Violencia. Jalisco: ahogado por el narco y la militarización

Foto: tomado del twitter de @DrLysanderLeal

Según el artículo “La costosa operación Jalisco”, publicado en la revista Proceso, núm. 2009, del pasado 3 de mayo, alrededor de las 9 de la mañana del primero de mayo en el estado de Jalisco se registraron una serie de enfrentamientos, bloqueos así como diversas acciones como la quema de gasolineras y sucursales bancarias.

Como señala la misma nota, esta ola de violencia se dio en el marco del inicio de la “Operación Jalisco” (OJ), un operativo de seguridad conjunto entre la Fuerza Única de Jalisco y fuerzas federales que tiene como objetivo combatir al crimen organizado representado en el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según informa Proceso y otros medios nacionales, el CJNG, que es el principal objetivo del OJ, surge como una escisión del Cartel de Sinaloa liderado por Ignacio “Nacho” Coronel quien fue abatido en el año 2010, a raíz de esto se forma el CJNG como célula del Cartel de Sinaloa en el estado de Jalisco y es en el 2011 que el Cartel de Sinaloa se deslinda de los también llamados “matazetas” por sus métodos violentos donde los robos, secuestros y asesinatos a gente inocente eran recurrentes.

En distintos medios como Excelsior y El Financiero se afirma que el CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Ramos, “El Mencho”, ha ganado poder en el negocio del tráfico y la producción de drogas convirtiéndose en el principal productor de metanfetaminas en el occidente del país y un importante distribuidor en Estados Unidos.

Por la importancia que ha tomado en el negocio del tráfico de estupefacientes el Departamento del Tesoro de aquel país ha incluido dentro al CJNG dentro de su lista negra de organizaciones delictivas.

Desde 2012 los gobiernos estatales y federales han intentado capturar a Oseguera Ramos lo que en agosto de ese año casi se logra pero fue frustrado por bloqueos similares a los que ocurrieron el día de ayer pero de menor magnitud.

Según informa el portal Sin Embargo.mx, la situación en Jalisco ha develado otro tema sensible: esto es la relación que existe entre la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSPJ) y su titular Luis Carlos Nájera mantienen con el CJNG.

De acuerdo con la revista Proceso, citada al inicio de este artículo, a través de narcomantas, documentos y comunicados integrantes del Cartel de Sinaloa, policías municipales y ministeriales han denunciado la relación que el procurador de justicia del estado de Jalisco mantiene con integrantes del CJNG incluso acusándolo de ser el enlace directo con “el Mencho”.

En la misma nota se informa que en 2011 tras el hallazgo de 26 cuerpos mutilados en las inmediaciones de los Arcos del Milenio fue encontrada una narcomanta que vinculaba al CJNG con el gobierno del estado y en 2012 de nueva cuenta se encontraron cuerpos descuartizados, ahora en la carretera a Chapala junto con un mensaje que vinculaba directamente a Luis Carlos Nájera con el CJNG.

También en Proceso se afirma que éstos no han sido los únicos problemas y escándalos en los que se ha encontrado a Luis Carlos Nájera pues se ha registrado un aumento en las extorsiones, secuestros y homicidios en todo el estado de Jalisco y a finales del 2014 el dirigente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Miguel Ángel Monraz, pidió la renuncia de Nájera tras el asesinato del alcalde de Ayutla.

Según informan medios nacionales, la mañana del primero de mayo dio inicio el llamado Operativo Jalisco que es parte de las medidas anunciadas el año pasado por Enrique Peña Nieto para coadyuvar con el gobierno de Jalisco en materia de seguridad.

Los medios explican que en el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal, con el objetivo principal de desarticular al CJNG.

Y abundan que el OJ en operación conjunta implementará Bases de Operación Mixta (BOM), Puestos de Seguridad Mixtos (PSM), Bases de Operaciones de Erradicación y puestos de vigilancia todo esto para reducir los índices delictivos y garantizar la seguridad de la ciudadanía en los estados de Jalisco y Colima.

De acuerdo con la revista Proceso, en la nota citada arriba, el Operativo Jalisco inició con una oleada de violencia que dejó como saldo un helicóptero del Gobierno Federal derribado, cuatro enfrentamientos, 19 detenidos, siete muertos, 19 heridos, tres militares desaparecidos, 11 sucursales bancarias incendiadas al igual que cinco gasolineras y 36 vehículos.

Más adelante, en el mismo artículo se informa que durante las primeras acciones del OJ un helicóptero se encontraba realizando un reconocimiento aéreo cuando localizó a un grupo de vehículos con personas armadas sobre la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, el comando armado abrió fuego contra el helicóptero Cougar Mat. 1009 impactándolo, lo que ocasionó su descenso de emergencia.

Por último, señala Proceso que posterior a esto comenzó la serie de bloqueos con incendios de camiones del transporte público, camionetas y carros particulares, así como quemas de gasolineras, negocios, sucursales bancarias y una caja popular. Todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara registraron incidentes y 18 municipios más al interior del estado.

