División de tareas: el presidente sentenció el futuro ajuste a los jubilados, Peña confirmó el cambio en la ley de movilidad, las patronales festejan la posible reducción de contribuciones.
Martes 31 de octubre de 2017
Las alusiones del presidente Macri en torno a la “insostenibilidad” del régimen de jubilaciones y pensiones sólo tienen un objetivo preciso: justificar los profundos cambios regresivos que el gobierno pretende implementar sobre el sistema previsional. Ningún discurso sobre la sostenibilidad del régimen es creíble mientras por otra ventanilla se anuncia una rebaja multimillonaria en las contribuciones patronales que amenaza con su desfinanciamiento.
Se trata de la mayor maniobra de largo plazo que se prepara llevar adelante en los próximos meses y que puede tener consecuencias catastróficas. Según el Indec, en el segundo trimestre del año el 50% de los ocupados percibían remuneraciones inferiores a $10.000. Es decir que los ahorros que tendrán los empleadores serán multimillonarios, y el financiamiento del sistema, de signo inverso.
El gobierno elabora a puertas cerradas un anteproyecto para presentar al Congreso Nacional, en el que se barajan tres vías centrales para ajustar las tuercas sobre los jubilados para compensar semejante regalo a las patronales, como se dio a conocer en el transcurso de los últimos meses: un incremento de la edad jubilatoria, comenzando por las mujeres; un cambio en la fórmula de ajuste automático de haberes, AUH, pensiones no contributivas; y una eliminación de los regímenes especiales con el argumento de que se trata de “privilegios”.
El mandatario afirmó ayer que “tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones”, porque “nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable”. “A mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales”, añadió.
Aseguró que el sistema seguirá siendo “universal” y “público”, pero adelantó: “Vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley -de Reparación Histórica- para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo, puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente”.
Se trata del Consejo de Sustentabilidad Previsional, previsto en la ley ómnibus de Reparación Histórica, para realizar una reforma jubilatoria en los siguientes tres años a la sanción de la ley, en julio de 2016. Sin embargo, nadie sabe quiénes lo constituirán ni de qué forma serán nombrados los integrantes de dicho Consejo, que el presidente ya considera de “consenso” por el hecho de hacerle un lugar a alguno de los fieles sindicalistas que han sido los primeros colaboradores en permitir el ajuste sobre el pueblo trabajador.
Los aumentos jubilatorios de los últimos dos años bajo la ley de Movilidad Previsional fueron por detrás de la inflación, significando una pérdida del poder adquisitivo equivalente a $7.751,4 para los haberes mínimos que percibe el 70% de los jubilados, como fue analizado en un informe exclusivo de La Izquierda Diario.
Sin embargo, el cambio que propone el gobierno no apunta a recomponer lo perdido por las jubilaciones, sino por el contrario, evitar que la expansión de la economía prevista los próximos años pueda ser captada por los jubilados, cambiando la manera de actualizar el índice que rige los haberes (y también otras prestaciones que significan erogaciones sustanciales, como las Asignaciones Familiares y AUH) “esta vez sí” considerando los ritmos inflacionarios. Casualmente, en momentos en los que podrían reducirse unos puntos los incrementos de precios.
Te puede interesar: ¿Alcanzan las jubilaciones para llegar a fin de mes?
El incremento de la edad jubilatoria, por su parte, se atribuye a necesidades “demográficas” por el envejecimiento poblacional. Sin embargo, las condiciones de vida de los adultos mayores no son mejores. Es por ello que cada vez más son los colectivos de trabajadores que exigen reducir la edad de retiro debido a las condiciones insalubres de trabajo, la mayor explotación sobre sus cuerpos durante las jornadas laborales cada vez más intensas que imponen las patronales con el aval del gobierno y las burocracias sindicales.
Pero Macri apunta contra esos regímenes especiales y diferenciales conquistados, considerando que aquellos trabajadores tienen “privilegios” por buscar alternativas al “insostenible” (para el trabajador) Régimen General de jubilaciones.
Nada dijeron Marcos Peña ni el presidente Macri de eliminar los verdaderos privilegios que tienen los jueces, obispos y ex vicepresidentes, como denuncia la izquierda, con pensiones vitalicias que superan los $150.000, mientras el haber mínimo ronda los $7.245,37.
La izquierda, por el contrario, propone que ningún adulto mayor cobre menos de la canasta mínima de vida de los jubilados, la restitución del 82% móvil sobre los salarios brutos y no sobre el salario mínimo o sólo para un mínimo grupo que pueda excepcionalmente alcanzar los elevados requisitos exigidos (como evalúa el oficialismo), e instalar cláusulas gatillo de los haberes por inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo, (aquella con la cual el pretende el gobierno ahorrar).
Medidas que sólo podrán alcanzar una verdadera “equidad” y “sostenibilidad” si al mismo tiempo mejoran las condiciones del conjunto de los trabajadores, logrando en las calles que ningún asalariado gane menos que la canasta familiar, se eliminen las exenciones, desgravaciones y demás privilegios para las empresas y se restituyan las contribuciones patronales al 33% como antes de la rebaja que les dio Cavallo.
