Tras liberación de uno de los principales acusados, el “Gil” Astudillo, el gobierno anunció indagaciones sobre autoridades judiciales. Un gesto de demagogia para no quedar tan mal parados, porque los familiares de los estudiantes desaparecidos advirtieron al gobierno del Morena que era posible que los procesos en curso quedaran sin efecto.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 6 de septiembre de 2019
En ausencia de quienes son formalmente los responsables de reabrir la investigación, el fiscal general, Alejandro Gertz y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, llamó a la fiscalía a “reencauzar la investigación, subsanar las omisiones y permitir una investigación diligente”, pero no dio cuenta de qué hizo hasta ahora la actual administración.
Reacciona el gobierno de López Obrador airadamente justo después de la liberación de Gildardo Astudillo. En verdad no hay elementos que justifiquen que el acusado haya sido absuelto.
Astudillo, capo del cártel Guerreros Unidos, había confesado su participación en el ataque contra los estudiantes. Además, hay registro de grabaciones telefónicas que lo vinculan al caso, que envió la DEA a las autoridades de México.
Aunque la liberación de Astudillo es particularmente significativa por su participación en el caso, es el número 53 de una larga lista de atacantes que quedarán impunes.
El argumento del juez para liberar a Astudillo era que los policías torturaron y detuvieron arbitrariamente a los acusados. Pero no hay manera de comprobar esa tortura, que fue denunciada por los defensores de los detenidos mucho después de su aprehensión.
Fueron autores materiales de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue la policía municipal la que entregó a los jóvenes al cártel, evidenciando los intrincados lazos entre el crimen organizado y las fuerzas represivas.
Lo cierto es que aún cuando haya investigación contra los fiscales y los jueces intervinientes en el caso, la realidad es que el presidente López Obrador no tiene la voluntad política de llevar al estrado a Peña Nieto, ex mandatario, a Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero cuando se dio la masacre de Iguala en 2014, ni a los altos mandos militares involucrados en los hechos.
Sin los responsables políticos juzgados y condenados, la impunidad persiste. Hoy, cinco años después del ataque contra los normalistas que soñaban con enseñar a los niños del pueblos trabajador y se oponían a la represión, al desmantelamiento de las escuelas normales y a la reforma educativa, seguimos afirmando que #Fue El Estado.
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