El proyecto de Indulto General a los presos políticos de la rebelión se encuentra listo para ser discutido en la sala del Senado, donde 43 personas definirán el destino de cientos de jóvenes que se encuentran en la cárcel por luchar. Aunque los partidos de los 30 años apoyaran el proyecto, la constitución pinochetista impone que al menos un senador de la derecha también vote a favor.
Jueves 19 de agosto de 2021
Actualmente el proyecto de ley de indulto general se encuentra en el final de su primer trámite: con la demorosa aprobación por parte de tres comisiones a lo largo de siete meses, ahora le toca a la sala del Senado aprobar el proyecto en General, con la posibilidad de modificar sus artículos, extendiendo todavía más la tramitación y, como ya pasó con el aborto en tres causales, hacerlo digerible para los sectores conservadores (dándole más peso a la decisión de los jueces, dejando causas fuera, etc).
Justificándose en la legalidad de las “atribuciones”, defendiendo el Acuerdo por la Paz, el Frente Amplio y el Partido Comunista, sumado a la Lista del Pueblo, se negaron a que la Convención Constitucional declarase la libertad de quienes le pusieron el cuerpo a la represión desatada por el Gobierno durante la rebelión de 2019 y que hoy se encuentran presos en las distintas cárceles del país.
Así, ya vamos para los dos meses desde que comenzó el proceso constituyente y la única referencia a la prisión política fue una declaración de buenas intenciones de la CC pidiéndole al Gobierno que le pusiera urgencia al proyecto para que se apruebe en el corrupto parlamento.
Recordemos que sectores de la Lista del Pueblo, surgida por la esperanza de amplios sectores en que una bancada independiente contrapesara el control de los partidos neoliberales de los 30 años, formaron la plataforma de Vocería de los Pueblos y aseguraron que no avanzarían en las labores constituyentes mientras hubiera prisión política. De eso, claramente, ya no queda más que un lindo recuerdo.
La única vía que proponen los partidos integrados al régimen y, por tanto, la vía que las familias de presas y presos políticos están peleando para liberar a sus hijos e hijas es pedirle al deslegitimado parlamento que legisle el Indulto General.
Indulto General ¡ahora!, y el derecho a la autodefensa
Ante la negativa de la derecha de reconocer que existe prisión política, los partidos de centro e izquierda reformista propusieron una salida política “intermedia”: en el marco de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, reconocer el derecho a la autodefensa del pueblo trabajador.
Por eso el Indulto general declara que acciones como la instalación de barricadas, lanzamiento de objetos contundentes o la sublevación contra el gobierno, aunque sean delitos, al ser “obligatorias” por las condiciones de represión desatada contra la protesta, el Estado no debe perseguirlas. En otros términos, no se borra la pena, sino que se perdona el delito, por lo cual se borrarían cualquier tipo de antecedente derivado de los procesos actualmente en curso (art. 6).
Por todo esto, estar en contra de un proyecto tal sería una muestra de una insensibilidad política inaceptable para cualquiera que defienda la rebelión. Sin embargo, al contrario que la izquierda amarilla del Frente Amplio junto al Partido Comunista, cualquier apoyo al Indulto debe reconocer que éste no es producto de la buena voluntad del Congreso, ni de la especial preocupación de los partidos tradicionales en defender los derechos de quienes protestan.
Por un lado está la derecha, cerrada a cualquier cosa que pueda significar reconocer el derecho a la protesta contra sus intereses (la rebelión fue contra su gobierno y contra las jugosas ganancias que han generado el sector que ellos representan, los empresarios), por lo que han rechazado sistemáticamente el proyecto en todas sus instancias.
Por el otro, tenemos a Unidad Consituyente (la Concertación “renovada”) que conciben el indulto como un paso necesario para lograr la “paz social”, como una oportunidad de mostrarse como defensores de la “gobernabilidad” de cara a las elecciones presidenciales y a la instalación de una nueva constitución, es decir, como el maquillaje perfecto para mostrarse como amigos del pueblo y administradores eficientes del negociado de los empresarios dueños del país.
