Cinco meses de resistencia, acompañados en forma permanente por la represión estatal y un despliegue descomunal de tropas de Gendarmería de la Bonaerenese para cuidar los intereses de una patronal norteamericana y de sus laderos del SMATA.
Guillo Pistonesi Dirigente nacional del PTS. Miembro de la Mesa Nacional del FIT | @GuilloPistonesi
Martes 28 de octubre de 2014
Lo que poco se sabe es el rol de la Justicia penal en este entramado antiobrero de la empresa, la burocracia y los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires.
La Gendarmería siempre actuó o con el aval o directamente bajo las órdenes de jueces federales como Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado de San Isidro. Desde ese juzgado, dos semanas después del "accidente" fraguado por el "Gendarme Carancho", se ordenó la rotura del auto en el que estábamos junto a la nieta recuperada María Victoria Moyano, la dirigente de Pan y Rosas María Chaves y el diputado de la Ciudad en la banca rotativa del FIT Patricio del Corro, luego de haber lanzado muchísimo gas pimienta para que saliéramos del vehículo. Todos fuimos detenidos y pesa sobre nosotros una causa penal plagada de mentiras producidas por la propia Gendarmería, como que embestimos dos motos con el auto, y hasta le pegamos a gendarmes.
A partir de entonces todas las represiones que se sucedieron en esta histórica lucha se hicieron bajo la órbita y órdenes de este juzgado.
Hoy hay más de veinte compañeras y compañeros procesados penalmente por haber sido parte de esta lucha, casi todos militantes del PTS. Pese a la violencia y alevosía con que reprimió la Gendarmería, ¿cuántos procesados tiene la fuerza? Cero.
El "gendarme carancho", el comandante López Torales visto por millones cometiendo un delito, no solo no estuvo una hora preso, sino que ni siquiera ha sido procesado por tirarse arriba de un auto, romperlo, para armar una causa penal.
Ayer estuvimos con la jueza Sandra Arroyo Salgado. La entrevista la pedimos desde la dirección del PTS. La represión que terminó con el saldo de más de cincuenta heridos fue transmitida en vivo y en directo por todos los canales de noticias. Hubo dos presos esa noche que quedaron a disposición de... la jueza Arroyo Salgado. Ningún funcionario judicial se acercó al terreno, y no solo eso. Hasta ayer la jueza no había tomado medida alguna contra los gendarmes que hasta rompieron con su propio protocolo de actuación, disparando a mansalva contra manifestantes que ya se habían alejado de la traza de la Panamericana y saliendo de la jurisdicción federal (la propia Panamericana).
Todo eso, insisto, fue visto en vivo y en directo por millones. En términos jurídicos, los gendarmes cometieron un delito "flagrante", es decir, un delito que estaba produciendo en ese mismo instante. ¿Qué hizo la jueza, que ayer nos recordó que habla "permanentemente" con la Secretaría de Seguridad a cargo de Sergio Berni? Nada. ¿Por qué ante la "flagrancia" con la que actuaron los gendarmes no actuó de oficio apenas sucedidos los hechos?
Los golpeados, gaseados, heridos, baleados, detenidos, somos los que debemos hacer junto a los compañeros abogados las denuncias y presentarlas, para que los juzgados se tomen todo el tiempo del mundo para no castigar a ningún represor. Ya sucedió en el juzgado Federal de San Martín, a cargo de Alicia Vence. Allí fuimos con María Victoria Moyano a dar testimonio de la tremenda represión del 8 de julio, denunciando el accionar delictivo de Gendarmería, comandada por López Torales. Ya van a cumplirse cuatro meses, y nada.
En síntesis, una Justicia rapidísima para sofocar las protestas sociales y criminalizar a los que luchamos. Los gendarmes y policías, quienes ejecutan sus órdenes con violencia.
Los jueces penales son el otro brazo de la patronal yanqui de Lear. No hay que olvidarlo.
