En 2019 IEALC (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe) y CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) publicaron un compilado de artículos centrado en los “cambios de signo” en los primeros gobiernos del siglo XXI en América Latina que se plantean al debate.

El libro parte de cierto consenso entre los autores sobre que los procesos en los que se arribó a este cambio de signo político se podrían caracterizar de conjunto (más allá de los diferentes matices) como pertenecientes a lo que ellos llaman el Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL) [1].

Esta definición de CINAL incluye ser el resultado de la activación de luchas populares, un contexto favorable por el precio internacional de las commoditties, la mayor autonomía relativa del Estado frente al mercado en comparación a los 90, la continuidad y profundización de un modelo extractivista, la utilización de recursos políticos organizativos existentes frente al despliegue de instancias sociales autónomas, el intento de impulsar un proceso de integración regional alternativo al estadounidense y, por último, que todos los demás elementos “resultaron insuficientes para contrarrestar la recomposición de fuerzas capitalistas que organizó una contraofensiva política” [2].

En base a estas características comunes los artículos profundizan en la primera parte del libro, a través de distintos autores y enfoques, los aspectos particulares de estos procesos en cada Estado, mientras que la segunda parte es la encargada de tratar artículos de forma más general. Con el objetivo de polemizar y desarrollar una crítica a la cuestión del Estado burgués en disputa, que tiene presencia en todo el compilado a partir de la discusión sobre el carácter y los alcances de las transformaciones en dicha institución y las propuestas combinadas de gestión y autonomía, nos proponemos guiarnos por algunos artículos en particular, siguiendo interesantes polémicas que se plantean en ellos a partir de Estados como Argentina, Bolivia y Venezuela.

¿El Estado y la transformación o la restauración?

Hablar del CINAL como el resultado de la activación de las luchas populares puede ser una simple relación causa - consecuencia, sobre todo en casos como el de Argentina y Bolivia donde el cambio de mando en el Estado fue antecedido en un corto plazo anterior de luchas de masas significativas. La discusión pasa también por el carácter que asumió el Estado ante esos procesos y las transformaciones en su estructura, en comparación con la década precedente.

En el caso argentino tanto los introductores como Adrián Piva, quien escribe el artículo en relación a este Estado [3], ponen énfasis en las características de restauración estatal. Thwaites Rey y Ouviña señalan que

En la Argentina, fue en la crisis de 2001/2002 donde quedaron condensados los límites de los modos predominantes de dominación neoliberal bajo la potencia de las luchas plebeyas pero, al mismo tiempo, la recomposición de poder posterior dejó al descubierto los también evidentes límites de los sectores populares para conformar un proyecto de disputa hegemónica de carácter autónomo y emancipador, que lograra rearticular al conjunto de las clases y grupos subalternos desde una perspectiva integral [4].

Piva a su vez observa cómo la asunción del poder político “estuvo mediada por la tarea de recomposición del poder de Estado y, por lo tanto, de clausura de la rebelión”. Señala acertadamente además diferencias con otros procesos de la región, planteando que:

El kirchnerismo fue exterior al proceso de movilización. Ello lo opone a otros movimientos políticos, como el chavismo en Venezuela y el MAS en Bolivia, nacidos al calor del proceso de movilización política disruptiva y constituidos en dirección de ese proceso (…) su función no fue principalmente restauradora, sino de transformación con contenido democrático-radical [5].

El primer enunciado en relación al carácter exterior del kirchnerismo respecto a las luchas que desembocaron en las jornadas revolucionarias de 2001 es cierto, al igual que también el rol originario del chavismo y de la corriente de Evo Morales dentro de los procesos de lucha, casos sobre los cuales el autor después no profundizará. Sin embargo, el carácter beligerante en estos procesos no tiene una vinculación directa con la idea de transformación democrático-estructural en el Estado. En ninguno de los dos casos las principales acciones estuvieron vinculadas al desarrollo independiente de la lucha de masas. Aunque Piva no ahonda en explicaciones de este segundo enunciado, podemos decir que en el caso del chavismo, apoyado sobre un sector de las fuerzas armadas nacionalistas, emprendió un proyecto que, lejos de caracterizarse por la democratización, estuvo ligado desde su llegada al gobierno al reforzamiento de las características del Estado integral (en términos gramscianos) a partir de la estatización de los movimientos sociales y de los sindicatos. Obviamente esto no fue gratuito sino que vino de la mano de la regimentación interna de las organizaciones limitando, en los hechos, acciones como el derecho a huelga [6]. En este marco, a diferencia del régimen “puntofijista” [7], el chavismo se apoyó sobre el ejército y los sectores pobres urbanos para poder desarrollar un regateo en mejores condiciones con el imperialismo, asentándose un tipo de régimen con elementos de lo que planteaba León Trotsky en los años 30 como bonapartismo sui generis de izquierda, donde no fueron características democrático radicales las que dieron contenido a esa expresión, sino la iniciativa estatal a partir de ciertas concesiones a la clase obrera y sectores populares [8]. A su vez, en el caso boliviano, el rol del MAS dentro de la contención del proceso revolucionario de 2003 es clave para el desarrollo del recambio institucional, dando apoyo a la asunción de Carlos Mesa (vicepresidente del oligárquico Sánchez de Losada) y permitiendo la recomposición estatal en el marco del extendido levantamiento con características insurreccionales por parte de las masas obreras, campesinas y populares [9].

