Crímenes de odio. Ideología de género y las cifras de la violencia

Desde la fundación del Estado argentino, las identidades sexuales y de género disidentes fueron consideradas parte de la contracara de la idea de Estado moderno. En su libro Médicos, maleantes y maricas (1995) Jorge Salessi [1] propone que uno de los textos fundadores del proyecto de Nación es “Facundo”, libro con el que Sarmiento en 1845 recrea la concepción de los países como cuerpos amenazados por enemigos invisibles: primero por las pestes y enfermedades endémicas, y luego por quienes se encuentran por fuera de lo que el sistema exige y desea: “El exterior amenazante, pero constitutivo de la ciudad nación, fue encarnado indistintamente por obreros urbanos, anarquistas, socialistas, prostitutas y homosexuales. De este modo, eran entendidos como amenaza para el orden en formación no solo los trabajadores organizados, sino también cualquier forma de vida que pusiera en cuestión el modelo familiar nuclear, conyugal, monogámico y heterosexual.” (1995:14)

A su vez, e igual que en el resto del mundo, “la psiquiatría y criminología se fueron acoplando a las instituciones y discursos estatales a fin de controlar y normalizar a los denominados invertidos sexuales (…) De los invertidos congénitos se ocuparía la medicina y de los invertidos por determinantes del ambiente, la policía.”(2017:45) La intervención de la medicina entonces habilitó el “…rol del enfermo en tanto categoría culturalmente disponible para los médicos y los sujetos con el fin de minimizar el carácter subversivo o amenazante para el orden social de la desviación.”(2017:73) [2]

Nada dista aquel discurso del que se vuelve en nuestros días como respuesta a las luchas de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ (sobre todo de los últimos años) y a las conquistas de las y los trabajadores en el desarrollo de la historia. Tal es la referencia de Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, a la homosexualidad como trastorno o enfermedad, como conducta autodestructiva que -casi como castigo- les expondría más que al resto de las personas al contagio de HIV.

Sin embargo, los resultados del Observatorio arrojan que lejos de tratarse de un problema causado por la orientación sexual o el género, la verdadera amenaza a las vidas de estas personas es la violencia estructural que padecen, ligada por lo general al deterioro de la salud a causa de no acceder -o acceder mal- a ese y otros derechos. En 2023 representó el 60,15% de los casos tomados por el Observatorio. El informe destaca que el 71% de los casos que terminaron en muertes fueron causadas por el Estado, de los cuales en el 11% los victimarios era personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones (y el 24% de las veces los crimenes se produjeron en comisarías y penales).

Considerando que se trató de gobiernos que -para el oficialismo actual- mantenían desde el Estado la promoción de las diversidades sexuales y de género, los números resultan al menos contradictorios, especialmente porque solo cuentan los casos que llegaron a los medios de comunicación o que fueron denunciados ante organizaciones y defensorías, por lo que las cifras reales son sin dudas mucho mayores.

Es que, sí, a pesar de la sanción de leyes conquistadas por las luchas de todo el colectivo, en una sociedad dividida en clases sociales -como decía Lenin- la igualdad ante la ley no implica la igualdad ante la vida.

A su vez, la mayoría de esas leyes que protegen y deberían garantizar el acceso a los derechos carecieron de presupuesto y resultan lejanas –hoy aún más- para muchas personas, en particular para las mujeres trans y travestis cuya expectativa de vida se mantiene en menos de la mitad de los años que el resto de la población. Una de las principales causas es el HIV-SIDA, cuya prevalencia entre mujeres trans es del 34%, mientras que para el promedio de la población es del 0,4. Pero la explicación no es la de Márquez sino la que dio el otrora Ministerio de Salud: “Este incumplimiento sistemático del derecho a la salud integral -caracterizado por la falta de acceso a chequeos médicos, tratamientos hormonales y de enfermedades- explica, en gran medida, los 40 años de vida con los que pagan las mujeres trans por su identidad.”

La ideología de género

Las conquistas de aquellos derechos plasmados en leyes, la organización, los espacios de reconocimiento y visibilidad, y el enorme apoyo social tras generaciones de lucha del feminismo, el movimiento de mujeres y todo el arco LGTBIQ+, junto a jóvenes, estudiantes y trabajadorxs, despabilaron a los sectores más reaccionarios y conservadores que comenzaron a reagruparse en una cruzada contra lo que llamaron “ideología de género”.

Esta consigna parte de considerar al género como ideología, entendiendo por "ideología" un equivalente de "falso". Así el género sería opuesto a una verdad o un fundamento naturalmente humano: el sexo basado en la genitalidad y la sexualidad exclusiva entre dos personas, varón/pene y mujer/vagina, dejando lo que no se ajuste a esa norma como ideas contrarias a la verdad, la biología y la moral religiosa. Y si los vemos dar unos pasitos más, agregan que también es contrario la determinación biológica de las mujeres de ser madres, para ellos, único fundamento de las prácticas sexuales.

Pérez y Torres [3] la definen como la promoción de un discurso que une lo religioso, con lo humano, lo natural y lo divino, mientras construye a sus antagonistas como falsos e interesados, y provee argumentos que justifican la homofobia y la misoginia bajo la objeción de conciencia, mientras invocan amenazas apocalípticas provenientes de la alianza entre feministas y movimiento LGTBIQ+, entre otros.

Los defensores de estas ideas existentes en todo el mundo, cobraron visibilidad en el país en 2018 frente al crecimiento de la Marea Verde durante el primer tratamiento en el Congreso (que resultó negativo) de la ley de interrupción legal de embarazos (ILE). Una vez rechazado el proyecto de ILE por la Cámara alta, redoblaron la apuesta poniendo en cuestión también la ESI (ley de educación sexual integral) aprobada muchos años antes -especialmente en el punto sobre la identidad de género y diversidad sexual-. Su consigna central fue “con mis hijos no te metas”, una campaña preexistente en otros países de la región, que en Argentina tomó forma partidaria para las elecciones de 2019 con el “Frente Nos”, de Gómez Centurión y Cynthia Hotton, aunque su agenda también era parte de sectores de los principales bloques.

La ILE fue aprobada en 2022, y en paralelo el gobierno que asumió en diciembre 2023 avanza cada vez que logra achicar (más) los ya magros presupuestos, cancela recursos, y promueve la violencia a través de discursos de odio hacia las mujeres y diversidades, como también a personas con discapacidad, trabajadoras y trabajadores pobres, ocupados y desocupados, creando contra todes DNUes y leyes ómnibus que buscan retroceder años luz los derechos conquistados con generaciones de lucha. Pero también en 2024 se seguirá escribiendo la historia, y como ya empieza a escucharse: a las "fuerzas del cielo" las enfrentaremos con la movilización en las calles.