El funcionario despedido que prefiere quedarse, el ministro desairado, y la suba del dólar paralelo que sacude la estantería, muestran que no hay soja que alcance para remontar la precariedad económica. La pelea no es por la plata de subsidios, sino por quién habla con el Fondo.

A pesar de que la soja y otros granos de exportación están cotizando a niveles récord y de que el efecto de arrastre estadístico permite mostrar una economía creciendo fuerte gracias a la comparación con el hundimiento de 2020 al menos hasta que la segunda ola de la pandemia determine lo contrario–, en los últimos días se hizo evidente nuevamente que la precariedad del esquema económico no quedó atrás.

El despido del subsecretario Federico Basualdo por parte de su presunto jefe el ministro de Economía Martín Guzmán y la negativa del primero a aceptarlo, todo ventilado a través de los medios, expone los malestares que crea dicha endeblez. Y el dólar no oficial, otra vez subiendo, se proyecta como una sombra ominosa que puede terminar de sacudir la estantería.

Otra vez la brecha

Después de varios meses de una calma obtenida a fuerza de costosas intervenciones en el mercado cambiario, el mercado del dólar blue volvió a desperezarse en los últimos 10 días de abril. En pocos días acumuló una suba de casi 20 pesos, para ubicarse en $ 162, aunque se desinfló a finales de la semana que pasó. Hay varios motivos coyunturales que pueden explicar el aumento. Entre ellos podemos destacar el blanqueo para el sector inmobiliario impulsado por el gobierno. Por las condiciones establecidas para pagar la tasa de blanqueo, resulta conveniente a quienes tienen fondos no declarados en pesos, comprar billetes verdes en el mercado paralelo y declarar tenencias en esa moneda, en vez de declarar pesos y comprar dólares al tipo de cambio oficial, hoy más costoso. Por eso, quienes todavía no habían dolarizado su plata evadida al fisco y buscaban ingresar al beneficio impositivo oficial, lo hicieron en estos días empujando la cotización de la moneda, según varios análisis. En paralelo, también tuvo un ligero aumento el valor del dólar “financiero” (Contado con Liqui), en este caso por el abandono de posiciones en pesos por parte de algunos fondos de inversión, como Pimco y Templeton, que están “atrapados” en bonos locales desde el gobierno de Macri, de los que se van deshaciendo paulatinamente, y no de un saque, por pedido expreso de Guzmán (pedido que fue generosamente compensado con títulos que pagan bien). Cada vez que apuran la salida aumenta la presión sobre el dólar financiero.

Pero que algo tan episódico desate las alarmas del gobierno y haga volver al primer plano las especulaciones sobre la evolución de la brecha cambiaria, da cuenta de las condiciones endebles sobre las que se asentó la estabilidad financiera luego del último torbellino ocurrido en septiembre-octubre de 2020. Para asentar la calma financiera en ese momento, el gobierno tomó una serie de medidas tendientes a favorecer las operaciones de dólar financiero (contado con liqui), flexibilizando las condiciones y nutriendo la oferta de títulos. Esta intervención se continúa regularmente, y en los primeros tres meses del año le costó al Banco Central (BCRA) USD 723 millones, es decir, casi un tercio de los dólares que pudo comprar gracias a la liquidación de exportaciones de soja.

La otra condición para aplacar la turbulencia cambiaria del año pasado fue acelerar el aumento mensual de la cotización del dólar oficial. Esta acompañó desde entonces el ritmo de la inflación, manteniendo así el valor del peso frente al dólar en términos reales. Pero eso cambió en los últimos tiempos, en búsqueda de algún ancla inflacionaria ante el descontrol de precios. En marzo el dólar oficial subió 2,7 % contra una inflación de 4,8 %. En abril aumentó 1,3 %, contra una suba de precios que se pronostica otra vez cercana a 4 %. Así como la devaluación es uno de los principales determinantes de la inflación reciente en el país, el aumento de precios, cuando no está acompañado de ajustes periódicos de la cotización del dólar, desata factores que empujan a que esa devaluación se imponga. Una de las correas de transmisión de esas presiones, en un mercado cambiario desdoblado como el que existe en la argentina desde los capítulos finales de la crisis de Macri, es la brecha entre la cotización del dólar oficial y el dólar paralelo. Esta brecha volvió a subir en los últimos días, aunque partiendo de los niveles más bajos desde la crisis del año pasado. La existencia de motivos puntuales que dispararon su aumento, no significa que no pueda iniciarse nuevamente un círculo vicioso.