Jorge Viaña en su artículo “El ciclo estatal boliviano 2010-2018 y la necesidad de una estrategia clasista” va más allá de la definición de Piva y plantea el proceso de los primeros años del gobierno de Evo Morales como “revolución política parcial”. Según el autor,

en el plano de las estructuras más profundas podemos afirmar que incluso se dio –retomando los conceptos zavaletianos– un cambio de forma primordial, lo que permitió construir mayores trechos de autodeterminación estatal y, parcialmente, social, que ha posicionado al Estado boliviano, por ejemplo, como antiimperialista [10].

A su vez, siguiendo un informe de Daniel Rafuls Pineda y José René Valdés Díaz plantea en el mismo artículo que

hay una diferencia evidente entre revolución social y una revolución solo política. Mientras a la primera (revolución social), por ejemplo, la vinculan más al inicio, desarrollo y culminación de una época histórica que marca una nueva tendencia del desarrollo social y, consiguientemente, el tránsito de una formación económico social vieja a otra superior; a la segunda (revolución política), la utilizan concretamente para calificar el acto, o proceso, mediante el cual una clase social que ha tenido el control del Estado, es sustituida por otra [11].

En primer lugar, es cierto que en los casos donde hubo mayor descomposición estatal producto de las crisis que antecedieron (Venezuela, Bolivia), la radicalidad de las medidas y de los roces con el imperialismo fue mayor que en otros Estados como Brasil, Uruguay y Argentina. La iniciativa estatal, de la mano justamente de quienes fueron mediadores en estos procesos y posteriormente ganadores electorales, da cuenta de que sin haberse deteriorado íntegramente las principales instituciones de dominación (a nivel represivo y hegemónico) pueden contenerse determinadas demandas que recompongan el poder estatal. De ahí que si bien hubo varias transformaciones a nivel de política pública frente a la matriz noventista, ello no produjo un punto de quiebre frente a cuestiones estructurales de la política neoliberal (reprimarización de la economía, extractivismo, entre otros) que mantuvieron las características dependientes del Estado más allá de los mayores niveles de tensión durante los mandatos de Evo Morales entre el régimen político y el imperialismo.

Ejemplos como el boliviano, donde los efectos de la crisis política dieron origen a un recambio del elenco estatal hacia uno “más plebeyo” (lo que para el autor da cuenta de una revolución política parcial) es bastante exagerado considerar que golpearon al Estado en un sentido revolucionario, teniendo en cuenta que sus instituciones esenciales mantuvieron vigencia y ese movimiento de recambio en los mandos estatales no operó como una política de clase. La implementación de ciertas medidas democráticas como el reconocimiento de los pueblos originarios fue desarrollada en tanto no afectó cuestiones estructurales del desenvolvimiento del capital. Justamente, como contracara de ese proceso, en la Asamblea Constituyente donde se conforma el Estado Plurinacional de Bolivia (2006), también se le otorgan concesiones a la derecha golpista en relación a la autonomía demandada sobre sus zonas de gobierno, estratégicas a nivel económico en tanto mantenían un relativo nivel de administración sobre los recursos hidrocarburíferos. La represión sobre comunidades originarias como los TIPNIS, con el objetivo de desarrollar caminos ligados a la explotación natural del Amazonas, o el intento frustrado de aplicar un “gasolinazo” en 2011, todos se inscribieron en la lógica que marca Mariana Giaretto en su artículo “Luchas territoriales y Estado: aportes teórico-políticos para el análisis de experiencias en América Latina”:

A través de la criminalización, el Estado se reubica en la centralidad de la disputa social, en la medida que opera para organizar y unir a los sectores dominantes detrás de los proyectos extractivos, así como para dividir y cortocircuitar las formas de organización de los sectores populares que resisten y se rebelan contra su ofensiva [12].

Es en este sentido que la irrupción del MAS como mediación en el Estado frente a una crisis orgánica y una fuerte deslegitimidad del Estado luego de los procesos 2003 operó como causas que recompusieron el poder política estatal con muchas características restauradoras no compatibles con el contenido “revolucionario” que le da el autor del artículo.

