El gremio, en voz de su representante, Anita Román, se opone decididamente a la ley, argumentando que la violencia obstétrica es cosa del pasado y que la responsabilidad es del Estado. Sin embargo, este miércoles entró el proyecto con apoyo de organizaciones civiles y académicas dedicadas al tema de la violencia que refieren las mujeres al momento de parir.
Sábado 23 de diciembre de 2017
El 2014, el Observatorio de Violencia Obstétrica de la Universidad de Santiago definió la misma como "la apropiación del cuerpo de la mujer durante el parto por parte del cuerpo médico", significando "que ella no decide, no se le hacen consultas sobre cómo desea vivir un proceso que es natural", en palabras de su director, quien además refiere que sólo durante el 2016 recibieron más de 100 denuncias de esta índole.
Por otra parte, el 23 de noviembre, la presidenta del Colegios de Matronas y Matrones declaraba en El Mercurio que “la violencia obstétrica no existe”, “que ese tipo de prácticas existieron hace 30 años atrás”, y que “estaría actualmente erradicada”, calificando a los grupos de la sociedad civil organizada que luchan por una ley de parto respetado, como “populistas y demagogos”.
La dirigenta gremial, ese mismo año, declaró a Diario y Radio Universidad de Chile que “me parece injusto que se diga que nosotras somos las culpables de la violencia obstétrica, cuando el gran culpable es el Estado de Chile”. A tal punto que la misma hizo lobby en marzo de este año con Lagos Weber (PPD) y Carolina Goic (DC), convenciéndolos de no presentar el proyecto maniobrando la situación con el apoyo del gremio a la Ley de Aborto en tres causales.
A pesar de esto, este 21 de diciembre se ingresó el proyecto de ley Parto Protegido (o Ley Trinidad, en recuerdo de la recién nacida fallecida por maltrato a su madre a punto de parir) que intenta modificar la ley de derechos y deberes de los pacientes. Esta permitiría reglar "que se informe cuáles son las alternativas para el manejo del dolor –farmacológico o no-, que puedan estar acompañadas en todo momento durante el trabajo de parto, que tengan el derecho a elegir la posición del parto, que sean informadas de los procedimientos y las intervenciones".
Finalmente, es clara la contradicción del gremio de matronas y matrones desconociendo la situación sufrida por las mismas mujeres , ocasionada por la indolencia, el machismo general de esta sociedad y las instituciones del Estado que son insuficientes para propiciar, tanto las condiciones laborales del personal de salud (y sus recursos) como el parto y el ciudado del recién nacido; que en última instancia son consecuencia de sus políticas públicas y las repercusiones en el trabajo de funcionarias y funcionarios que atienden a las mujeres en ese momento crucial. Quienes de alguna forma empiezan a tomar en sus manos la lucha en este campo relegado en el mundo de la política y la salud, en la lógica del estado capitalista y patriarcal que permea, incluso, a la hora de decidir cómo recibir a su hijo/a en este mundo de por sí hostil.