La recaudación estimada según indican en oposición, recaudaría por un lado US$1.700 millones, con la propuesta del DC Ignacio Walker, y por la propuesta de Camila Vallejos entrarían unos US$5.000 a US$5.500 millones. Si bien la aplicación de reformas tributarias a los más adinerados es un hecho mundial, un problema a cuestionar también es ¿Quién decide el destino de estos fondos?
Jueves 22 de abril de 2021
El proyecto del impuesto a los super ricos avanzó en comisión de constitución de la cámara de diputados, con 7 votos a favor y 6 en contra. El proyecto hasta el momento tiene 3 ejes: un impuesto del 2,5% a las fortunas mayores a los 22 millones de dólares; un incremento en el gravamen de las empresas que tengan ingresos mayores a los 44 millones de dólares; por último la eliminación de algunas exenciones tributarias para este 2021 y 2022.
Así con estos 3 ejes, desde la oposición expresaron que con la iniciativa planteada por Ignacio Walker (DC), sobre el aumento del gravamen a las empresas, se podría recaudar unos US$900 millones y más la eliminación de exenciones tributarias, este podría alcanzar el monto de US$1700 millones.
Mientras que la iniciativa que plantea Camila Vallejos, de aplicar un impuesto del 2,5% a las fortunas mayores de US%22 millones, se recaudaría entre US$5000 a US$5.500 millones. Iniciativa que fue criticada por el oficialismo, puesto que consideran que este no recaudaría y es muy complejo de aplicar.
Además, la oposición presentó una indicación al proyecto a considerar que se votará la próxima semana, lo que resultó en que el proyecto del impuesto a los “súper ricos”, no estuviera en sala esta semana y se volviera a votar la semana entrante.
¿Quién decide el qué hacer con los fondos?
Esta recaudación de fondos mediante un impuesto a los “súper ricos”, que además es un tema a nivel internacional, considerando las intervenciones del secretario general de la ONU, e incluso el Presidente de Estados Unidos Joe Biden, anunció una reforma tributaria a las riquezas más grandes. Pero otro punto importante es quién decidirá sobre dónde utilizar estos fondos.
En esa línea, cabe recordar cómo se han utilizado los fondos del Estado en plena crisis sanitaria, donde se ha priorizado el financiamiento y la entrega de bonos a Carabineros y FF.AA, mientras a los trabajadores de salud se les entregó un “bono Covid” único que no alcanza para suplir los bajos salarios, que son algo estructural del modelo, que ahora además viene saturando a los trabajadores con sobrecarga laboral.
A esto se agregan casos de sobrepagos como el que realizó el Gobierno por las cajas con alimentos que iban en ayuda a los más necesitados por el azote económico de la pandemia, que fue en beneficio directo de los empresarios, o los más de 200 millones que han ganado los hijos de Piñera por medio de contratos de asesorías con el Gobierno lo que deja planteada la necesidad de crear organismos donde los trabajadores decidan el destino del dinero estatal para garantizar que realmente se resuelvan estas necesidades básicas que parecieran ser invisibles y ajenas a Piñera y sus ministros.
Así, es clave la importancia de la organización de los trabajadores, que potencialmente puede acabar con los abusos de los partidos de los 30 años así como con el saqueo y explotación empresarial en beneficio de unos pocos para satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría.