PROYECTOS IN-MORALES. Jujuy: el negocio inmobiliario en al Área de los Diques

La Legislatura jujeña, en línea con las políticas de Gerardo Morales y el macrismo, aprobó una ley que transforma el Área de Reserva Natural de los Diques en un millonario negocio.
 
En la sesión extraordinaria del jueves 7 de diciembre los legisladores jujeños aprobaron un proyecto de ley enviado por el gobernador Gerardo Morales, que deroga todas las leyes que protegían la zona de los Diques y propone la creación de una “Agencia de Desarrollo Sostenible” que tendrá amplias facultades para realizar proyectos inmobiliarios o “ecourbanizaciones”, priorizando la gestión “publico-privada”.

Con los oídos sordos a la protesta de la Organización Campesina de los Perilagos- MNCI, la Legislatura convirtió en ley este proyecto que permite disponer de tierras que, hasta el jueves, eran de dominio público (Ley 5.341) y además constituían un Area Natural Protegida (Ley 5.378).
 

Un poco de historia

 
Las tierras que actualmente componen el “perilago” de los Diques La Ciénaga, Las Maderas, Los Alisos y Catamontaña fueron adquiridas por el Estado para el desarrollo de las represas destinadas a abastecer de agua para riego y consumo a la región de los valles.

La construcción de los diques y de toda la red de canales de riego permitió ampliar la producción y favoreció el desarrollo del cultivo de tabaco, una de las principales producciones agrícolas de la provincia de Jujuy después de la caña de azúcar. En este proceso cientos de familias dedicadas a la producción de hortalizas y cereales fueron desplazados por el avance de producciones intensivas.

Los agricultores familiares de la zona del perilago forman parte de esta historia de desplazamientos. Algunos debieron abandonar sus predios productivos y sus casas y correrse a las zonas más altas cuando el dique Las Maderas fue inundado en la década de 1970.

Posteriormente, sobre las tierras aledañas a los diques se creó el Área Natural Protegida, zonificada en áreas de parque, área de transición y áreas intangibles. En el área de transición fue reconocida la existencia de familias que viven y producen en la zona e incluso establecía que debía regularizarse el dominio de las familias que habitaban la zona. Esto nunca sucedió, algunas familias intentaron iniciar juicio de prescripción pero como las tierras fueron declaradas de dominio público, no podían acceder al título de propiedad.

Con esta ley todos los que tengan capital para la explotación inmobiliaria podrán acceder a la propiedad e incluso serán eximidos de los impuestos para garantizar las “inversiones”.
 

Qué dice la Ley del gobernador Morales

 
El gobernador presentó un diagnóstico de la situación ambiental, aduciendo que la falta de controles y la inoperatividad del Estado, generaron que en la zona “la ilegalidad” se convierta en norma, provocando “asentamientos ilegales” y la degradación del ambiente.

Se hace mención a estudios realizados en la zona, que no fueron citados, pero que extrañamente caracterizan la vegetación de la zona primero como selva montana y luego como monte chaqueño, sin quedar muy en claro cuál es el verdadero estado de conservación, degradación o transformación del área.

Para remediar la situación de desprotección, el Gobierno propone desafectar la zona protegida, quitarle la jurisdicción al Ministerio de Medio Ambiente y crear una “Agencia de Desarrollo” descentralizada que depende en forma directa del Ejecutivo provincial.

Hasta la aprobación de la reciente ley, el Área era jurisdicción de la Intendencia de los Diques (creada por ley 5.378), que dependía del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy. Esta intendencia debía consultar todas las decisiones con la Comisión Asesora compuesta por un representante del área de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, un representante de la Asociación Bosque Modelo, del Consorcio de Riego de Los Pericos más representantes de los municipios de El Carmen, Monterrico y la comisión municipal de San Antonio.