Te puede interesar: García Linera y el “pensamiento acrítico” latinoamericano http://www.laizquierdadiario.com/Garcia-Linera-y-el-pensamiento-acritico-latinoamericano

Acerca de los límites de la cuestión estatal

Los autores de los diferentes artículos del libro coinciden en el diagnóstico acerca de que la mayoría de los gobiernos progresistas no pasaron la prueba frente al agotamiento del ciclo de las commoditties y que dieron inicio a una política de mayores concesiones hacia las clases dominantes en relación a la situación encontrada al comienzo de sus propios gobiernos o bien estas pasaron a ocupar “mayores espacios de decisión” a nivel estatal.

Es interesante desde este punto de vista la reflexión que hace Santiago Ortiz Crespo, quien en el artículo “Revolución Ciudadana en Ecuador. De lo nacional popular a lo nacional estatal” toma la legitimidad del primer período de Rafael Correa en base a

la conformación del amplio bloque policlasista sin mayores conflictos internos es factible porque Ecuador vive un período de expansión económica: cuando “crece el pastel” hay más posibilidad de conciliar intereses y que los conflictos de clase no aparezcan. En una fase de bonanza en donde “todos ganan” el gobierno no cree necesario acometer reformas estructurales de mayor calado que modifiquen los canales de acumulación del capital privado. Es decir, la capacidad del Estado y la expansión facilitan la integración del bloque social y la afirmación de un modelo de corte primario exportador con redistribución y sin mayores conflictos [13].

Aquí vemos dos cuestiones que podríamos generalizar para el devenir del resto de los gobiernos del ciclo del CINAL, al menos según varios de los autores que participan del compilado. En primer lugar, está el límite de las alianzas policlasistas en momentos de vacas flacas; en segundo caso, la idea que quedaron pendientes las transformaciones estructurales como un propio canal de gobierno para “radicalizar” los procesos desde el mismo Estado.

Jorge Viaña deja asentada una alternativa frente a una crisis en consumación en su artículo sobre Bolivia. Escrito antes del último proceso electoral y el posterior golpe de Estado, el autor, preocupado por una lógica de arribismo estatal impulsada desde el propio partido de gobierno y la limitada organización de las clases populares, señala la necesidad de una “estrategia que [ponga] el énfasis en seguir disputando dentro de las masas movilizadas y la sociedad misma la iniciativa política y en avanzar hacia formas de poder popular y autogobierno social” [14]. Frente a ello propone distintos modelos a emular:

Se trata, en nuestras condiciones históricas concretas y sin repetir autoritarismos y feligresías conservadoras, de emular los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba (CDRs), los círculos bolivarianos y las comunas en Venezuela, etc., de avanzar hacia la construcción de poder popular y empoderamiento creciente, real y práctico de las clases trabajadoras desde la sociedad, sobre la base de una movilización de masas [15].

Desde este punto de vista, es importante tomar en cuenta si el rol de estos organismos puede tener algún tipo de vínculo con un proceso de organización política independiente de las clases populares y a su vez el desarrollo de una política estatal. En relación al caso venezolano, Omar Vázquez Heredia en su artículo “Estado y crisis del posneoliberalismo extractivista en Venezuela (2009 – 2016)” señala que

En términos generales, esas experiencias organizativas se encuentran totalmente subordinadas a las tareas administrativas de distribución en sus territorios del ingreso petrolero a través de la concreción del trabajo reproductivo de la fuerza de trabajo en las Misiones Sociales o en otras políticas estatales como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) pero también existen otras, claramente minoritarias, en las cuales se despliegan prácticas más autónomas y que ejecutan en espacios microlocales emprendimientos productivos relacionados con la economía comunal, que producto de su baja escala económica, financiamiento estatal y surgimiento fuera de los centros de trabajo desestiman la recuperación de los medios de producción [16].

Es decir que en las comunas venezolanas los niveles de organización estuvieron estrictamente limitados a cuestiones que no afectan lo estructural del funcionamiento de un Estado burgués dependiente, casi absolutamente de la renta petrolera. Si bien puede haber sido una forma para solidificar determinado nivel de apoyo popular al gobierno, eso no tiene ningún tipo de relación con una política de clase donde las definiciones sobre el desarrollo de la producción y la distribución (con respecto al qué hacer con la renta petrolera en el caso venezolano) se vuelven fundamentales para cuestionar las bases que sostienen el carácter dependiente y atrasado del Estado sobre lo cual existe un amplio consenso entre los diferentes autores que forman parte del compilado sobre que no hubo un cuestionamiento profundo en este y en todos los gobiernos que forman parte del CINAL.