La primera respuesta a este asomo de inestabilidad cambiaria la vimos, como no podría sorprender a nadie, en el sector exportador de granos. Los “chacrers”, que gracias al salto en el valor de la soja se están embolsando una formidable ganancia extraordinaria, ya salieron a avisar a través de periodistas-voceros que a pesar de estos altos precios podrían dejar de vender granos en los próximos meses, a la espera de (o mejor dicho empujando activamente por) un dólar oficial más alto. En los primeros tres meses del año, el sector cerealero liquidó divisas por USD 6.724 millones (es decir, casi el doble que lo ingresado en igual período de 2020). De esto, según consigna el Informe de coyuntura N.º 35 del Centro Cifra, el BCRA realizó compras netas de divisas por USD 2.266 millones. Pero las reservas netas en el trimestre no aumentaron por esta cantidad, sino apenas USD 206 millones. Es decir que de lo comprado, más de USD 2.000 millones escaparon de las arcas del BCRA. Dos tercios de esta pérdida se explica según estima el mencionado informe por el pago de intereses al FMI y otros organismos internacionales, y por la compra de bonos para operar en el dólar financiero. Esta semana el FMI volverá a llevarse otros USD 300 millones. Pasar el invierno y el resto del año, con una liquidación de soja raleada, no parece tarea fácil. El aumento de la brecha podría continuar, y con él la presión redoblada que eso conlleva sobre las precarias cuentas del BCRA. La calma financiera hasta las elecciones no está nada asegurada. En cambio, el ajuste cambiario poselectoral (y antes si se desmadra todo), no solo es seguro; lo viene preparando conscientemente el gobierno en aras de comprar un poco de calma inflacionaria, algo que ni siquiera está consiguiendo. Ese salto devaluatorio contribuiría a un nuevo mazazo al poder adquisitivo de los salarios, que cayeron 20 % durante los años de Macri y desde entonces siguen perdiendo poder de compra.

Interna a cielo abierto: cuando la plata es lo de menos

El Presupuesto 2021 proyecta para este año un déficit de 4,5 % del PBI. Por una serie de razones, el rojo podría ubicarse bastante por debajo de ese nivel. Un crecimiento económico mayor al que calculaban las planillas confeccionadas por Economía (que hace el rojo se calcule sobre una base mayor y sea por tanto menor en proporción), ingresos por retenciones que no estaban en los pronósticos, y una conducta ajustadora que el equipo económico llevó a cabo disimulada pero firmemente durante 2020 (y especialmente a fin de año) explican que las cuentas públicas puedan terminar con menos déficit del esperado. Para Guzmán, de cara a la negociación con el FMI, se trata de un logro a preservar. “Logro” cuyo correlato fue entre otras cosas que la Argentina haya sido de los países que menos gasto extraordinario realizó durante la pandemia, lo que contribuyó a profundizar los devastadores efectos sociales de la crisis que se miden en el crecimiento feroz de la pobreza e indigencia. Recordemos que la pobreza afecta al 42 % de la población, y que 6 de cada 10 niñas y niños son pobres.

