Por estos días volvió a ser noticia la empresa Iron Mountain que sufriera un incendio el 5 de febrero del año pasado, donde perdieron la vida 10 personas, entre bomberos y rescatistas, tratando de apagar las llamas. Un año después, los organismos de investigación fiscal arriban a la hipótesis de que el siniestro fue “intencional y en complicidad con sus clientes”.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Miércoles 11 de marzo de 2015
La Procuración General emitió un comunicado el viernes 27 donde dio a conocer que las pericias realizadas a la empresa estadounidense, dedicada a la protección de documentación y almacenamiento de archivos y con sucursales en varios países, arrojaron que el siniestro habría sido intencional. La Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37, que tiene a cargo la investigación ya cuenta con diversas pericias del INTI y de la Policía Federal que llegaron a esa conclusión.
La verdad es que no se necesitaba ser Sherlock Holmes para elaborar esa hipótesis teniendo en cuenta los antecedentes con los que cuenta la empresa: ya en 1997 la planta de New Jersey, en EEUU, sufre un incendio que provoca la casi total destrucción de la documentación que archivaba. Los principales periódicos hablan de “un misterioso incendio” refiriéndose a ese episodio. En los años posteriores sus plantas ubicadas en Canadá, Inglaterra e Italia tienen el mismo destino: incendios en esos depósitos provocan la pérdida de documentación de empresas que contrataban sus servicios.
Esta empresa que es líder en su rubro, elevada a esa categoría por sus propios clientes: multinacionales petroleras; entidades financieras; aseguradoras y consultoras internacionales como Stándar &Poor´s (S&P), calificadora de crédito internacional que mediante maniobras financieras hunden a países semicoloniales como el nuestro (recordemos el riesgo país del 2001) o a los eslabones más débiles como es actualmente el caso de Grecia, donde S&P con su calificación negativa coadyuva a ese país a caer en una quiebra total que no es otra cosa que el hundimiento económico del pueblo griego.
Pero con la noticia de la complicidad entre Iron Mountain y sus clientes para desaparecer documentación que los involucra en coimas o lavado de dinero, la que quedó en la palestra es la multinacional bancaria y financiera HSBC, en el depósito de Barracas tenía archivadas cerca de 25.000 cajas muchas de ellas rotuladas como “lavado de dinero” y “lavado de dinero premier”. Es el caso que más se conoce porque el HSBC está acusado por el Gobierno Nacional, de fuga de capitales con destino en cuentas en Suiza (en los próximos días habilitará la Comisión Bicameral en el Congreso Nacional, para avanzar con esta denuncia). La fuga de capitales es un modus operandi de entidades multinacionales, cuyas sucursales en países como Argentina trasladan millonarias sumas a sus países centrales, sin invertir un peso en los países donde se asientan (negocio redondo: ganancias siderales, con cero inversiones). Cuestión que fue permitida por este gobierno durante largos años, hasta que las arcas del Estado comenzaron a bajar y ahora, en pleno año electoral, y con la fuerte crisis surgida a partir de la muerte del fiscal Nisman, intenta cocer los jirones de su relato nacional y popular.
Pero el HSBC no es la única entidad sospechada de complicidad con Iron Mountain para hacer desaparecer sus archivos mediante el incendio. Sideco Americana, del grupo Macri, también tenía cajas que terminaron en cenizas gracias al fuego. Esas cajas estaban rotuladas como “coimas”. Esta y otras empresas están bajo la lupa de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)
Iron Mountain y el macrismo
En la Ciudad de Buenos Aires, I.M. posee además de la de Barracas, plantas en Parque Patricios, Lugano y La Boca.
Es en la planta que posee en Parque Patricios, donde se aloja la nueva sede administrativa del Gobierno de la Ciudad, donde allá por el 2009 la relación de Iron Mountain con el gobierno de Macri pega un salto. En la página de la misma empresa se puede ver un video institucional del Gobierno de la Ciudad, donde Maurizio premia a los directivos, haciendo propaganda del “polo tecnológico productivo”, que no fue más que grandes negocios con empresas constructoras y de otra índole (como I.M.) y nada de “avances tecnológicos” o de trabajo genuino para los trabajadores de esa zona de la ciudad.
A pesar de que la edificación del depósito del barrio de Barracas era muy antigua, databa de 100 años atrás, lo que redundaba en una debilidad estructural, en el mismo año del inicio de su gestión, 2007, el gobierno de la Ciudad le otorga un certificado de habilitación. La misma empresa aseguraba contar con una red hidrante, sistema de protección temprana de incendios (que debe percibir altas temperaturas antes que comiencen las llamas), pero nada de eso funcionó aquel 5 de febrero. Esto le valió la vida a bomberos y rescatistas.
Recordemos que luego de la masacre de Cromañon, donde murieron 94 jóvenes por la desidia de gobernantes y la sed de ganancia empresarial, la legislación obliga a mantener controles periódicos de los sistemas ignífugos de empresas, boliches, etc. Esto no ocurrió. Es más, por estos días salió a la luz la denuncia de un inspector de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, Edgardo Castro, que afirma que el mismo Maurizio Macri se encarga de llamar a sus funcionarios para que no levanten denuncias de grandes empresas con la que tiene algún tipo de vinculación y plantea que el Gerente Operativo de Inspección de la Ciudad, su jefe, no realizó actuaciones sobre esta empresa por orden directa del jefe de gobierno porteño.
Iron Mountain es admirada por Macri por su “empuje empresarial”, ya que ofrece “un modelo de tercerización que elimina virtualmente la necesidad de inversión de capital”.
Esta empresa, ahora acusada de asociación ilícita cuenta con 90.000 clientes, casi la totalidad son corporaciones multinacionales, con 900 plantas en el mundo, radicadas en 170 ciudades. Y parece que cumple lo que promete, en su página oficial se puede leer que además de gestión de procesos de negocios, de gestionar propiedad intelectual, entre sus servicios ofrece la “destrucción segura de documentación”.
