Un día antes del día de la mujer de 2024 la comunidad educativa de Antofagasta se entera del fallecimiento de la profesora Katherine Yoma debido a una larga trayectoria de violencia en su contra de parte de miembros de su comunidad escolar y amparada por los directivos de su escuela y de la corporación municipal. Este caso desató movilizaciones en la ciudad y se esparció la indignación en todo el territorio nacional ¿cómo está nuestra salud mental? ¿Por qué la institución educativa no logra detener el aumento de conflictos de convivencia escolar? ¿Cuál debería ser nuestra demanda como docentes?
Martes 19 de marzo
La violencia es principalmente contra la mujer docente, se desarrolla en espacios socio económicos bajos y en el sector público
El año 2023, cerca de 4 mil profesores participaron de la encuesta nacional docente sobre violencia escolar. Esta encuesta buscaba obtener una muestra de la realidad nacional acerca de este nuevo fenómeno en Chile. Más de la mitad reconoció haber vivido uno o más episodios de violencia dentro de su lugar de trabajo. Más de 2 mil sufrieron insultos, 128 amenazas presenciales. Siendo un universo tan pequeño llama la atención la gran cantidad de este tipo de fenómenos. Son formas habituales de violencia escolar. El estudio arrojó además que el 70% de los casos denunciados se trata de mujeres profesoras.
Las mujeres son el género con mayor exposición a situaciones de violencia en absolutamente todas las categorías de violencia. Si bien las situaciones de violencia se dan en docentes de todas las edades, un sector entre los 40 y los 59 años es el que más violencia recibe. El 92% de estas situaciones han sido reconocidas dentro de establecimientos públicos (ya sea municipales o Servicio Local). Este estudio también aclaró que la violencia es mayoritaria en sectores socioeconómicos bajos: de 4 mil casos apenas 24 casos pertenecen a establecimientos cuyo nivel socioeconómico es alto. Y quienes agreden son principalmente estudiantes, luego apoderados y en menor medida las jefaturas y/o colegas de trabajo. El estudio también analizó que la opinión de los docentes en primera instancia es positiva pero los segundos y terceros comentarios demostraban situaciones emocionales negativas. Hay una capa de malestar subyacente al optimismo.
“En conclusión, las experiencias de violencia asociadas a la muestra afectan principalmente a mujeres y ocurren principalmente en niveles socioeconómicos percibidos como bajos, dentro del sistema municipalizado. Los sistemas privados o semiprivados se asocian mayoritariamente con altas asimetrías de poder (dentro de la escala) y percepciones negativas moderadas”.
Otro dato interesante, y que hace a la cuestión sistémica, es la percepción sobre la comunidad educativo y el tipo de relaciones que se dan dentro de los estamentos docentes. La percepción sobre la comunidad educativa es eminentemente negativa, el docente no ve con buenos ojos cómo funciona su comunidad (aun cuando la visión del docente no es completamente negativa), y a la vez percibe que las relaciones laborales y entre la comunidad son asimétricas, es decir un miembro o varios tiene la autoridad sobre los otros y esta relación se percibe como nociva. Estas dos variables han aumentado respecto a estudios anteriores según el análisis que realizó la Universidad de Chile.
La educación se plantea ha cambiado, por un lado han aumentado las exigencias sociales sobre los profesores y la educación. Las familias exigen su derecho a la inclusión escolar y al desarrollo completo de sus estudiantes y a la vez los establecimientos han aumentado su rol de sostenedor social de infancias y adolescencias vulneradas en sus derechos. Y debido a los cambios producidos en la sociedad la estructura educacional se ha mantenido anacrónica, sin aumento de fondos y estancada. Esto se refleja por ejemplo en la falta de vacancia para 3 mil estudiantes en marzo de 2024, déficit que sólo se podría solucionar si se construyeran 300 escuelas, según los dichos del Ministro Cataldo en la prensa. Este contexto es caldo de cultivo para que sigan proliferando casos de violencia, acoso y maltrato. Año a año aumentan las denuncias por actos nocivos producidos dentro y fuera de los establecimientos afectando a trabajadores, estudiantes y apoderados por igual.
¿Cómo está la salud mental de los docentes?