En los primeros tres meses del año, los derechos de exportación (retenciones) trajeron una recaudación 150 % mayor que en el primer trimestre de 2020. En plata, fueron $174.000 millones adicionales. Es decir que la mejora en la recaudación gracias a los altos precios de los granos equivale, en pesos contantes y sonantes, a más del doble de lo que aumentaron los subsidios económicos, aquellos que se destinan a los bolsillos de los generadores y distribuidores de energía, y a la red de transporte. Solo esto alcanza para mostrar que la interna que ya venía expuesta a cielo abierto pero terminó de estallar el viernes, con el –hasta el sábado– frustrado despido del subsecretario de Energía Federico Basualdo, no encierra hoy urgencias fiscales. Hace meses que el (¿ex?) funcionario difiere con Martín Guzmán sobre el nivel que tendrá el aumento de tarifas durante ese año. A fines del año pasado, el ministro de Economía todavía manejaba proyecciones que rondaban 40 % de incremento tarifario. Según las estimaciones del ministerio, este era el nivel que permitiría mantener el peso de los subsidios sobre la economía en niveles similares a los de 2020, de 1,7 % del PBI. Fue CFK la primera que recortó las expectativas del ministro, en un discurso de diciembre, cuando advirtió que semejante tarifazo podía conspirar contra la expectativa de ganar las elecciones de medio término. Basualdo, junto a Federico Bernal, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), viene contradiciendo abiertamente a Guzmán desde hace meses, afirmando que de ningún modo los aumentos tarifarios serán este año mayores a una cifra de un dígito.

La discusión por los subsidios, que no encierra en lo inmediato una urgencia presupuestaria, apunta centralmente a quién define los lineamientos centrales de la política económica. Se trata, básicamente, de dejar en claro los interlocutores válidos ante el auditor externo cuyo veredicto favorable espera el gobierno para aliviar la carga de deuda en los próximos años: el FMI. Si Guzmán, que ya no controla la política de precios (los acuerdos con empresas para mantener una modesta canasta de productos en alguna versión renovada de precios máximos pasan por el despacho de Paula Español, Secretaria de Comercio que no responde a Guzmán ni a su superior en el organigrama, Matías Kulfas, sino a Kicillof), tampoco puede decidir sobre tarifas y subsidios, queda reducido a un ministro de endeudamiento. Sin mucho margen para ningún “programa macroeconómico integral”, su caballito de batalla desde el primer día en funciones.

Sobre estas “diferencias significativas de opinión dentro de los aliados políticos del presidente argentino” y la “incertidumbre” que generan a la hora de conversar con el país, machacó hace algunas semanas Alejandro Werner, por entonces todavía director para el Hemisferio Occidental del FMI. Werner fue unos de los funcionarios que comandó la ejecución del programa acordado por el organismo con el gobierno de Macri en 2018. El gigantesco préstamo otorgado entonces permitió a la Argentina seguir pagando deuda y continuar al mismo tiempo alimentando la fuga de capitales, que sumó en todo el mandato de Macri USD 88.000 millones. En pleno programa, el país se deslizó a una devaluación descontrolada y terminó con cepo cambiario y default parcial. Werner es uno de los funcionarios degradados por el fracaso del préstamo a la Argentina. Sus declaraciones de estos días no pueden más que ser vistas como un torpedeo de cualquier acuerdo con la Argentina. Pero eso no significa que no den cuenta del estado de ánimo en Washinton respecto de la Argentina, aunque decirlo le haya costado el puesto. Esta semana la jefa del organismo desde finales de 2019, Kristalina Giorgieva, anunció la salida de Werner del FMI.

