La ministra Isolda Calsina realizó declaraciones en el programa “El Pulso de la Semana” que generaron críticas en la docencia frente a las irregularidades del plan de apoyo escolar presencial. Delegados y delegadas de base del CEDEMS convocan a movilización para mañana a hs 10:30 en Plaza Belgrano.
Martes 9 de junio de 2020 17:19
En la noche de ayer la ministra Isolda Calsina participó del programa “El Pulso de la Semana” y se refirió al plan de apoyo escolar presencial que debería ponerse en práctica en su Fase 1 a partir de la semana que viene.
Frente a determinadas declaraciones de la ministra la sensación en la docencia fue más bien de que quedaron “más dudas que certezas”. En ese sentido, las críticas más señaladas en las redes sociales se refieren a la falta de operatividad y aplicación que tiene el plan del Gobierno, la justificación ministerial de que las escuelas no están en condiciones sanitarias ni edilicias para la vuelta a clases presenciales y la cercana relación con las directivas gremiales según definió la ministra, mientras la comunidad educativa no es consultada sobre el tema.
Un "plan" impracticable
Sobre el primer punto se cuestiona el hecho de que los y las estudiantes de las escuelas rurales o más alejadas o de difícil acceso se verán sin profesores debido a que al mismo tiempo continúa la prohibición del COE para el traslado en transporte público, por lo que el docente debería dirigirse a la escuela más cercana. ¿Y los chicos y chicas de las escuelas a las que los docentes no puedan llegar?
A su vez, la ministra afirmó que no habrá abono docente para el transporte mientras dure la prohibición de trasladarse en el mismo; o sea que si algún docente quiere contactarse con sus estudiantes deberá hacerse cargo de los costos (hay que tener en cuenta que ya hubo accidentes de profesores por querer llegar a las escuelas por sus propios medios: ¿los cubre algún seguro?). Es decir, que el Gobierno no garantiza las medidas para que el plan de regreso a las aulas sea operativo y aplicable.
Otra de las críticas más escuchadas es acerca del turno 20x10 para las escuelas rurales, debido a que hay docentes que tienen más de una escuela y se le superponen los días y horas con la modalidad de 20 días corridos de trabajo y 10 de descanso. La ministra dice en televisión que los docentes vayan a su escuela cercana, pero supervisores y directivos bajan directivas de que el plan 20x10 se mantiene ¿En qué quedamos? ¿Acaso no conocen desde el Ministerio estas realidades que hacen impracticable este “plan”?
El Gobierno no garantiza condiciones sanitarias básicas
En cuanto a la segunda cuestión que tiene que ver con garantizar las condiciones adecuadas de las escuelas y los elementos sanitarios básicos, la ministra justificó en una especie de “es lo que hay”, el mal estado de la infraestructura y que las cooperadoras y las familias deberían ayudar para tener los elementos de limpieza, de acuerdo al supuesto “Pacto Social Educativo”, un slogan vacío que no se pactó con nadie. Una vez más, el Ministerio se desliga de sus responsabilidades.
Calsina señaló que en la provincia hay 1100 instituciones que funcionan en 600 edificios, de los cuáles el 80% tienen más de 30 años: “es lo que tenemos, hay que tener paciencia” fueron las palabras de la ministra para justificar el deplorable estado de hacinamiento y de la infraestructura escolar. Teniendo en cuenta, además, que tanto docentes como estudiantes irán a las escuela más cercanas se producirá un aglomeramiento en algunos edificios.
¿Es eso lo más recomendable como medida sanitaria en momentos que comienzan los días más fríos? No sólo se cuestiona este plan por anti pedagógico al separar de hecho a docentes de sus estudiantes y viceversa, sino que además es inseguro e impracticable.
En cuanto a los elementos sanitarios y de limpieza necesarios, Calsina afirmó que deben ayudar desde las cooperadoras y las familias. ¿No sabe la ministra que la crisis económica está recayendo sobre las familias trabajadoras y humildes que envían a sus chicos a la escuela pública y vienen sufriendo despidos, rebajas salariales o están sin empleo y si perciben la IFE es un monto insuficiente? ¿Cómo puede delegar la responsabilidad sobre lo más elemental y básico para que pueda existir una vuelta a clases presenciales, en las familias y las cooperadoras escolares?