La pandemia, y la pospandemia, arrojó datos terribles en cuanto a salud mental docente. En otra encuesta del Colegio de Profesores se dice que en educación remota un 77% de docentes reportó sentirse estresado, 49% frustrado, 41% angustiado, 31% impotente y 27% inseguro. Estos datos correspondían a 2021 y se creía que eran indicadores extraordinarios debido a la situación de educación remota y la pérdida de la presencialidad. Sin embargo, estos niveles emocionales llegaron para quedarse. CIPER en 2023 publicó “Agobio y salud laboral” mostró que aumentó el agobio docente a niveles superiores a 2019 y que esto se debe a que la tarea del docente se ha transformado y que las instituciones no y que estos espacios no cuentan con espacio para el trabajo colaborativo. “Continúa la misma estructura laboral pre pandemia (muchas horas en sala, poco tiempo para planificar y decidir sobre las prioridades de las comunidades educativas), y a ello se suma el temor de los equipos directivos y docentes a las pruebas estandarizadas”
https://www.ciperchile.cl/2023/06/12/agobio-y-salud-laboral-trabajadores-de-la-educacion/
Sólo en la región metropolitana las licencias médicas aumentaron un 200% en profesores. Y este efecto emocional no sólo afecta a los docentes. Los estudiantes sufren desánimo (62%), ansiedad, irritabilidad y estrés. Emociones que pueden derivar en situaciones de violencia.
El estudio de CIPER continúa diciendo que lo que más afecta a las trabajadores de la educación son las exigencias psicológicas, el apoyo social en la organización, la calidad o el estilo de liderazgo, y el tener que compatibilizar trabajo y familia. Evidentemente esta doble presencia entre lo doméstico y lo laboral afecta en mayor medida a las mujeres. Si a esto se suman estudios hechos por el propio MINEDUC los factores emocionales de riesgo se relacionan con: una carga de trabajo excesiva, demandas contradictorias de las jefaturas hacia sus trabajadores, falta de claridad sobre las funciones que se desempeñan, constantes problemas de comunicación, deficiente gestión de los cambios en la organización, una comunidad escolar fragmentada, relaciones interpersonales donde el respeto y los límites se han perdido, situaciones de acoso, agresión y violencia.
Pese a la enorme evidencia científica que demuestra la relación entre salud mental docente y calidad educacional, no hay cambios significativos en educación, el aseguramiento de la calidad ignora el bienestar de los trabajadores. Es más, las mayores exigencias como formas nuevas de acompañamiento del aprendizaje no implica integrar más especialistas o trabajadores, al contrario, se transforma en aumento de carga laboral hacia los mismos trabajadores ya agobiados: deteriorando el sentimiento de auto-eficiencia y satisfacción de hacer bien el trabajo.
Mientras no cambiemos nuestras condiciones es muy probable que tengamos que seguir enfrentando situaciones de violencia.
Las escuelas y liceos funcionan sin herramientas para abordar conflictos de convivencia escolar, con escasos profesionales entrenados en la materia. Personal docente y no docente totalmente agobiados y atochados.
La experiencia demuestra que las sanciones a estudiantes o sus apoderados aumentan la deserción escolar ampliando una nueva capa de personas desescolarizadas y con futuros inciertos (es el caso de Aula Segura), las sanciones además son reactivas (ocurren sobre los hechos ya consumados), aumenta el resentimiento de apoderados y estudiantes, reproduce la utópica idea de directivos supuestamente infalibles y sin conflictos de interés. La evidencia muestra que las sanciones son parte del propio sistema educacional actual que está haciendo aguas por todas partes. Es necesario una salida en favor de las comunidades, los estudiantes y los trabajadores de la educación.La conclusión pasa por transformar el sistema educacional.
Leyes que aumenten las sanciones o que aumenten las facultades de los actuales cuerpos directivos no es mejorar el servicio educacional. Mejorar la educación pasa por incrementar la infraestructura (hay 3000 niños sin clases porque no hay aulas, hay un déficit de 300 escuelas), aumentar la planta de trabajadores y profesionales de la educación impidiendo el despido fácil y la inestabilidad laboral. También es importante un trato digno para los estudiantes en su alimentación y materiales deportivos y pedagógicos dividiendo la atención en menos alumnos por sala, mayor participación de las comunidades en la gestión escolar, junto con reducir el agobio laboral con 50 y 50 horas lectivas y no lectivas, reducción de jornada máxima sin rebaja de sueldo. De lo que se trata es de respaldar a los docentes con recursos, medios y trabajo colaborativo.
Junto con esto no se puede seguir separando el quehacer educacional de los trabajadores y los apoderados. El paro de profesores y profesoras de Antofagasta junto con exigir la renuncia de las jefaturas responsables exigen la elección democrática de los cargos directivos. Es decir que sean los docentes, trabajadores de la educación y apoderados los que escojan a los cuerpos directivos para que estos dejen de ser cargos técnico-políticos designados por instancias de poder por fuera de la comunidad.
Mayor democratización en favor de los intereses sociales es el camino correcto para comenzar a reducir los índices penosos de violencia y devolver la dignidad tanto al que enseña como al que aprende. Incluso para situaciones de convivencia escolar en donde en muchos casos se requiere la existencia de Comisiones Independientes de los cuerpos directivos en donde los denunciantes o víctimas de situaciones violentas puedan encontrar amparo y seguridad.
