Justicia. Horacio Meguira: “Hay una decisión de colapsar el fuero del trabajo”

¿Cuál es la situación de la Justicia del trabajo?

Desde su creación, cada vez que los sucesivos gobiernos boicotearon la Justicia del Trabajo, simultáneamente se pierden derechos. Así pasó en la dictadura militar y en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menen

El tiempo que dura una causa judicial para arribar a una sentencia hasta la designación de jueces idóneos o con una ideología acorde con el principio protectorio por parte del Consejo de la magistratura son algunas de las múltiples causales de la situación apocalíptica por la que atraviesa.

Actualmente la Justicia del trabajo está colapsada por varias razones: hay 80 juzgados de los cuales un tercio no tiene juez, por lo tanto hay mas de 30 juzgados que se maneja con jueces subrogantes que atienden dos juzgados simultáneamente.

La cantidad de causas que ingresan sobrepasa por mucho lo que los empleados pueden atender. Por eso en cámara hay 11500 causas esperando sorteo y no se sortean porque no hay forma de atenderlas. Una causa tarda hoy en promedio 4 años en primera instancia y depende de la Sala de la Cámara de Apelaciones pero en general tardan dos años o más en dictar sentencia definitiva. Pero si este estado continúa así los plazos pueden extenderse

Esto no sucede por casualidad. Es una decisión de los poderes públicos que tienen la responsabilidad de contralor de la eficacia dentro y fuera del Poder Judicial. Esto no sucede solo por negligencia, es una decisión del poder político; de este Gobierno y del Anterior. El deterioro fue paulatino y se remonta al 2010 aproximadamente. La responsabilidad es del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura pero también de la Corte Suprema de Justicia; hay una decisión de colapsar el fuero del trabajo. Es una decisión política que tiene impacto simbólico y no podemos disociarlo del momento político y social y por ende al incremento de los despidos y a la rebaja del salario real.

La falta de resolución de las controversias por sentencia, termina favoreciendo las negociaciones a la baja en las instancias previas. Las patronales, pagan un 30% o 40% del valor de su indemnización legal y un porcentaje menor aún en los accidentes de trabajo. Las ART rebajan sus costos abonando cifras irrisorias por incapacidades y eludiendo permanentemente calificar como accidente o enfermedad laboral, obligando en muchos casos a trabajadores que tienen incapacidades reales a continuar trabajando en las mismas condiciones en detrimento de su salud.

No es casual el discurso del Ministro de Trabajo que hace suyo el discurso de siempre de las Cámaras Patronales de reducción de la litigiosidad. Esto no es atacando desde las causas del litigio sino desde las consecuencias. Poniendo límites a la iniciación de reclamos y retrasando aún más su reparación. Más tarde o mas temprano volverá el discurso de la “industria del juicio” y del ataque a los abogados laboralistas.

Esta situación se traslada a la relación de trabajo porque facilita la reducción de los costos. El hecho de que no haya fallos correctivos o que marquen tendencia en las condiciones de trabajo, reduce el costo del trabajo. El empleador termina imponiendo su voluntad unilateral. El despido busca instalar el miedo entre los trabajadores, sin reinstalación ni reparación equitativa, agrava la situación en la búsqueda del abaratamiento del salario.

Este estado de la Justicia del Trabajo tiene responsables. Son la Corte, el Consejo de la magistratura, el silencio de la Cámara Nacional de Apelaciones que mantiene la facultad de superintendencia.

Hoy se debate el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Capital Federal. La declaración de los Jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo habla de su preocupación. La Asociación de Abogados Laboralistas que preside León Piasek y Luis Enrique Ramírez, pone el centro en la derechización pero ambos ocultan el colapso actual de la justicia del Trabajo que los tuvo y los tiene a ellos como protagonistas

¿Cómo ves los cambios en la Corte Suprema?

Las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no van a cambiar nada Ambos son asesores de empresarios, hombres del establishment. No creo que en materia de derecho social haya grandes progresos.

La etapa de los fallos sociales (“ATE”, “Madorran”, “Aquino”, “Viazzoti” y tantos otros) ha terminado; estamos en el comienzo de una etapa restrictiva de derechos y por ende la Corte se adecuará a los tiempos del ciclo que comienza a desarrollarse.

El fallo “Orellano” es un fallo a medida de ese cambio. Restringir la titularidad del derecho de huelga no es una adecuación doctrinaria, sino que es la puerta de entrada para avanzar sobre otros derechos

Esta situación puede generar una puja en el interior de la Corte para dirimir quien es portador del cambio, si el propio Lorenzetti o algunos de los recién incorporados. Una nueva composición para una nueva orientación de la “ideología” de la más alta expresión del Poder Judicial.

¿Cómo es hoy la relación entre la Justicia y el kirchnerismo?

Después de la rebelión del 2001 hubo un intento de mejorar la justicia, y no me cabe dudas que fue consecuencia del “que se vayan todos”. Ello se vio reflejado en el método para la designación de los jueces de la Corte, fue más abierto, más transparente y sometido a la opinión pública. Pero el proceso no continuó hacia los fueros ni las instancias inferiores, por el contrario, no hubo reformas estructurales en el sistema judicial.

Esto generó un doble discurso. Por una parte hubo sentencias con fuerte contenido social y sin embargo al momento de la ejecución la propia ineficacia del sistema la volvía inocua porque evitaba su cumplimiento. También hubo discursos muy progresistas pero que no llegaron a reflejarse en la influencia del poder judicial en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pié

Todo el debate que se esta ventilando en los medios convencionales sobre persecución de los miembros del gobierno saliente no es ni justicia ni persecución. Es un reactivo de los jueces para su permanencia y forma parte de un engranaje de inculpar para ocultar la actual política restrictiva de derechos que está llevando a cabo la actual conducción del Estado. Es un aspecto del ajuste y las políticas de austeridad. Los jueces se sienten liberados del control político. Actúan porque hay permiso para actuar. Pero no lo hacen como contralor del poder político. Pueden hacerlo (perseguir corrupción) hacia el pasado pero no hacia el presente.

Cuando Justicia es independiente la acción de la judicatura es simultánea a su tiempo. Lo que muestra esta situación es la continuidad de la influencia de otro sector de las clases dominantes sobre los jueces. En todo caso puede pasar que no haya intermediación política y que las influencias del poder económico se produzcan en forma más directa.