Durante el último mes de Junio la policía provincial ha sido protagonista de un escándalo por semana.
Martes 28 de junio de 2016
Organizadores del delito
El inspector Aníbal Luna y Néstor Miranda, de la comisaría 49 de Maipú, y Marcelo Amaya, auxiliar de la UEP de Maipú son tres de los cuatro policías detenidos y procesados por un secuestro extorsivo realizado en el mes de Febrero en nuestra provincia. Fueron detenidos a principios de mes en la provincia de Buenos Aires donde también se los acusa de ser parte de una banda delictiva.
El nivel de escándalo por la gravedad de la noticia no refleja el mismo nivel de novedad ya que se ha tornado moneda corriente el “descubrimiento” de la participación de uniformados en los secuestros u otros delitos ligados a desarmaderos de autos, redes de trata, narcotráficos, entre otros.
La violencia de género al mando
El pasado 22 de Junio el jefe de la Policía de Mendoza Roberto Munives designó como Jefe en la Ciudad de Mendoza al comisario Marcelo Esquivel sobre el que recae una denuncia por violencia de género y por la cual se le impide usar el arma y vestir el uniforme.
Esta denuncia y sanción interna no ha impedido su ascenso al mando de la policía de la Ciudad, la cual entre sus tareas tiene la custodia de los edificios públicos como la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial que han visto crecer la presencia policial en sus inmediaciones por orden del gobernador frente a las sucesivas movilizaciones.
Se desnuda así la fantochada de cursos de violencia de género que impulsa el Poder Ejecutivo que quedarán como mera decoración de una institución que pone al frente a quienes están denunciados por esta violencia que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en nuestro país.
Asociación ilícita
Por si fuera poco, la propia Inspección General de Seguridad tuvo que pasar que pasar a “pasiva” y sumariar a cuatro comisarios acusados de negociados por $10 millones por mes.
A los comisarios Victor Daniel Loyola González y Edgardo Mestre Medina se los acusa de que el personal ha su cargo, alrededor de 120 policías, hacían servicios extraordinarios no oficiales en horario en que debían estar cumpliendo sus funciones. Es decir que declaraban cumplir servicio pero no lo hacían usando el tiempo para otras funciones de seguridad privada para empresas, espectáculos, y otras actividades.
Este negociado sería de unos diez millones de pesos por mes que, según denuncia la IGS, se habría hecho durante los últimos ocho años llegando a la exorbitante suma de 960 millones de pesos, unas seis veces más de lo que José López pretendía enterrar en el Convento de General Rodríguez.
Darío Orlando Irrutia se lo investiga por haber promovido un ingeniero supuestamente sin título, es decir “trucho”, en el área de sistemas de la división de inteligencia, lo cual ha generado la sospecha de que se trata de operaciones de “contrainteligencia”. Por último a Gustavo Walter Garis Lo Duca está siendo invesitgado porque su arma reglamentaria se encontró en manos de delincuentes.
¿Purga, interna o descomposición?
El Ministro de Seguridad Gianni Venier (UCR) y la Inspección General de Seguridad han afirmado que seguirán investigando porque se detecta “una irregularidad por semana”.
En el peronismo denunciaron que quieren hacer una “purga” policial como parte de la interna de poder ya que estos comisarios fueron promovidos por los gobiernos anteriores de Jaque y Pérez (FPV ambos) y son de estrecha relación con el ex vicegobernador Carlos Ciurca.
Algunos recordaron la famosa purga de 1999 en la que se dio de baja a unos 600 policías. Sin embargo a las claras está que 17 años después la policía mendocina ha seguido siendo protagonista en casos de gatillo fácil, apremios ilegales, torturas en penitenciarias, razzias en los barrios populares, asi como también en la represión de la protesta social y en constantes casos de participación del delito organizado.
Debe advertirse igualmente que no estamos frente a una nueva “purga” sino frente a sanciones en casos puntuales e insostenibles que servirán también para proteger al resto de la instutición.
Al margen de las posibles internas que existen en la policía provincial no deben perderse de vista dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar el gobierno de Cambiemos a pesar de este grado de descomposición de las fuerzas de seguridad, que incluye el sinceramiento de la Directora de Derechos Humanos planteando que la crítica situación de que es necesario “humanizar” a la policía, ha optado por votar una serie de leyes que con el aval del FPV, Libres del Sur, PD, PRO y FR han fortalecido el poder punitivo sumado a un relato legitimante de la violencia institucional bajo el amparo de la “inseguridad” hasta el punto tal de que el propio gobernador ha felicitado por tweeter a un policía que asesinó a un joven en una supuesta persecución minutos después del hecho sin siquiera esperar el dictamen del fiscal. Incluso han reformado la Inspección General de Seguridad para que tenga mayoría en este organismo de supuesto control el oficialismo.
En segundo lugar el grado de descomposición puede variar según la coyuntura, pero encierra un aspecto estructural de fuerzas de seguridad creadas y diseñadas para el control y la represión social que cada vez están mas ligadas al delito organizado, por lo que cualquier reforma interna o de aparente mayor control sobre los efectivos son ineficaces y demagógicos. Los partidos tradicionales tienen lazos carnales con la policía provincial y sus servicios de inteligencia siendo sus internas la que muestran solo la punta de lo que se vive en las “cloacas de la democracia”.
En este marco se redobla la necesidad de fortalecer la pelea que impulsa el Frente de Izquierda en defensa de las libertades democráticas contra la avanzada reaccionaria de Cambiemos.