Una muestra más de la asociación entre clase política y narco
La política en materia de “seguridad” que implementa el Gobierno Federal en Jalisco bajo el nombre de Operativo Jalisco es la reproducción de las políticas aplicadas en otras regiones del país en donde el Ejército y la Marina Armada junto con fuerzas de la Policía Federal cumplen labores propias de las policías estatales.

Como podemos ver, en los anteriores intentos de aplicación de dichas políticas se ha elevado la violencia significativamente, donde la violación a los derechos humanos y las garantías individuales ha sido recurrente y que a lo largo del país ya ha dejado un saldo de más de 160mil muertos, miles de personas desaparecidas, con 2,126 expedientes abiertos por desaparición forzada, más de 150 mil personas desplazadas, más de 15 mil cadáveres no identificados, 1,500 cuerpos encontrados en fosas clandestinas y el aumento exponencial del fenómeno del feminicidio.

Con todo lo anterior se puede concluir que estas políticas lejos de ser una “estrategia adecuada” para combatir al “crimen organizado”, como insiste el discurso oficial una y otra vez, ha desembocado en un aumento brutal de la violencia.

Como lo mencionan algunos analistas como Carlos Fazio y John Ackerman la entrada del ejército y las fuerzas militares de los cuarteles a las calles está pensado como mecanismo de control de los negocios ilegales ya sea el narcotráfico, la trata, las extorciones, los robos o los secuestros. Y a su vez como método de terror y control de la población.

Es importante que decir que desde que se plantea el consumo de drogas como problema un problema de seguridad nacional se busca criminalizar el consumo y con esto el transporte y la producción queda a cargo de grupos ilegales que utilizan métodos violentos para garantizar su producción y el tráfico de sustancias, así como para mantener el control de los mercados.

El caso de la evidente vinculación de Luis Carlos Naranjo con el CJNG, denunciada en la revista Proceso núm. 2009, es muestra del vínculo que mantienen funcionarios del estado tanto a nivel federal como estatal con los grupos del crimen organizado, igualmente con la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa se destapó la relación del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el grupo criminal Guerreros Unidos y así podemos hacer una lista de los vínculos entre funcionarios y la clase política con estos grupos.

Es decir, no es un caso aislado de corrupción sino que forma parte de la manera de operar del estado. Es una muestra más de que este régimen del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática es irreformable.

Militarización: una política reaccionaria
La solución no se encuentra con la entrada del ejército a las calles y con una coordinación entre fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad de los ciudadanos, es decir con una política de militarización, que como ya está documentado por medios como Proceso, dispara las cifras de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios. Las fuerzas represivas en las calles sólo sirven para mantener amedrentada a la población y evitar el estallido de protestas sociales.

La complicidad de las estructuras gubernamentales, policíacas y judiciales con las distintas facciones de narcos, y la militarización y violación de las libertades democráticas, muestra que la salida no vendrá de las autoridades. En otras oportunidades organizaciones socialistas plantearon la necesidad de impulsar un gran movimiento nacional contra la militarización, independiente de las instituciones y que confíe sólo en la movilización, basado en las organizaciones democráticas, de derechos humanos, y de familiares de las víctimas, junto a los sindicatos y organizaciones populares y juveniles.

A su vez, si se impulsara la legalización de las drogas, y se abrogara la penalización, la intervención policial o judicial y la criminalización al consumo de las mismas, el tráfico de drogas dejaría de ser uno de los negocios ilegales más rentables del capitalismo.

Esto implicaría también la libertad a los detenidos por tenencia (muchos bajo el cargo de "tráfico"), la mayoría jóvenes provenientes de los sectores populares.

Como plantea un análisis “Estas medidas, opuesta al prohibicionismo imperante, pondría en cuestión las ganancias extraordinarias obtenidas por los cárteles a través de la distribución ilegal en el territorio nacional –y de lo que se benefician miles de “funcionarios públicos”–, y el dominio que los mismos ejercen sobre amplios sectores de la juventud.

Es incorrecto considerar que esto incentivaría el consumo de drogas, las cuales puede conseguirlas quien quiera consumirlas; por el contrario, el prohibicionismo permite adulterarlas (para aumentar las ganancias de los cárteles). La legalización eliminaría el incentivo que hoy existe para la comercialización de las llamadas drogas prohibidas en México.

En el caso de las drogas cuyos efectos pueden ser consideradas como “daño irreversible a la salud”, hay que exigir que el estado garantice los servicios médicos gratuitos para la atención de los consumidores. Esto debe ir acompañado por atacar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales, y a los capitalistas asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.

Ya que la actividad de los cárteles del narcotráfico en México se orienta en gran medida hacia los Estados Unidos, es fundamental que las organizaciones obreras y populares de aquel país luchen contra la prohibición y por la legalización de las drogas, lo cual afectaría todo el negocio de los cárteles.”