En un segundo juicio, Alejandro Carvajal, de 19 años; fue declarado culpable por el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, a pocos días de que dejaron en libertad al carabinero responsable del asesinato de Francisco Martínez.
Sábado 20 de febrero de 2021
Fue una sentencia que sorprendió poco; dada la sostenida política de persecución de la pobreza y la protesta social que ha demostrado sostener el estado de Chile. Se determinaron 5 años y un día. Sentencia que, según el fiscal Manuel Guerra, “se condice con la gravedad del hecho ocurrido”. Poco importó que las únicas pruebas hayan venido del relato de un carabinero, miembro de una institución que ha perdido cualquier atisbo de legitimidad.
Carvajal ya había sido condenado por la quema del inmueble en septiembre del 2020. En esa ocasión, la sentencia fue de 3 años y un día de presidio, que debía ser cumplido bajo el régimen de libertad vigilada intensiva. Ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni la Universidad Pedro de Valdivia se mostraron satisfechos con esa sentencia; por lo que presentaron un recurso de nulidad que fue acogido y finalmente concedido. Por lo tanto, el juicio tuvo que repetirse, llevándonos a la condena dictada el día de ayer. El fiscal Guerra declaró que: "estamos muy satisfechos con el resultado obtenido, esto es relevante ya que significa una pena efectiva".
"Es una señal potente en el sentido de que este tipo de hechos son graves, merecen sanciones también proporcionalmente graves a lo ocurrido y desde esa perspectiva nosotros vamos a seguir en esta línea en los restantes juicios derivados de situaciones de violencia con ocasión del estallido social", terminó por añadir el fiscal.
Pareciera que las sanciones “proporcionalmente graves” solamente se aplican en caso de castigar situaciones de protesta social o de daños a inmuebles. No olvidemos que el carabinero responsable de asesinar al malabarista Francisco Martínez se encuentra en plena libertad. Ahí parece que la sentencia proporcional no aplica.
El carácter de este juicio sienta un inaceptable precedente para los procesos abiertos contra todos los presos políticos del estallido social, muchos de los cuales están en esa situación sin más pruebas que una declaración narrada de algún carabinero infiltrado en marchas; que además cuentan con un amplio aparataje legal que les permite castigar y criminalizar la protesta social, como la famosa ley antisaqueos votada incluso por diputados del FA.
