En lo que va de este año 2015 son ocho los incendios forestales que siguen activos en cinco regiones del país, revelando no sólo la inmensa destrucción que afecta al medio ambiente y a las cientos de familias que pierden sus hogares y bienes personales, sino que también refleja la alta precariedad laboral y de seguridad que aflige a bomberos y brigadistas que combate a los siniestros.
Por Ángela Gallardo Suárez
Martes 27 de enero de 2015
Este 2015 inicia con la lamentable y repetitiva realidad de los incendios forestales que afectan, brutalmente, a diferentes regiones del país. En casi un mes del nuevo año, ya van por lo menos ocho incendios que están atacando a cinco regiones, según los últimos datos entregados por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).
Los siniestros se han esparcido por las regiones Metropolitana, de O’Higgins, el Maule, Biobío y La Araucanía, afectando una superficie total de más de 16 mil hectáreas de vegetación. A lo que se suman otros 24 incendios que han sido controlados, en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Donde más dañinos han estado los incendios forestales es la región de El Maule, principalmente en las localidades de San Javier, Pencahue y Constitución, donde incluso la segunda de estas se encuentra con “alerta roja”, debido a la complejidad de la situación y a lo rápido que ha avanzado el fuego; poniendo en riesgo a los habitantes del lugar y a sus viviendas. Esto ha provocado que el Estado pida ayuda a Argentina, para así poder apalear las inmensas debilidades que existen en la cantidad de contingente, recursos y materiales para incendio, precariedad laboral, etc.
Esta situación hace recordar con impotencia a los incendios que padeció la región de Valparaíso en abril del 2014, dejando a miles de personas en la calle, sin hogar, sin sus bienes, hasta el día de hoy; poniendo en el tapete nuevamente el importante déficit que tiene Chile ante estos “embates de la naturaleza” que perfectamente podrían ser evitados y controlados, pero que, sin embargo, se convierten en la pesadilla de miles de familias trabajadoras y precarias del país.
El incendio de abril del año pasado y los actuales, son una bofetada para cada gobierno de turno que no termina haciéndose responsable de manera íntegra de una situación que es común en el país y que además afecta directamente a los sectores más precarizados, a las familias trabajadoras y barrios populares. Bien claro quedó con la situación de Valparaíso, donde no sólo se vieron expresadas las enormes falencias materiales y de recursos para hacerle frente a estos incendios; sino que también la frágil realidad de miles de personas que habitan en viviendas precarias, construidas por ellos mismos, sin ayuda del Estado, y hechas con materiales débiles y de bajo costo que obviamente serán más propensos a que se incendien y a que se propague el fuego con mayor rapidez. O sea, aquí el Estado y los gobiernos de turno están fallando irresponsablemente en dos aspectos: en que no se hacen cargo de llevar adelante políticas de viviendas, dignas, buenas, de calidad; tampoco invierten recursos en materiales necesarios para contrarrestar incendios (no por nada para los incendios en Valparaíso las personas alegaban la falta de carros de bomberos, lo tardío de la ayuda, la falta de agua, entre otros elementos más que necesarios), y menos en mantener a los trabajadores que combaten los siniestros, bajo condiciones laborales como corresponde.
Otra deuda pendiente más del Estado de Chile ante los sectores más precarizados y vulnerables
Dinero y recursos materiales en el país hay de sobra. No por nada los parlamentarios se suben $500 mil, teniendo en cuenta que ya ganan un sueldo millonario, no por nada el Estado y bancos destinan miles de millones para realizar campañas electorales, como si estas fuesen cosa de “vida o muerte”; pero para la educación, salud, viviendas, alimentación, salarios, y recursos, por ejemplo, para enfrentar incendios forestales, “no hay dinero”, “hacemos todo lo posible”.
Es tan simple. Las cientos de familias de Valparaíso aún viven en la calle, o en “viviendas” construidas por ellos mismos o en las conocidas “mediaguas” que al Estado tanto le gusta entregar. Todavía hay cientos de personas afectadas por el terremoto del 27F sin sus viviendas reconstruidas, sin los bienes que tenían antes, viviendo en la precariedad. ¿Por qué los gobiernos de turno no se hacen cargo de los ya conocidos incendios forestales? ¿Qué sucede con las condiciones laborales de los trabajadores que arriesgan su vida para combatir los siniestros?
Los recursos destinados para combatir estas “tragedias de la naturaleza” están muy por debajo de los que tienen países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), como Portugal, Australia o Estados Unidos; donde en el segundo de estos países nombrados, los bomberos ganan un sueldo aproximado de $2.035.000, en EE.UU cerca de $1.300.000, y en Portugal poco más de $400.000. En Chile, los trabajadores que se dedican a combatir incendios son contratados entre octubre y marzo, parten ganando $237 mil mensuales, y deben hacer horas extras para poder aspirar a unos miserables $345 mil.
Además de la precariedad laboral de los trabajadores, los bajos sueldos, y pésimas condiciones; otro punto crítico son los deficientes recursos materiales que existen para combatir los incendios. El director de Conaf, Eduardo Vial, planteó que la institución tiene 1.538 brigadistas, más 70 observadores en torres. “Sumando a los bomberos y el personal del Ejército, hay unas 4.500 personas disponibles en todo el país para combatir los incendios desde la Región de Coquimbo hasta Magallanes (49 millones de hectáreas)”. “Para el resto del país, sólo se traslada gente si hay emergencias, pero no hay vigilancia”. Cabe mencionar también las sucesivas muertes de brigadistas en incendios forestales, las cuales tienen directa relación con la falta de implementos, materiales de mejor calidad para resistir el fuego, y la falta de contingente para hacerle frente a los siniestros.
Difícilmente esta despreocupación por parte del Estado y los gobiernos, pasaría si se tratase de sectores acomodados de la sociedad. La cruda realidad demuestra que son las personas más pobres las que deben pagar estas “consecuencias de la naturaleza”, que quizás muchas veces no se pueden evitar; lo que no quita que sí se puede impedir la posterior catástrofe social que hemos visto tras estos sucesivos incendios forestales, terremotos, temblores, maremotos, y otras reacciones naturales que si el Estado se hiciera cargo no deberían porqué ser un martirio para las familias de la clase trabajadora y sectores más precarios de la sociedad.
