bolsillos y las cuentas bancarias de los empresarios transnacionales, no hacen más que poner sobre la mesa la necesidad de una pronta renacionalización del metal rojo, sin indemnizaciones para aquellos empresarios que han puesto sus ganancias por sobre las vidas de un pueblo entero, convirtiendo a la zona norte del país en un cementerio de familias trabajadoras y pobres.
Las cifras son contundentes. Con lo que se le regala a los empresarios de mineras privadas se podría financiar no sólo el sistema público de salud, sino que realizar compras de insumos médicos para paliar la pandemia, se podrían entregar rentas de emergencia de $500 mil para una enorme cifra de personas que hoy la necesitan y ven sus despensas vaciarse cada vez más rápido.
Para que Chile no se transforme en un cementerio del pueblo pobre y trabajador, con cada vez más empresarios comiendo paté de jabalí y caviar, necesitamos un impuesto progresivo a las riquezas mineras, así como la renacionalización sin indemnización a los privados. Si ellos se adueñaron de ellas en plena dictadura ¿por qué debemos recompensarlos de ese robo que cometieron?
