CÁRCELES DE LA MUERTE. Juicio por la Masacre de Magdalena: impunidad con aroma macrista

Foto Agencia Andar

Doce años y cuatro meses pasaron de aquella fatal madrugada. Un tiempo más que suficiente para que las familias de los 33 internos de la Unidad Penal 28 de Magdalena que fallecieron aquel 16 de octubre de 2005 finalmente obtuvieran algo de justicia. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata este viernes decidieron prorrogar aún más la impunidad de muchos de los culpables de la peor masacre ocurrida en toda la historia penitenciaria bonaerense.

Solo Daniel Tejeda (el entonces director del penal), Raimundo Fernández (jefe de turno cuando se produjo el incendio) y Rubén Montes de Oca (el guardia que tenía las llaves del módulo 16 pero nunca abrió la puerta para que salieran los internos) recibieron una condena. El resto del puñado de imputados salió festejando de la sala de audiencias, mirando de reojo a los familiares de las víctimas y sus representantes legales, que no salían de su asombro e indignación.

Según anunciaron ayer los jueces Ezequiel Medrano, María Isabel Martiarena y Carmen Palacios Arias, 14 de los 17 imputados son inocentes. Ellos son, para que nadie se olvide, Cristian Núñez (guardia exterior), Jorge Martí (alcaide encargado), Juan Zaccheo y Gualberto Molina (subalcaides), Marcelo Valdiviezo (inspector de vigilancia), María del Rosario Roma (subprefecta), Juan Santamaría (encargado del pabellón 16), Juan Romano, Carlos Busto, Marcos Sánchez, Eduardo Villarreal, Mauricio Giannobile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez.

Para todos ellos las querellas habían solicitado penas de entre 2 y 15 años por delitos que iban desde el homicidio culposo hasta abandono de persona agravado por la muerte.

Tanto en el debate como en los alegatos quedó probado que el fuego que terminó incendiando el módulo 16 del penal fue una represión descomunal por parte del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense que utilizó como excusa una discusión previa entre los presos. Así es que tantos las querellas como la fiscalía no dudaron en solicitar penas para todos los imputados y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Lograron la impunidad”

En la tarde del viernes, tras conocer la sentencia, la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Carla Ocampo Pilla habló con La Izquierda Diario. La letrada participó del juicio en representación de Carolina Delgado y Analía Ortigoza, compañeras de los hermanos Marcos y Lucas Granados Baldovino, dos de los fallecidos.

“Cuando expusimos los alegatos habíamos dicho que esperábamos un fallo ejemplar, no esta sentencia. Sin dudas que se haya condenado a tres de los imputados (entre ellos nada menos que al director del penal de aquel momento) demuestra que los hechos que denunciamos fueron acreditados y no fue un accidente. Pero no podemos menos que estar disconformes con la absolución de los otro 14 responsables”.

Para Ocampo Pilla “hubo muchas deficiencias en la instrucción y eso derivó en que se llegara a un juicio complicado, con elementos probatorios difíciles después de doce años. Sin embargo no esperábamos bajo ningún punto de vista una sentencia como la que se dio”.

Si bien aún no se conocen los fundamentos de la sentencia (que serán publicados por el TOC 5 el 9 de marzo) la abogada de la CPM no dudó en afirmar que “después de doce años en los que las familias reclamaron justicia por esos 33 pibes, que hoy haya solo tres responsables penales habla mucho de la situación que estamos viviendo. Es un claro caso de violencia institucional en el que, pese a tres condenas, se logró la impunidad. Esta sentencia no repara en nada el sufrimiento de esas familias”.

“Que de 17 imputados, todos presentes en el momento del hecho, acreditada durante el debate la inacción de todos ellos para rescatar a las víctimas, hayan absuelto a 14 es claramente no estar a la altura de las circunstancias”, consideró la abogada. Y agregó un dato importante: “Muchos de los testigos del juicio son también penitenciarios e incluso alguno que otro fue una autoridad en aquel entonces. Siempre nos resultó difícil comprender cuál fue el criterio de selección para sentar a unos en el banquillo y a otros no. En lugar de testigos muchos deberían haber sido también imputados. Pero la causa en la que se investigaban las responsabilidades políticas fue archivada”.

Ocampo Pilla, sus representadas y el resto de las querellas esperarán a conocer los fundamentos de la sentencia. “Pero ya podemos adelantar que vamos a hacer uso de nuestro derecho a recurrir ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires”, afirmó convencida de que “es necesario enfrentar el mensaje que ayer intentó dejar el Poder Judicial, que cualquiera que esté bajo la custodia del Estado se puede morir y nadie va a pagar por ello”.