Si bien esta Comisión no funcionó óptimamente, al menos daba participación al conjunto de actores que se ven afectados por cualquier decisión que se tome en la zona. A partir de ahora toda las facultades recaen en una Agencia descentralizada, cuyo referente será designado y dependerá exclusivamente del Contador Morales.

La venta de tierras públicas queda en manos de esta Agencia. No se explica cómo una agencia puede tener un mejor nivel de control ambiental que el propio Ministerio de Ambiente, ni por qué quedan sin voz en estos proyectos los municipios y los productores.

La caracterización social

 
En su fundamentación el Gobernador alude a tres problemas sociales: “asentamientos ilegales, riesgo sanitario y pérdida de calidad de vida de los pobladores”. Sin embargo no se menciona en la ley cómo serán abordados éstos problemas sociales, sobre todo el referido al riesgo sanitario.

Llama la atención que no exista mención a la problemática del agua en esta “caracterización social”, claramente hecha sin ningun relevamiento en zona.

Pese a vivir en el margen del dique las familias carecen de agua hasta el día de hoy y éste constituye uno de los principales problemas para mejorar su producción y su calidad de vida. Los productores tienen presentado y aprobado un proyecto para la provisión de agua para la producción; cuando el Ministro de Producción visitó la zona en 2016 se comprometió a llevarlo adelante, pero aún siguen esperando el financiamiento sin ningún resultado.

Probablemente “mejorar la calidad de vida” de las familias no sea la prioridad del Gobierno y hasta resulte incompatible con los intereses del negocio inmobiliario.

En cuanto a los asentamientos ilegales, la ley no especifica a qué áreas se refiere o a qué situaciones. ¿Considerará ilegales a los pobladores que ya habían sido reconocidos por leyes anteriores y que tienen una historia de posesión de más de dos generaciones?

Las leyes que actualmente rigen en la zona de los diques reconocen la existencia previa de pobladores; incluso preveían la regularización de su situación dominial que nunca se cumplió. Sobre la base de esta situación precaria el actual gobierno apura a las familias para que abandonen sus posesiones tradicionales.

En las últimas semanas estas presiones se acentuaron, las familias recibieron citaciones de la intendencia de Los Diques vía telefónica y en papel. Al presentarse en la Intendencia -que depende del Ministerio de Ambiente- les propusieron firmar un Acta Compromiso, prometiéndoles dudosos “Títulos de Posesión” (sic) a cambio de que cedan parte de su tierra. Con esta herramienta fraudulenta el intendente de Los Diques, Víctor González y su abogada buscan estafar a los poseedores para allanar el camino del negocio inmobiliario.
 
Los pequeños productores: agentes contaminantes. Los grandes inversores: exentos de impuestos.
 
Como fundamento para modificar el carácter y el uso de la tierra el gobernador culpa a los actuales poseedores de la tierra de realizar actividades “contaminantes” refiriéndose de esta forma a la agricultura y ganadería que desarrollan las familias campesinas. Es interesante que en ningún momento mencione los chalets que actualmente vierten sus residuos cloacales a las aguas del dique como factor de contaminación.
 
En contraposición, los inversionistas inmobiliarios y de turismo serán muy bien recibidos en los perilagos a partir de esta ley que apunta a promoverla bajo gestión público-privada para el desarrollo sostenible y propone eximir de impuestos a los inversores que lleguen a la zona para su “aprovechamiento”.

Nada dice el proyecto sobre los impactos de los desmontes que serán necesarios para las “ecourbanizaciones”, ni la cantidad de agua que habrá que destinar para los emprendimientos urbanísticos y turísticos (no solo para el consumo humano, sino también para el tratamiento de sus residuos cloacales).

Así, según esta ley, las familias que crían vacas, chanchos, cabras, gallinas; siembran maíz, cayote, zapallo y desarrollan pequeños emprendimientos de turismo rural, contaminan más y son menos sustentables que los loteos a gran escala y los grandes emprendimientos turísticos. La pregunta es ¿sustentable para quién?