Si el gobierno no es capaz de garantizar estos elementos no se puede volver a la presencialidad. Cabe recordar que lo enviado hace unas semanas por escuela en cuanto a elementos de limpieza fue: 3 bidones de 5lts de lavandina, 1 bidón de 5 lts de detergente, 3 jabones, 2 trapos de piso, 1 par de guantes, 2 alcohol en gel de 250 ml. Parece una broma de muy mal gusto porque está en juego la salud y la vida de los docentes, estudiantes y familias y desde el gobierno no se hacen cargo de nada. Si se produce algún caso de COVID desde el Gobierno seguramente saldrán a culpabilizar a docentes, directivos o familias, pero el único responsable es el Gobierno.
Complicidad de los dirigentes gremiales
La tercer cuestión que dejó en claro Isolda Calsina fue la buena relación con las directivas gremiales: “tuvimos once reuniones en los últimos diez días”, señaló. Ese diálogo entre cuatro paredes excluye las demandas de la docencia y la comunidad educativa que no es escuchada ni por la funcionaria del Ministerio de Educación ni por los dirigentes gremiales, que parecen cada vez más voceros del ministerio que “representantes” de los y las trabajadores/as.
Por eso la lucha se viene organizando desde abajo exigiendo a esas conducciones que acaten los mandatos de las bases y se pongan a la cabeza de la lucha. Más de 80 delegados/as del CEDEMS hicieron pública la exigencia de asambleas al secretario general Jorge Montero y se movilizaron el pasado viernes junto a colegas de otros niveles. También un sector de delegados/as zonales exigen Congreso a la directiva de ADEP. Sólo con la movilización en las calles se consiguió que no se toquen derechos adquiridos como el pago por zona desfavorable. Para mañana hay una nueva convocatoria a Plaza Belgrano a hs 10:30 porque la lista de reclamos es tan grande como la irresponsabilidad del Gobierno.
Entre los principales reclamos están la exigencia de que se brinden cargos o un subsidio de emergencia a los cientos de docentes que están sin trabajo por la pandemia, que se reintegre a los y las docentes del Programa de Política Infanto Juvenil (PIJ) que contrariando con lo que plantea la ley provincial 6154 fueron despedidos, la reapertura de paritarias y la exigencia de que se pague el aguinaldo completo, que se brinden los abonos y no se toque el pago por zona desfavorable, que se derogue la ley 6118 de Junta de Calificación y se confeccione una grilla que respete la opinión de la docencia. Pero sobre todo que se planifique la vuelta a clase escuchando a la comunidad educativa, por eso desde los delegados y delegadas del CEDEMS invitan a movilizarse a estudiantes y familias en unidad.
Organizarse y coordinar para enfrentar la crisis
El contexto a estos ajustes encubiertos es que en el marco de la pandemia tanto en la provincia como a nivel nacional la crisis económica se está descargando sobre los trabajadores y el pueblo con despidos, rebajas salariales y en las jubilaciones, recortes a la educación, entre otras cuestiones. Mientras tanto, desde el Estado Nacional se subsidia a las grandes empresas o se las rescata como en el caso de Vicentín que viene de defraudar al Estado. En lo que va de la pandemia las erogaciones del gasto público en más de un 70% fueron a los empresarios. Ajustan para abajo pero a los ricos no les tocan un peso. Ni el Frente de Todos ni Cambiemos quisieron dar tratamiento al proyecto del Frente de Izquierda de gravar a las grandes fortunas, a los bancos y propiedades para recaudar 15000 millones de dólares que vayan destinados a la salud y a un salario de emergencia de $30000 a toda persona que haya perdido su ingreso por la cuarentena. En sentido contrario, mientras el pueblo se empobrece más, en lo que va del año se pagaron más de 5000 millones de dólares en concepto de deuda pública.
Comienza a sentirse el malestar con esta crisis económica y distintos sectores de trabajadores/as salen a las calles. Es urgente unificar esas luchas para organizarnos y discutir un programa de medidas que afecten a los que más tienen para que esta crisis la paguen los grandes empresarios y no los trabajadores y el pueblo.
