En los dispositivos penales juveniles cerrados de la Ciudad las prácticas del castigo y la violencia sobre los jóvenes son habituales.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Sábado 13 de enero de 2018 19:39
La guardia de seguridad, a la que los internos conocen como “empleados” mantiene la vieja costumbre de golpear a los jóvenes y enviarlos a la sección 5 , como dicen en la jerga a lo que no es otra cosa que una celda de castigo más conocido como “buzones” o “leoneras”, espacios totalmente cerrados que miden 2x2.
Así lo relata A., un joven de 16 años que estuvo detenido en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Gral. San Martín” ubicado a apenas cuatro cuadras de Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los golpes son recurrentes y se utilizan como método de disciplinamiento o bien como medida de sanción ante alguna falta cometida por los jóvenes privados de su libertad.
Es común que el “empleado” golpeé al joven en el pecho con su puño cerrado, o en la zona abdominal y, si producen lesiones evidentes, utilizan la amenaza para que el que ha recibido la golpiza invente una causa fortuita que las justifique.
El joven A., ingresó al San Martín en noviembre de 2017 por disposición judicial, acusado de un delito menor.
Allí estuvo un par de meses. Suficiente tiempo para conocer cómo opera la lógica punitiva del Estado.
Un Consejo que no puede controlarse a sí mismo
El Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene bajo su órbita la dirección de 4 institutos penales juveniles de privación de la libertad, donde se encuentran presos jóvenes menores de 18 años, infractores o presuntos infractores a la ley.
Estos dispositivos de encierro fueron transferidos a la Ciudad en 2016 mediante un decreto presidencial.
Ya por entonces los trabajadores, tanto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) como del Consejo, denunciaban que el objetivo de velar por los derechos humanos de los niños presos o bajo tutela judicial no podría ser cumplido dado que no se garantizaba un estricto control sobre el funcionamiento de los centros, bajo la órbita del Consejo ahora encargado de su propio control.
Con la impronta del Servicio Penitenciario
En esa transferencia entre Nación y Ciudad, que todavía no se ha resuelto para todos los trabajadores de la Sennaf (a quienes no se les respetaron sus derechos), fueron también traspasados los miembros de la guardia de seguridad.
Estos “empleados” de seguridad tienen condiciones de trabajo acordes al servicio penitenciario, mejores salarios y otros beneficios que fueron sí respetados en el traspaso.
Y tienen también la “formación” del servicio penitenciario, con todo lo que esto implica.
Las falacias del progresismo
La Ley 114, redactada con la mano del progresismo de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el pomposo título de Protección Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Ley Nº 2451 de Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad, tanto como las Reglas de Naciones Unidas para la protección de las personas menores de edad privadas de libertad, indican que las medidas de encierro que se ejecutan en los centros cerrados deben ser efectivamente un “último recurso”.
Aplicar golpes de puño y encerrar en celdas de castigo a los jóvenes más vulnerables y en primera instancia violar el derecho a la libertad del niño no parece ser una medida de “último recurso”, si no, una repudiable violación a los más elementales derechos humanos, que viene de muchas décadas atrás y que se acrecienta bajo el espíritu reaccionario del gobierno de Larreta y Macri.
La pobreza es el verdadero crimen
Miles de jóvenes son marginados a los más penosos trabajos y en las más precarias condiciones laborales.
Además de esto, todas las fuerzas coercitivas del Estado están destinadas a ejercer un control social de la juventud. La mayoría de las causas armadas son para los jóvenes y sus familias, por ejemplo para que no sean “empapelados” y paguen una coima en la Comisaría del barrio o para resolver un crimen rápidamente.
Así también ocurre con los casos de gatillo fácil. Las estadísticas de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) da cuenta que el 49% de los casos en donde son asesinados por el aparato represivo del Estado están entre las edades de 15 a 25 años.
Es necesaria la eliminación total y definitiva de estos dispositivos carcelarios y de represión estatal. Tambien que se sustraiga de la órbita de la Justicia el poder discrecional sobre la vida (y la muerte) de los niños y jóvenes criminalizados.
