Nuevo Gobierno. Hacia el poskirchnerismo por decreto

La crítica al “autoritarismo” kirchnerista fue bandera de la oposición (ahora en el gobierno) durante años. El “avasallamiento” de las instituciones, la crítica al uso de las cadenas nacionales, la denuncia sobre una “justicia militante”, fueron algunos de los caballitos de batalla, de tono republicano, usados para allanar la campaña electoral hacia el poder.

Cristina Fernández les facilitaba el trabajo sosteniendo a Amado Boudou, nombrando a César Milani, con escándalos en la ex SIDE, encumbrando a Aníbal Fernández, o avalando las represiones de Sergio Berni. Contra ellos, era fácil desarrollar una oposición de discurso republicano, detrás de la cual esconder intereses políticos y económicos, montados sobre el descontento existente tras cuatro años de recesión.

En su primer mensaje en el poder, el nuevo presidente insistió con varias de las ideas que venía sosteniendo en su libreto de campaña.

Pero como no se puede gobernar sólo con frases bonitas y globos amarillos, enseguida comenzó a tomar medidas. El discurso republicano dio paso rápidamente a los decretos al servicio del gran capital y del comienzo de la construcción de una nueva etapa, tras un largo ciclo kirchnerista.

Para un analista como Artemio López, el nuevo gobierno avanza así hacia un cambio de régimen: “Mauricio Macri (él) define políticas de manera nítida y a velocidad del rayo todos los días, y lo hará más si nadie lo impide efectivamente. Lluvia de DNU, quita de retenciones, negativa a medir inflación, jaqueo en los portales de medios opositores, corte adicta... Se trata de una acción estratégica para su sobrevida como presidente, sus chances de reelección y la reproducción ampliada de los intereses que representa el gobierno PRO (la UCR ha sido abolida): promover no un cambio de Gobierno sino un drástico cambio de Régimen. Armar el andamiaje jurídico, político y socioeconómico básico capaz de sostener el recomienzo post kirchnerista del modelo neoliberal que dominó la política doméstica hasta el año 2003”.

Tamaño objetivo requiere medidas rápidas y decididas. El DNU es la herramienta a medida, sobre todo si Macri se propone seguir los consejos de quienes le sugieren tomar todas las medidas fundamentales rápidamente, mientras aún goza del capital político ganado en las elecciones.

Paradójicamente, este mecanismo evita tener que lograr los “consensos” de los que tanto habla Macri, y le permite saltearse obstáculos como el Congreso, donde Cambiemos no tiene mayoría. Hace unos años, bajo el kirchnerismo, la diputada Laura Alonso del PRO decía que "utilizar los DNU para gobernar implica eludir al Congreso, evitar la deliberación y dar la espalda al pueblo de la Nación y a las provincias que son representadas en ambas Cámaras legislativas". Pero, ahora, Cambiamos.

Sin embargo, por decreto el macrismo no podrá anular el descontento popular frente a sus medidas económicas, ni la resistencia que vendrá contra el ajuste, ni lograr una devaluación “exitosa” desde el punto de vista capitalista. Tampoco acallar la protesta contra el avasallamiento a las libertades democráticas ni las crisis con sus socios de Cambiemos. Ahí residen varios de los interrogantes sobre la viabilidad del “nuevo orden” macrista. Si algo es seguro, es que el camino hacia el poskirchnerismo estará atravesado por múltiples crisis.

Los decretos, de las dictaduras militares al Pacto de Olivos

Los actuales DNU se introdujeron en la Constitución Nacional en 1994, producto del “Pacto de Olivos” entre Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín, cuya principal consecuencia fue habilitar la reelección del riojano, quien ya había puesto en marcha un salvaje plan neoliberal con privatizaciones, paridad peso-dólar, apertura al capital financiero internacional, flexibilización laboral y alta desocupación, entre algunas de sus principales características.

Menem aprovechó la nueva normativa para firmar 545 DNU, que en 10 años de presidencia aceitaron los mecanismos de aplicación de su plan económico.

Como nefatos antecedentes de los DNU, las dictaduras militares que gobernaron el país emitían desde el Poder Ejecutivo los denominados “decretos leyes” o simplemente “leyes”. También gobiernos constitucionales como el de Raúl Alfonsín ofrecen antecedentes al respecto, como fue la promulgación por decreto del Plan Austral en 1985, que abrió paso hacia la aguda crisis económica del final de aquella década. Quienes gobernaron después del “Pacto de Olivos” tampoco se privaron en lo más mínimo de usar y abusar de este mecanismo completamente antidemocrático.

