Macri apuntó contra la “mafia de los juicios laborales”. La verdadera mafia es el acuerdo de empresas, Estado y burócratas sindicales para profundizar la precarización del trabajo.
Esteban Mercatante @EMercatante
Miércoles 14 de junio de 2017
El presidente Mauricio Macri se refirió este martes a la “mafia de los juicios laborales”, que sería una de las principales lacras que afectan a las empresas y “destruye la generación de empleo futuro”.
El mandatario apuntó directamente contra el abogado laboralista y jefe del bloque de diputados del FPV Héctor Recalde. En su intervención dijo textualmente: “este grupo de estudios laboralistas, por suerte una minoría, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”.
En la lectura presidencial, habría entonces una colusión entre los magistrados y abogados laboralistas para perjudicar a las empresas convenciendo a trabajadores de iniciar juicios “indebidos”, que “hacen ganar porque tienen armadita la cosa”.
La consecuencia, según Macri, es que “dejan a ocho, diez o doce trabajadores en la calle porque la pyme cierra”. El presidente fue más allá, y llegó a culpar a esta “mafia” de habernos traído “a una Argentina con 30% de excluidos del sistema”.
Como era de esperar, recibió el apoyo entusiasta de empresarios y representantes de cámaras patronales como la Unión Industrial Argentina (UIA). En una nota publicada ayer en el diario Clarín, se consignaba la estimación de que en una pyme fabricante de calzado la “previsión de litigiosidad laboral” alcanzaba un monto tan alto como el costo de la energía.
Pero, ¿son las empresas las víctimas inocentes de una “mafia” como describe Mauricio Macri? Sobran las evidencias de que esto no es así.
En la industria del calzado, uno de los grandes “damnificados” por las demandas laborales, la AFIP detectó en 2014 que el empleo “en negro”, es decir no registrado, afectaba nada menos que al 69 % de los trabajadores del sector.
Esta imposición de la informalidad reportaba beneficios muy palpables para los patrones: pagaban gracias a ello un sueldo 60% menor al mínimo de convenio. En otros rubros como la industria textil el empleo en negro promedia el 60 %, mientras que en la construcción alcanza al 65 %.
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En su relato, el presidente invierte causas y consecuencias: según su argumento, la “exclusión” que afecta a un 30 % sería consecuencia de la “litigiosidad laboral”. Por el contrario, si se ha producido un notorio crecimiento de los juicios laborales, es porque aquello que lo motiva, que es la ilegalidad de las condiciones que imponen los patrones, no ha parado de aumentar.
Como mostramos en La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo, la informalidad laboral se estabilizó en niveles históricamente elevados, después de haber llegado en el tercer trimestre de 2003 a afectar al 50 % de los asalariados.
Aunque descendió de este nivel, el empleo en negro siguió afectando a más de un tercio de trabajadores: hoy llega a 34 %. En 1990 llegaba a 25,2 % (p. 133).
En realidad, con estas condiciones de precariedad, la “catarata” de juicios podría ser incluso mayor, si no fuera porque para muchos trabajadores el temor a las represalias los inhibe de recurrir al camino judicial.
Como afirman los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Carlos Platkowski y Vanesa Rodriguez, “son millones los trabajadores que no reclaman por las graves violaciones a sus derechos para no perder sus fuentes de trabajo”.
Señalan que quienes sí recurren a la justicia laboral “son aquellos que no solo fueron despedidos si no que tampoco recibieron la indemnización que la ley dispone. El otro motivo común por el cual se inician las demandas laborales son los accidentes de trabajo”.
Pero además, dejan en claro que la “mafia” que explica el crecimiento exponencial de las causas son las propias patronales y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Es que, “a sabiendas que deben otorgar una indemnización a un trabajador accidentado, deciden no pagarla y obligarlo a iniciar un juicio para obtener un derecho sobre el cual no existe ninguna duda. Por un lado el trabajador debe esperar entre tres y siete años para cobrar lo que le corresponde. Mientras tanto esa misma ART puede invertir ese dinero en su propio beneficio y, de paso, abarrotar a la Justicia Laboral, groseramente vaciada y con menos de la mitad del personal necesario para atender semejante cantidad de causas. Una vez colapsada la justicia laboral las ART y los empresarios declaman que hay muchos juicios. Luego, el presidente repite”.
Lágrimas de cocodrilo de los “Don Carlos”
Como suele ocurrir cuando se habla de condiciones de trabajo, las Pymes -esas que en un aviso de la AFIP quedaban encarnadas por el empresario explotador "Don Carlos" que pretendía que sus empleados lo aplaudieran cuando se decidía a formalizarlos para beneficiarse de un blanqueo- adoptan una postura de “victimización”. La “mafia” de la justicia afectaría más duramente a este grupo de firmas, sostienen, porque tienen menos espalda que las grandes para soportar los costos de los juicios.
Una nota sobre las declaraciones presidenciales aparecida ayer en Clarin indica que “las pymes generan un 51% del empleo en blanco en el país. Tienen el potencial de llevar trabajadores de la informalidad al empleo registrado”. Lo que olvida señalar es que este “potencial” surge del hecho de que el 80 % del empleo no registrado es generado por empresas de menos de 10 trabajadores. El empleo no registrado en PyME creció un 40 % durante el primer semestre de este año. Estos trabajadores reciben un salario que llega a ser si tienen suerte el 60 % del que perciben –también en promedio– los trabajadores registrados.
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No sorprende que así sea, ni que los representantes de las Pyme se escandalicen tanto ante las acciones judiciales que apuntan contra las condiciones laborales que reinan en estas firmas.
Estas tienen un 40 % menos de productividad que las grandes empresas. La existencia de esta “brecha productiva” fuerza a estos empresarios a degradar las condiciones de la fuerza de trabajo para tener rentabilidad. A la brecha productiva le hacen corresponder una brecha salarial no menos pronunciada, que en muchos casos se impone a través del empleo informal.
Por supuesto, esto no significa que las grandes empresas no contribuyan también con lo suyo al abarrotamiento de los juzgados laborales por incumplimiento de normativas en perjuicio de sus trabajadores. No se privan de imponer la informalidad laboral ni de incurrir en negligencias que conducen a accidentes laborales. Por supuesto, su mayor poder e influencia les ha permitido imponer cambios en la normativa laboral que se ajustan a sus requerimientos de contratar y despedir con menos costos; aún así, no dudan en incumplir las reglamentaciones cuando esto resulta ventajoso.
Malas intenciones
El ataque de Macri, nombrando con nombre y apellido a Recalde forma parte de la estrategia de polarización con el kirchnerismo que el gobierno viene alimentando hacia las elecciones.
Pero vuelve a mostrar, como lo hizo el acuerdo con los petroleros de explotaciones no convencionales que incluyó cláusulas de productividad y las iniciativas para emularlos en otras ramas, que el “reseteo” del país que proyecta Cambiemos conlleva un nuevo salto en la destrucción de derechos para los trabajadores, y un cambio acorde en la justicia laboral para reforzar el disciplinamiento de la clase trabajadora.
Es necesario enfrentar estas intenciones fortaleciendo un proyecto político que se le oponga de raíz como el que plantea el Frente de Izquierda, la única fuerza que lucha por la independencia política de los trabajadores.
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