La interna intestina entre Guzmán y su subordinado, leída desde algunos análisis como materialización una puja entre gastadores y ajustadores, no tiene en realidad semejante alcance. En los pilares fundamentales, como se vio con la modificación de la movilidad previsional, un pilar clave de la “sustentabilidad fiscal” a costa del poder de compra de millones de jubiladas y jubilados, la conducta austera del gobierno funciona como una orquesta sin disonancia. Tampoco hay en la “grieta” sobre los subsidios un debate sobre modelos energéticos: la coincidencia básica es que los servicios sigan en manos privadas, con el Estado poniendo aquellos miles de millones de pesos que las firmas no recauden vía tarifas, para seguir alimentando sus ganancias. La necesaria renacionalización de todo el sistema energético para terminar con su subordinación a los objetivos de ganancias de las empresas y asegurar un servicio accesible y de calidad, ni de lejos aparece en el debate. A lo sumo, difieren sobre en qué medida el gobierno debería echar más nafta al fuego de la inflación, el mismo que se alimenta de otros aumentos de precios autorizados por el propio gobierno, como el del combustible en surtidores.

Cada vez más al Fondo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, que después de haber cerrado un acuerdo de la deuda que estiró el plazo de pago (pero no redujo la pesada carga de la deuda sobre la economía) y de haber “domado” al dólar (con fuertes concesiones a los “mercados”) pareció empoderado, se encuentra cada día más cuestionado desde sectores de la coalición de gobierno. Denunciado como un caballo de Troya de la prudencia fiscal (ajuste) dentro del campo heterodoxo, cuestionado por el recalentamiento de la inflación, y con un ministerio cada vez más loteado, parece haber trazado una “línea roja” en la política energética, poniéndolo a Alberto Fernández en la obligación de laudar. “O Guzmán o Basualdo” es el mensaje que, todo lo indica, recibió el presidente por parte del titular de Hacienda.

Si la cosa se resuelve a favor de Guzmán, con la salida del funcionario cristinista, será fundamentalmente por la ausencia de alternativas al programa que el ministro viene llevando adelante, que es simplemente lo necesario para alcanzar un acuerdo con el FMI. Pero, eso sí, este programa fondomonetarista es presentado en una versión “heterodoxa”, con el espaldarazo del premio nobel Joseph Stiglitz, ideólogo del oxímoron de un “capitalismo progresista” –ilusión que puede permitirse recrear Joe Biden en EE. UU., pero que en los países oprimidos por el imperialismo no puede sostenerse ni como espejismo en estos tiempos de pandemia. Menos aún en la Argentina lastrada por la larga crisis legada por Macri. Aunque el Frente de Todos ganó las elecciones en 2019 prometiendo la cuadratura del círculo de terminar con el ajuste macrista y al mismo tiempo ser “responsables” con la herencia de la bancarrota de Cambiemos, no repudiando la hipoteca de la deuda ni el acuerdo con el FMI, es la impostura de esa propuesta –advertida entonces por el Frente de Izquierda Unidad– lo que desnudan las tensiones de estos días. Administrar un tiempo de vacas flacas y ajuste que la tonelada de soja a USD 500 no remedia, acordar con el FMI (cuestión sobre la cual las diferencias se reducen a si debería someter al país a sus auditorías frecuentes durante una década o dos, con la curiosidad de que es esta última postura la que se presenta como más “soberana”) y prepararse para seguir pagando la deuda de Macri durante las próximas décadas significa profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador. El incremento de salario mínimo en cómodas cuotas definido esta semana es la última muestra de esto. Guzmán aparece hoy en el oficialismo como el garante de esta perspectiva, no impugnada en lo sustancial por ningún sector de la coalición más allá de chisporroteos puntuales.

Por estos días observamos en todo el país duras luchas en las cuales la clase trabajadora está mostrando, junto al pueblo pobre, que no quiere ser el pato de la boda en esta crisis. En la provincia de Neuquén, la lucha del sector de salud encabezada por la Asamblea interhospitalaria, que concitó el apoyo y solidaridad de amplios sectores y abrió una dura crisis provincial, fue la expresión más avanzada de este descontento y voluntad de lucha. Esta es una muestra de la fuerza social de la clase trabajadora, que puede movilizarse para pelear por rechazar los compromisos con el FMI y los acreedores y su política de ajuste, y por un programa de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas y cortar con los lazos de dependencia y dominación imperialista.