Cincuenta y ocho organizaciones sociales hondureñas realizaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) por la concentración de poder en la figura presidencial y el aumento de la represión.
Viernes 2 de marzo de 2018
La denuncia se efectuó en el marco del 167º Período de sesiones de la CIDH, que se realiza en Bogotá, Colombia, por parte de la Coalición contra la Impunidad de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Los organismos señalaron que a consecuencia de la concentración de poder, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la prohibición de la reelección presidencial, permitiendo de esta manera que Juan Orlando Hernández pueda volver a presentarse en las últimas elecciones.
Así ocurrió, a pesar de que “no existían condiciones adecuadas para garantizar el derecho a elegir y ser electo”, según señaló uno de los miembros de la Coalición. Además, los denunciantes resaltaron el excesivo incremento en la represión que enfrenta la población en Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre del 2017.
Y es que luego de los comicios ocurrió el estallido de la crisis electoral, con acusaciones de las fuerzas políticas opositoras de fraude electoral, lo que fue rechazado por el reelecto gobierno de Hernández que desde entonces es señalado por ordenar la represión de las Fuerzas Armadas.
Los cuerpos policiales y militares abusaron y cometieron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en respuesta a las expresiones de movilización y protesta que se efectuaron en distintas ciudades de Honduras. El gobierno de Hernández alega que su actuación se ha apegado a la ley para mantener la seguridad y la tranquilidad.
Los cargos de los denunciantes fueron presentados en presencia de representantes del Estado de Honduras. La parte peticionaria denunció el estado de represión y militarización ejercido contra la población hondureña durante los pasados meses, -aunque distintas organizaciones apuntan a señalar que esta situación ha ido escalando desde el golpe de Estado en 2009 que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya-.
Denunciaron también las duras respuestas contra los manifestantes a los que se reprime con gases lacrimógenos y químicos, uso de instrumentos militares no autorizados, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego, así como un constante hostigamiento y persecución a dirigentes y luchadores sociales.
Denunciaron también que el gobierno ha implementado otras prácticas para identificar y sancionar a personas opositoras, como allanamientos domiciliarios, registros indebidos, uso del derecho penal para criminalizar la protesta social, aumento de la presencia militar y policial en las zonas donde hay más opositores y hasta ejecuciones selectivas de personas que han participado en acciones de protesta.
Para demostrar a los comisionados de la CIDH las consecuencias de esta situación en el país centroamericano, se han presentado las cifras de la violencia, documentadas por las organizaciones, entre las que se señalan:
- 192 manifestaciones reprimidas
- 1.257 detenciones
- 1 persona detenida desaparecida
- 38 muertes de personas en el marco del conflicto
- 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes
- 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud
- 105 personas desplazadas por persecución política
- 5 periodistas agredidos
- 73 personas defensoras víctimas de amenazas
- 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva. Son consideradas como presos políticos.
También se ha podido escuchar el testimonio de un familiar de una víctima mortal, asesinada durante una manifestación.
Como expresión de esta denuncia, varias organizaciones sociales se movilizaron ante la sede de la ONU. Las autoridades y la policía local respondió -como ha sido durante los últimos meses- con gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes que exigen el cese de la represión.
Una vez más el gobierno de Juan Orlando Hernández demuestra el único diálogo que ha mantenido a rajatabla con la población: el que atenta contra la libre manifestación y ataque a los derechos más elementales. Signo de ello son las instituciones del régimen hondureño y las organizaciones internacionales como la OEA y la ONU que avalaron y se han encargado de legitimar el fraude electoral.
