El senador por la UDI, Ivan Moreira, señaló durante la tarde del domingo en el contexto del velorio de Belisario Velasco, polémicas declaraciones donde plantea la necesidad de dar “incentivos” a los militares que tengan información sobre el paradero de los Detenidos Desaparecidos (DD.DD.) durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
Lunes 28 de agosto de 2023
El senador por la UDI, Ivan Moreira, señaló durante la tarde del domingo en el contexto del velorio de Belisario Velasco, polémicas declaraciones donde plantea la necesidad de dar “incentivos” a los militares que tengan información sobre el paradero de los Detenidos Desaparecidos (DD.DD.) durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
Según el legislador, “es muy difícil” saber dónde están los cuerpos de las víctimas. A su parecer “no hay ningún incentivo hoy día para aquellos militares que quedan vivos, que están a punto de morirse en la cárcel de Punta Peuco por enfermedades terminales, que alguno de ellos pudiera dar algún tipo de información“.
En esa línea, Moreira cuestionó el trato que se les ha dado a los condenados por violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.), señalando “Si tú no le das ningún incentivo, porque están muriendo como perros ahí, así están muriendo todos esos soldados, entonces nadie te va a dar ninguna información; y eso nunca se va a saber ¿Qué gesto de humanidad han tenido con ellos? Ninguno”, dijo.
Asimismo, el Senador se refirió al proyecto de ley que busca permitir que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, con enfermedades terminales, puedan morir en sus hogares. Cabe recordar que, tras la enmienda presentada por el Partido Republicano, el ministerio de Justicia detalló que de los más de 50 mil presos en Chile, solo 265 presos son mayores de 75 años. De ellos, 153 cumplen condena por violaciones a los derechos humanos, de los cuales, 73 están en Punta Peuco y 65 en el penal Colina Uno, mientras que el resto está en distintos centros penitenciarios de todo el país. El Tribunal además señaló que “si bien el proyecto se condice con los estándares internacionales” debe hacerse presente que la iniciativa “podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado de Chile, como la de evitar la impunidad y la denegación interesada de justicia”
Este defensor de la dictadura, con estas declaraciones está dando cuenta del pacto de silencio que tienen los asesinos y torturadores que violaron sistemáticamente los derechos humanos desde 1973 hasta 1990, los cuales hoy gozan de total impunidad, incluso en cárceles que gozan de mayores privilegios, no bastando las condenas impuestas sino que buscando en todo momento la libertad y con ello la total impunidad de quienes fueron ejecutores de los más grandes horrores de la dictadura.
A pesar de que la vuelta a la democracia, tuteló la impunidad de estos militares en los crímenes de violaciones a los derechos y permitió mantener el secretismo que obstaculiza la verdad y justicia, no es de extrañar que el manto de impunidad siguió operando para las fuerzas policiales de este país.
Ni perdón ni olvido
A 50 años del golpe, hay que dar una fuerte batalla por conseguir el juicio y castigo a los represores de ayer y hoy, hay que seguir dando la pelea contra la impunidad y exigir el término de los privilegios que hasta el dia de hoy mantienen quienes fueron activos colaboradores de la dictadura militar, es necesario que las distintas ramas del ejército abran sus archivos a las organizaciones de derechos humanos, entreguen los nombres de los agentes que colaboraron con los organismos represivos del Estado, estén estos en retiro o activos, hay que exigir el cierre del penal de Punta Peuco y la degradación de los grados militares, no puede ser que estos violadores de DDHH sigan recibiendo suntuosas jubilaciones por grados ganados con la sangre de quienes hoy no se conoce su paradero. Hay que terminar con el secreto de los agentes consignados en el informe Rettig y el elaborado por la comisión Valech.
