Mientras el gobierno ocultan las muertes trabajadoras, las redes sociales han sido una vía de denuncia de los esenciales de la salud, donde con mucho dolor y bronca despiden a sus compañeras y compañeros de trabajo que estuvieron hasta los últimos momentos en la primera línea. Las pérdidas de sus vidas se dan en medio de contagios por no contar con licencias, equipos de protección y la atención sanitaria necesaria. Por eso, el Estado es responsable.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Martes 8 de septiembre de 2020 22:34
Irene Alancay, tenía 36 años, tenía una hija, trabajaba en la sala de covid-19 del Hospital Paterson de San Pedro de Jujuy, y como la mayoría de las contratadas y contratados para “fortalecer el sistema sanitario” no cobraba su salario desde marzo, estaba precarizada y tampoco contaba con los equipos de protección personal. Por eso, las fotos que se difunden de Irene, es en las calles, junto a sus compañeros de trabajo y luchando por sus derechos. Aunque no la hayamos conocido personalmente, así la recordamos.
El ocultamiento de la información sobre los contagios y muertes en la salud desde mediados de juliopor parte del Ministerio de Salud y del Gobierno de Jujuy es parte del accionar violento hacia quienes están en la primera línea de combate, como lo ha dicho Gerardo Morales, pero sin armas como lo afirmaron reiteradas veces las y los trabajadores. Por eso, ningún pedido de informe al respecto, presentado desde las bancas del PTS FIT fue respondido.
Es así que según relevamiento que venimos llevando adelante con trabajadores de Salud desde las Bases, por lo menos quince trabajadores de la salud perdieron su vida por covid-19 durante la cuarentena en Jujuy, y por lo menos nueve tenían más de 60 años y/o enfermedades preexistentes. Además en varios casos se denunció que los mismos no tuvieron la atención sanitaria debida e incluso que hubo abandono de persona como el caso de Teresa Pueta del Hospital Zabala de Perico.
Como venimos denunciando, la cantidad de contagios y muertes del personal de la salud se da en condiciones precarias de trabajo, con salarios adeudados y por debajo de la canasta familiar, sin equipos de protección de calidad y necesarios, sin licencias pagas y con plenos derechos por ser mayor de 60 años, por ser persona de riesgo o cuidado de personas a cargo, en medio de jornadas extenuantes de trabajo, salvando vidas.
Estas situaciones violentas del Estado, se respondió solamente con parches y más amedrentamientos y castigos, como expresó el Decreto 1444 S/2020 de Gerardo Morales que fortalecía la persecución, los castigos, con multas de hasta un millón de pesos, arrestos e inhabilitaciones que mostró la brutalidad del régimen policíaco en la provincia de Jujuy contra trabajadores y todos los sectores que luchan por sus derechos.
Si bien el gobierno tuvo que retroceder en el decreto, ante el rechazo masivo, la violencia no ha cesado y tenemos que seguir dando cuenta de las condiciones de trabajo y vidas trabajadoras que se pierden por causas evitables.
Las y los trabajadores han demostrado no sólo voluntad, sino decisión a la hora de llevar adelante medidas de lucha de manera coordinada. La responsabilidad de los sindicatos de la salud en Jujuy y en el país de no poner en movimiento de manera unificada a los trabajadores es bastante grave si hablamos miles de contagios de los esenciales de la salud y decenas de muertes anticipadas, prevenibles. Se hace indispensable que los sectores más decididos transformen el dolor y la bronca, en organización y lucha, exigiendo a los sindicatos que en la provincia son parte del Frente Amplio Gremial (ATE, ATSA, UPCN) que corten su pasividad y lazos con los gobiernos, y se pongan a la cabeza de impulsar asambleas y un plan de lucha unificado por todas las demandas de la salud, y en defensa de las vidas trabajadoras.
Como señaló Irene en una de las movilizaciones en defensa de sus derechos “Basta de persecución laboral, nunca más seremos calladas, sólo queremos trabajar”.