Finalmente se encuentra Apruebo Dignidad (PC + FA y otros partidos más pequeños), especialistas en recomponer la confianza en las instituciones heredadas de la dictadura, hoy en estado terminal, aunque esto signifique fortalecer la posición de la derecha como costo de los acuerdos, es por esto que dicen que “siempre han apoyado la libertad de los presos” y “las demandas de la rebelión”, pero ponen como única alternativa posible la vía de las instituciones como el parlamento.
Cuando esos mismos partidos y organizaciones se encuentran a la cabeza de los principales espacios de organización históricos, construidos a pulso durante años con plataformas comunicacionales y capacidad de presupuesto, como la CUT, las Federaciones Universitarias y los colegios profesionales, el problema central no está en si se necesitan más o menos votos para aprobar una ley.
El problema está en cómo creamos una fuerza que conquiste esa ley: podemos seguir el camino de siempre, cediendo algún punto que el Senado estime irrelevante para ganar votos de la derecha o articulando una fuerza social que se exprese activamente en la calle.
Con los organismos a la cabeza, una movilización así no sería un acto espontáneo de presión, sino un acto organizado, consciente y deliberado de intervenir en la política, es decir, una dinámica democrática superior a la representatividad.
Así, en la voz de Ignacio Latorre, Senador del FA por Revolución Democrática, señaló que estaría dispuesto a indultar Carabineros con tal de ganarse los votos de la derecha necesarios para aprobar el Indulto, debido a que las normas constitucionales dicen que parte del proyecto necesita 25 votos, de los que la oposición completa tiene 24, sumando el voto independiente.
La moneda de cambio que nos ofrecen por la libertad de los presos es indultar policías que estén siendo procesados o investigados por delitos que no sean de lesa humanidad, pero que estén dentro del periodo.
Ninguna confianza en el Senado: ¡Paro Nacional y movilización! ¡El Indulto se gana en la calle!
Desde la agrupación anticapitalista Vencer hemos estado desde el inicio acompañando a los familiares de las y los presos políticos en su incansable lucha por que salgan en libertad sus seres queridos, por lo que creemos totalmente justo que se indulte a todas y todos los presos políticos de todo Chile, a todos los detenidos en cualquier contexto de movilización o protesta en contra de este sistema.
Sin embargo no creemos que sea por maniobras en el parlamento y acuerdos con la derecha en el Senado, que se gane el indulto a las y los compañeros presos por luchar, sino que es mediante la movilización, siguiendo el camino que abrió la misma rebelión, camino que fue desviado a una convención constituyente tramposa en la que no se podrán resolver problemáticas como la nacionalización de los recursos naturales, el problema de la salud, la educación y las pensiones; y en la que ni siquiera se pudo liberar a las y los presos.
Y con el camino de la movilización, nos referimos al que se tomó el 12 de noviembre en el Paro Nacional que puso en jaque al gobierno de Piñera y que incluso políticos como Guillier o el paco Desbordes asumieron que si se seguía esa manera de luchar, se podía derrotar al gobierno.
Sin embargo, un Paro Nacional de esa envergadura no se convoca ni organiza solo, es necesario que los organismos de trabajadores como la CUT, llamen y organicen este paro con asambleas de base en todos los lugares de trabajo para liberar a las y los presos, de los que pudimos ser parte cualquiera de los millones que salimos a luchar durante la rebelión. O siguiendo el ejemplo de la Unión Portuaria, que gracias a que paralizaron gran parte de los puertos se pudo conseguir la demanda del retiro del 10% de las AFP.
Asimismo, es necesaria la unidad con las y los estudiantes, por lo que también la Confech, o la Federación de la Universidad de Chile o la Usach (donde estamos impulsando Comités de Movilizados junto a estudiantes de base como espacio para pelear por la libertad de las y los presos) deben organizar asambleas de bases donde los y las estudiantes discutamos un plan de lucha para organizarnos y ser un factor en esta demanda tan importante.
