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Red Internacional
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Ni una menos. Justicia declara 17 años de cárcel para Martín Pradenas ¿Cómo combatimos la impunidad femicida?

Este viernes se dio a conocer la condena del histórico caso que movilizó a miles de mujeres contra la violencia machista y una ley que tipifique el suicidio femicida. Se trata del juicio contra Martín Pradenas, agresor sexual de Antonia Barra y de seis mujeres en la región de La Araucanía.

Sábado 29 de julio de 2023

Este viernes se dio a conocer la condena de Martín Pradenas, de 31 años y perteneciente al sector acomodado de la región de La Araucania.

El resultado contra Martín Pradenas fue de 17 años de cárcel por siete delitos sexuales perpetrados contra seis víctimas entre 2010 y 2019, una de sus víctimas Antonia Barra, quien tras la agresión sexual se quitó la vida. Este caso, que se arrastra desde hace tres años, es simbólico en la lucha feminista del país tras visibilizar diferentes posturas para combatir la violencia machista, entre ellas el punitivismo con el aumento de condena para los agresores sexuales, la interseccionalidad desde el enfoque hacia una educación sexual integral y la organización de mujeres y disidencias sexogenéricas hacia un pliego de demandas con un plan de lucha desde la crítica a un sistema de doble explotación (capitalista y patriarcal) .

El caso contra Pradenas arrancó en 2019 con la denuncia de violación a Antonia Barra, cuando ella tenía 21 años. La joven se suicidó tres semanas después de la agresión, sacando a la calle a miles de mujeres en busca de justicia. La Fiscalía y la familia de Barra pedían 40 años de prisión para el “depredador sexual”. Alejandro Barra, padre de Antonia, se mostró en contra de los años de sentencia: “El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente. Y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que se le pudieran dar al imputado, nos calmará la tristeza de haber perdido a nuestra hija”.

Organizadas/es contra la violencia machista

El caso de Martín Pradenas es un caso emblemático de la impunidad machista y feminicida , quien tuvo el patrocinio del abogado Gaspar Rivas, histórico defensor de empresarios y políticos de la derecha en el Caso Lacan, Caso Huracán y de la exalcaldesa de Padre Las Casas, Rosa Oyarzún, quien fue investigada por fraude al Fisco.

Por otro lado, la movilización contra Pradenas expresó la visibilización del movimiento feminista a través de la tipificación del suicidio femicida con la Ley Antonia, decretada el pasado 2022. Esta ley integra la inducción al suicidio como una expresión femicida tras vivir un tipo de violencia independiente de la relación de la víctima con el agresor. Esta lucha ha interpelado al Estado y sus instituciones a la toma de acción frente a la violencia machista, pues el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), interviene la violencia machista sólo en contexto de pareja o hijos en común, tipificando los femicidios cuando se trata este tipo de relación y por ende, la reparación de las familias sólo se trata en el contexto de violencia intrafamiliar.

Para combatir la violencia machista, las mujeres y disidencias sexogenéricas necesitamos organizarnos en nuestro lugares de trabajo, estudio y barrios bajo un pliego de demandas que velen por nuestros derechos históricos como el derecho a igual salario e igual trabajo, el derecho a decidir por una maternidad deseada a través del aborto legal en el hospital, el derecho a una educación sexual integral sin la moral de las iglesias, por cupos laborales trans y por una ley de emergencia integral, que otorgue atención, protección y reparación a las víctimas de violencia machista.