Un hombre decide por 40 millones

El balotaje presidencial, también establecido por la Constitución del “Pacto de Olivos”, es un mecanismo para fortalecer la gobernabilidad capitalista, creando una falsa mayoría. Macri obtuvo un 24% de votos en las PASO de agosto, subió al 34% en octubre incorporando los votos de Sanz y Carrió, y al 51% en la segunda vuelta del 22 de noviembre, cuando ya sólo quedaban dos opciones.

De este modo, quien en agosto obtuvo solamente 5 millones y medio de votos sobre un total de 32 millones de electores, hoy gobierna por decreto, tomando decisiones cual monarca, que afectan a 40 millones de personas, bajo la ilusión de ser un gobierno del 51%.

Quien celebra y sostiene este mecanismo es la ínfima minoría que en nuestro país es dueña del gran capital y estaba (y aún está) expectante de rápidas medidas para desarrollar sus negocios. Ayer la Asociación Empresaria Argentina (AEA) reeligió a Jaime Campos como presidente de la entidad, y éste aprovechó la ocasión para decir que "el empresariado argentino tiene expectativas muy favorables respecto del nuevo gobierno".

Tiene sus motivos. Los primeros decretos del gobierno favorecen ampliamente al gran capital eliminando (o bajando en el caso de la soja) las retenciones a las exportaciones agropecuarias e industriales. Lo mismo sucederá con las tarifas de los servicios públicos a partir de enero, la devaluación o el nuevo ciclo de endeudamiento que está por comenzar. Estamos ante una colosal transferencia de ingresos que va del bolsillo del pueblo trabajador a las arcas de los grandes empresarios.

Ni Menem lo hizo

Como mostraron los “diálogos” en Casa Rosada, los partidos tradicionales están dispuestos a acompañar el ajuste por decreto, ofreciendo “gobernabilidad” y aceptando que el Congreso esté cerrado hasta marzo.

Esto no quita, como bien lo explicó ayer el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, que critiquen los “excesos”, como el inédito nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, mecanismo que había sido utilizado por última vez por Bartolomé Mitre en el siglo XIX. A eso llama Macri un partido de gestión “moderno”.

Los “excesos” y errores del macrismo, y el descontento popular frente al ajuste, serán en los próximos días y meses origen de nuevas crisis.

Cristina y Scioli: silencio cómplice con los decretos

De quienes no se sabe nada por estas horas es del ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y de la ex presidenta Cristina Fernández. Una de las últimas noticias que se supo del ex motonauta fue dada por el nuevo ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien dijo que Scioli aceptó acompañar a Macri en giras internacionales para buscar inversiones. Después de una intensa campaña advirtiendo sobre el ajuste que aplicaría Macri en caso de ganar, no se están escuchando de parte de los dos referentes del Frente para la Victoria cuestionamientos a la construcción del nuevo régimen macrista por decreto.

La izquierda es la única oposición consecuente

Sólo la izquierda es una oposición consecuente ante el nuevo gobierno. El Frente de Izquierda es la única coalición que no avaló al gobierno del “dedazo” dialogando en Casa Rosada, ni le aporta funcionarios, ni promete “colaborar” con la gobernabilidad de quienes apuntan todos sus cañones contra las condiciones de vida del pueblo trabajador. Muy por el contrario, la izquierda impulsa las luchas contra el ajuste y llama a organizar y coordinar la resistencia.

Sobre los decretazos, Myriam Bregman declaró ayer que "nosotros siempre sostuvimos que a todos los jueces los debe elegir el pueblo con su voto. Pero lo que ha hecho Macri con las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz parece digno de un Gobierno de facto. Macri busca una Corte adicta para que le dé legalidad a toda la serie de decretos y resoluciones que ha firmado y firmará para imponer un brutal ajuste al pueblo y beneficiar a los grupos económicos concentrados".

Por su parte, Nicolás del Caño declaró que "Macri intenta aplicar el ajuste mediante decretos. Nosotros exigimos la apertura inmediata del Congreso para que se traten todos los decretos del Gobierno y se pongan a consideración los proyectos que hemos presentado para que la crisis no la paguen los trabajadores".