REPRESIÓN POLICIAL EN LA UNJU. Imputan y ordenan arrestar a los policías que reprimieron en la UNJu

En horas de la tarde de ayer, Aldo Lozano, Fiscal de Investigación Nº 4, ordenó el arresto para los efectivos policiales y del departamento contravencional que ingresaron a la Facultad de Ciencias Agrarias de manera ilegal y detuvieron a estudiantes que participaban de una actividad social. Además imputaron a los jefes de la Policía Provincial que habían sido previamente separados: los Comisarios Generales Aldo Soles y Natalio Ruiz.

Se les imputa el delito de “Allanamiento ilegal, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada por apremios ilegales y vejaciones, prolongación indebida de la libertad”.

Mediante esta acción el gobierno de Gerardo Morales busca mostrar que da una respuesta “contundente”, ante el repudio generalizado y el escándalo nacional que causó la represión de los estudiantes, en el interior de una de las facultades de Universidad Nacional.

Esto se da en el marco de los escándalos vinculados a la corrupción dentro del gobierno provincial que están saliendo a la luz, donde uno de sus funcionarios más cercanos, García Goyena, secretario de “Comunicación y Gobierno Abierto”, fue recientemente “desvinculado” de su puesto, tras ser sorprendido presionando a medios de comunicación que no acataran la voluntad del ejecutivo provincial.

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Es una crisis importante para el Gobierno ya que estamos hablando de un histórico miembro del radicalismo jujeño. Con estas medidas, es el mismo Gerardo Morales el que confirma la existencia de un régimen policiaco en Jujuy, situación denunciada, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llevó a los pronunciamientos de la ONU y la OEA en su momento por la detención ilegal de Milagro Sala. Y luego con las denuncias de los organismos de derechos humanos y los sindicatos por los ataques del gobierno y la Justicia local.

El pedido de arresto y la imputación a los policías implicados en la represión en la Facultad de Ciencias Agrarias, es una muestra del peso social del estudiantado y la universidad como institución, ya que obligó al gobierno retractarse, por primera vez desde que asumió, de su accionar represivo. Pero mientras se mantenga vigente el Código Contravencional en la Provincia, la policía sigue habilitada a seguir reprimiendo a los jóvenes, a los trabajadores y al pueblo pobre en las calles y en los barrios de manera impune. Morales se ve obligado a dar marcha atrás ante la represión en la UNJu, pero para preservar su plan de conjunto de constituir un régimen policíaco y así hacer pasar el ajuste contra el pueblo trabajador.

Por eso el importante peso social del estudiantado puesto en evidencia ante el enorme repudio por el ataque a estudiantes que participaban de un festejo, muestra la potencialidad de un movimiento estudiantil organizado como sujeto político, desde sus Centros y Federaciones estudiantiles y aliado al movimiento obrero, para hacer frente y derrotar los planes de ajuste y represión de Macri, los gobernadores como Morales y Alicia Kirchner y los partidos patronales. Ese es el desafío que se plantea la Juventud del PTS y el Frente de Izquierda.