La Fiscalía Oriente, entregó al Consejo de Defensa del Estado diversos chats de Luis Hermosilla con altos funcionarios públicos desde el 2017 al 2013, los cuales involucran posibles delitos en muchas regiones del país.
Domingo 8 de diciembre de 2024
La Fiscalía Oriente realizó una entrega masiva de conversaciones de WhatsApp del abogado penalista Luis Hermosilla al Consejo de Defensa del Estado (CDE), en respuesta a su solicitud para investigar posibles ilícitos de funcionarios públicos. Según el medio CIPER Chile, los mensajes abarcan interacciones entre Hermosilla y cerca de 100 contactos, entre 2017 y 2023, aunque no todos los contenidos son delictivos.
El material incluye comunicaciones con funcionarios públicos, como el exministro del Interior Andrés Chadwick, que datan hasta octubre de 2019, en el contexto del estallido social. Esta acción, coordinada por el fiscal Felipe Sepúlveda y el presidente del Comité Penal del CDE, Daniel Martorell, busca evaluar responsabilidades legales y refuerza la supervisión sobre vínculos entre el sector público y privado del acusado.
La profunda crisis en el sistema de justicia ha puesto en evidencia su carácter de clase: una justicia diseñada para proteger los intereses de los sectores más poderosos, mientras las cárceles se llenan de personas pobres. Resulta ingenuo pensar que este mismo sistema podría fiscalizarse a sí mismo, especialmente cuando los vínculos entre políticos y jueces, como quedó claro en el caso Hermosilla, revelan los intereses y el poder que operan tras bambalinas.
Estos hechos refuerzan que deben haber transformaciones en el sistema de justicia. Propuestas mínimas como la elección democrática de jueces, la reducción de sus exorbitantes salarios al nivel de un trabajador calificado, y la implementación de tribunales por jurados son pasos esenciales para romper con el carácter elitista de este sistema y avanzar hacia una justicia distinta. Claro está que sería imposible que la justicia de este Estado, que es un organismo de opresión de clase, se ponga al servicio de las grandes mayorías.
El material entregado en la investigación sobre Luis Hermosilla revela conexiones con figuras de alto perfil en el sistema judicial y político:
Manuel Guerra: Exfiscal regional Oriente, involucrado en la supervisión del cierre del Caso Penta y la salida de Santiago Valdés, excolaborador cercano de Sebastián Piñera.
Ángela Vivanco: Exministra de la Corte Suprema, investigada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de omisión de denuncia y cohecho. También están implicados su pareja, Gonzalo Migueles, y el fiscal de Aysén, Carlos Palma.
Antonio Ulloa: Juez de la Corte de Apelaciones de O’Higgins, bajo investigación por conversaciones con Hermosilla relacionadas con su nombramiento.
Mario Vargas: Abogado que intentó detener la entrega del material a través de una acción judicial, rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago en junio.
Estas indagatorias reflejan las profundas conexiones entre el poder judicial, figuras políticas y Luis Hermosilla,mostrando claramente cómo funciona el poder de los grandes capitalistas y sus operadores políticos en Chile.
