Tras el estallido social se mantiene la impunidad a los agentes del Estado que cometieron múltiples violaciones a los DDHH. Hasta el día de hoy 64 han sido formalizados de forma paupérrima, de los 466 acusados, mientras 3.000 son denunciadas por el Gobierno, hay 2.500 presos políticos, muertos y miles de personas violentadas.
Viernes 17 de julio de 2020
466 agentes del Estado fueron denunciados por "presuntas vulneraciones" a los Derechos Humanos contra civiles, en medio del estallido social, esto según cifras del Ministerio Público. En contraposición a este bajísimo número- en relación a las miles de denuncias por violencia, casos de torturas, violaciones, asesinatos, mutilaciones- son 3.000 las personas acusadas por el Gobierno.
De los denunciados, carabineros mantiene 419 de los casos, le sigue la Policía de Investigaciones con 30 casos, mientras que 11 corresponden a miembros del Ejército, cuatro a la Armada y dos de otras instituciones.
Según información de Ciper, solo 64 han sido formalizados hasta el día de hoy. Ante esto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, argumenta “que estas indagaciones son complejas, porque son diversos los medios de prueba para seleccionar”. Este argumento demuestra la impunidad total que la ley tiene con las instituciones represivas en Chile.
¿Qué otro argumento se necesita para formalizar a los cientos de represores, a quienes asesinaron, a los torturadores de las personas que salieron a manifestarse durante la rebelión? Los 64 agentes del Estado que han sido formalizados son una cifra irrisoria en relación a la cantidad de crímenes que se generaron en el estallido social, donde según datos de febrero del INDH hubo 3.765 manifestantes que resultaron con lesiones, 445 de ellos por lesión ocular- 30 perdieron su visión ocular-, hubo decenas de denuncias de violencia sexual, torturas, y no olvidemos los más de 40 asesinatos.
La impunidad en el Chile heredado de la dictadura es tal que los asesinos, violentadores y torturadores siguen libres e impunes, y cuando son "formalizados" reciben condenas que son una burla, como "darlos de baja", concederles la libertad condicional con firma mensual, o mantenerlos en cárceles de lujo por un tiempo menor.
Mientras para los sectores más empobrecidos les establecen mayores penas, van a las cárceles comunes, como así lo reflejan los 2500 presos políticos de la revuelta, donde la mayoría son jóvenes, y quienes llevan privados de libertad durante meses. Los asesinos están libres y quienes salieron a luchar por mejores condiciones de vida y contra la represión, están en la cárcel. Sumado a esto, el gobierno criminal de Piñera avanza con su agenda represiva, con querer darles más atribuciones a las FFAA, e incluso ha aplicado la Ley Seguridad del Estado, como fue el caso de Dauno Tótoro y tantos más.
No más persecución política, juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de las violaciones de los derechos humanos, no más impunidad. ¡Libertad para todos los presos políticos de la revuelta social que se manifestaron contra el gobierno asesino de Piñera!
