Defensores ambientalistas. Justicia para ricos: 156 casos de criminalización de ambientalistas en Latinoamérica

El portal Mongabay Latam, publicó una investigación periodística donde revela que al menos 156 casos de procesos legales contra ambientalistas están presentes en cuatro países del continente, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Según los datos, Perú presenta la mayor cantidad de casos, con 77, seguido de Colombia, con 36, México con 22 y Ecuador con 21. Del total de procesos en contra de ambientalistas, 132 son hombres, 24 mujeres y del total 37 pertenecen a grupos indígenas.

En la investigación se revela que hay un alto grado de colusión entre el sector empresarial y estatal al momento de criminalizar a activistas que se oponen a ciertos proyectos extractivos, entre los cuales destaca la minería con 58 procesos abiertos y la agroindustria con 34. Los delitos más frecuentemente imputados son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.

De hecho, en 118 de los 156 casos, las demandas contra los líderes se originaron por conflictos ambientales con empresas privadas. Sin embargo, en la mitad de esos casos, es el Estado el que los denuncia la mayoría de las veces por "atentar, durante las protestas o manifestaciones, contra el orden público".

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Justicia a favor de empresarios

Para la ONG Wobal Witness el tema económico juega siempre en contra de el acceso a la justicia para activistas, pues mientras que grandes transnacionales disponen de todos los recursos legales, la mayoría de ambientalistas proceden de extractos precarizados de la población, sobre todo indígenas y trabajadores.

Esta ausencia de defensa desde el inicio del caso puede llevar a algunos defensores a prisión antes de ser sentenciados, de hecho, doce defensores en Colombia, Perú y México están actualmente privados de su libertad mientras su proceso sigue abierto.

Aunque los defensores ambientales suelen encontrar un apoyo legal en las organizaciones de derechos humanos, esto no siempre ocurre, al grado de que aún no es posible contabilizar cuantos casos hacia defensores existen debido al acceso restringido a defensoría legal, sobre todo hablando de pueblos indígenas.

Esta situación se ve agudizada con la pandemia, sobre todo en los meses de confinamiento, cuando pararon actividades administrativas, decenas de casos fueron relegados de la defensoría legal, ocasionando que algunos defensores llevaran el proceso en prisión.

Mientras tanto gobiernos han implementado políticas en beneficio de actividades extractivas como solución a la crisis económica resultante de la pandemia, tal es el caso del gobierno de López Obrador, que priorizó considerar esenciales las actividades económicas extractivas, como la minería y megaproyectos que comprometen el equilibrio de los sistemas naturales y sociales.

Al mismo tiempo, Colombia, con el gobierno de Iván Duque, ha alcanzado niveles de violencia máximos, posicionando al país como el más peligroso para la defensa de la naturaleza y el territorio. Tan solo en el 2020, 64 asesinatos de líderes sociales ocurrieron, a la par de la ola de criminalización contra comunidades indígenas que se oponen al avance de industrias extractivas, como el fracking y el agronegocio.

Latinoamérica representa la región más peligrosa para la defensa de la naturaleza, a pesar de las ratificaciones de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la situación para las y los defensores de la Tierra y el territorio sigue siendo adversa.

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