Alejandro Vilca junto a Guillermo Alemán presentaron un recurso de amparo ante la Justicia exigiendo la nulidad del intento de aumentar el boleto y la falta de información veraz que tiene el estudio de costos.
Miércoles 22 de noviembre de 2017
En la sede del Tribunal en lo Contencioso y Administrativo, se citaron Alejandro Vilca, diputado provincial electo junto a Guillermo Alemán, concejal electo por San Salvador de Jujuy, ambos son obreros de la recolección municipal y presentaron un amparo contra el aumento de boleto que impulsa la intendencia y está siendo avalado por el concejo deliberante.
Al respecto Vilca afirmó: “Presentamos esta denuncia legal como forma de agotar todos las instancias para denunciar este nuevo ataque al bolsillo popular que se basa en un informe de costo completamente falaz como demostramos con nuestros profesionales. Pese al discurso de transparencia del gobierno, incluso el mismo contador Rodríguez, que armó este informe a pedido de la intendencia radical reconoce que la información proporcionada por las empresas es sesgada y el Estado no informa sobre los subsidios que les entrega.”
Vilca, agregó que “no se puede avanzar con un aumento tarifario sin que la población pueda acceder realmente a información de primera mano, certera y completa sobre las ganancias y subsidios del sistema de transporte público de pasajeros. Por esto es que reclamamos la apertura de los libros de contabilidad de las empresas y que se realice una audiencia pública”.
Alemán por su parte manifestó “este cuestionamiento que hacemos, también lo comparten distintos organismos como la asociación de defensa del consumidor CODELCO y la defensoría del pueblo, pese a lo escandaloso de este tratamiento mediante una consulta “vía web”, los concejales de los bloques del PJ y del FUyO, no se pronunciaron al respecto, lamentablemente los sindicatos de la provincia también mantuvieron silencio”.
Alemán para finalizar enfatizó “esta situación del transporte urbano se debe, a que un puñado de empresarios hacen libre usufructo con un servicio esencial, sin que sepamos realmente qué se invierte, cuánto gastan y ganan realmente. Por si fuera poco son resguardados por el gobierno municipal y el concejo deliberante, que aparte de beneficiarlos con la licitación les facilitan informes de costo falaces que cuestan 150.000 mil pesos como le pagaron al contador Rodríguez. La salida de fondo es la estatización del servicio de transporte urbano bajo control de trabajadores y usuarios, los únicos interesados en tener un servicio de calidad y una tarifa a precio popular.”
