El hallazgo se produjo cuando un grupo de obreros realizaba tareas de remodelación en un baño. Se trata de documentación correspondiente a los movimientos propios de la comisaría durante la década de 1970 y principios de 1980.
Jueves 18 de febrero de 2016
A un mes de cumplirse 40 años del inicio de la dictadura sangrienta que terminó con una generación de luchadores en todo el país aparece, “por casualidad”, gran cantidad de documentación durante las tareas de remodelación del baño de una comisaría.
Libros de guardias, registro de detenidos, entrada y salida de presos, compra de insumos y actas entre otra documentación, es con lo que se toparon los obreros en la Comisaría Tercera de Santa Fe mientras realizaban tareas de refacción. Dichos archivos podrían aportar información nueva a las causas por delitos de lesa humanidad. Ayer tomaron conocimiento de lo ocurrido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia e interviene en el caso la fiscal provincial María Lucila Nuzzo.
En principio, el material iba a ser trasladado a la central de Asuntos Internos, previo paso del escribano de gobierno por la comisaría de barrio Candioti. Por otra parte, al mediodía de ayer iban a prestar declaración la arquitecta a cargo de la obra y el personal de obra.
Según declaraciones al programa de radio Aire de Santa Fe, Milagro Demiryi, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, dijo que en sus registros no tienen incluida a esa dependencia policial como centro clandestino de detención pero que, sin embargo, eso no significa que en el lugar no se hayan cometido delitos de lesa Humanidad.
La aparición de estos documentos podría aportar a esclarecer las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. En la provincia de santa Fe los juicios por delitos de lesa humanidad llevan un largo recorrido, plagado de trabas y encubrimientos por parte de la justicia y el poder político, y sin que se hayan abierto ni hecho públicos nunca todos los archivos de la dictadura. Esto, a pesar de la tenaz exigencia de justicia de familiares, víctimas y organismos de derechos humanos a los estados nacional y provincial.
Esta vez,un hecho fortuito muestra una verdad enorme. Existe desde el estado nacional y provincial una defensa de la impunidad. Los archivos de dictadura permanecen cerrados, las victimas y familiares son las que tienen que presentar la evidencia exponiendo su seguridad y su vida, como fue el caso de Silvia Suppo. O las pruebas deben aparecer de forma fortuita.
¿Cuántos otros documentos como estos habrá escondidos? ¿Cuántos otros no saldrán a la luz para proteger a ciertos sectores del poder?
A tan solo un mes de cumplirse un nuevo aniversario del último genocidio, el peso de estas preguntas se hace enorme. Y demuestra, una vez más, que el gigantesco entramado de impunidad de las fuerzas de seguridad, la Iglesia y todos aquellos militares y civiles que participaron y se beneficiaron con el golpe, continúa en pie.