Caso aparte es el cubano, donde sí estamos hablando de revolución y la consolidación de un nuevo tipo de Estado, producto de la destrucción de las fuerzas represivas del anterior a partir del enfrentamiento armado. Una dirección como la de este proceso fue más allá de sus propios objetivos. El programa democrático-burgués del Movimiento 26 de Julio a partir de las propias circunstancias de enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, nacionalizó la industria y la propiedad de la tierra generando así las bases para el desarrollo de una economía planificada, lo que será caracterizado por el Che Guevara como “revolución de contragolpe” [17]. Sin embargo, ello no puede inscribirse como una política de clase en tanto las definiciones sobre las riendas políticas y económicas no se dieron desde instancias de democracia obrera, sino donde el rol de organismos como los comités de defensa de la revolución quedó absolutamente condicionado a los lineamientos que definen los congresos de un estalinizado Partido Comunista. Mismo en el período de los albores de la revolución existieron tendencias que plantearon importantes aspectos de oposición al programa de gobierno y en defensa de la revolución, pero pagaron sus críticas con la cárcel, la represión y el hostigamiento [Ferri, Claudia, “Breve historia del trotskismo cubano”], La Izquierda Diario, 19/5/2019.]].

Volviendo al caso de los gobiernos del CINAL, desde esta concepción crítica, la idea de autonomía y el apoyo a gobiernos que manejan el Estado burgués arbitrando diferentes bloques de alianzas policlasistas mantienen un margen acotado de posibilidad de desarrollo. Una política de autoorganización independiente de la clase obrera y los sectores populares cuestiona, de hecho, las bases estructurales sobre las que se constituye el atraso y la dependencia histórica en los Estados latinoamericanos, aspecto que ni siquiera los gobiernos populistas “más radicales” del siglo XXI (como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador) llegaron a poner en cuestión. El afianzamiento de una política basada en ese tipo de organización no puede ser desde la colaboración del Estado burgués, sino, en enfrentamiento abierto contra él.

Sobre la radicalización que no fue

Luego de la salida de este libro fueron varios los procesos que por alguna u otra vía dieron final concluyente a la mayoría de los gobiernos que se incluyen dentro del CINAL. La caída del gobierno de Evo Morales por la vía de un golpe de Estado apoyado en las fuerzas armadas dio muestras de que el aparato represivo al cual Evo Morales modernizó fue clave para la ofensiva de la derecha.

La tradición sobre la concepción de la disputa por parte de sectores de la izquierda al interior del Estado burgués tiene una larga data en Latinoamérica. En los 70, las expectativas de la izquierda peronista en la gestión estatal-ministerial durante el gobierno de Héctor Cámpora y sectores de la izquierda reformista en Chile con el gobierno de Salvador Allende se vieron rápidamente socavadas con la ofensiva brutal del aparato represivo de Estado.

En menor nivel de intensidad, la mediación frente a procesos de lucha de clases que expresaron varios de los gobiernos incluídos dentro del CINAL, a principios del siglo XXI, vieron agotada su capacidad de maniobra en momentos de crisis, y comenzaron el ajuste, dando lugar al triunfo electoral de la derecha y también a su ofensiva golpista por las vías del golpe en casos como Bolivia, y el golpe institucional en Brasil, frente a estos avances tampoco ofrecieron resistencia a nivel de enfrentamiento, sino que aceptaron en gran medida las limitaciones y prescripciones de regímenes antidemocráticos.

Te puede interesar: García Linera y el ocaso de la ilusión posneoliberal

Desde este punto de vista la idea de desarrollar una relación “relación de fuerzas” alrededor del Estado queda limitada por el carácter de este en tanto garante del orden burgués. Desde esta visión la aparición de los gobiernos posneoliberales sobre los cuales los autores trabajan, no revista como continuidad de lo que fueron las luchas populares que cuestionaron el modelo noventista, sino más bien como su límite.

Más allá de ciertos niveles de concesiones que pueda manejar en distintos momentos devenidos de crisis orgánicas (como lo fue con los gobiernos sobre los que detalla el compilado), en tanto el desarrollo de esas concesiones no cuestiona su carácter capitalista y también permite relegitimar instituciones cuestionadas a nivel de masas en pos de hacer perdurar los grandes negocios capitalistas. En circunstancias de mayor agudización de la crisis económica como las actuales, la frustración de las expectativas se refleja de forma mucho más acelerada, con gobiernos que se presentaban como nuevos progresismos alternativos –AMLO en México y el retorno del peronismo al gobierno en Argentina– que rápidamente, luego de su llegada al poder se apoyaron sobre el establishment y el imperialismo para desarrollar sus políticas de gobierno asentados en el consenso burgués.

Es decir que la cuestión no solo pasa por si el Estado es atendido por sus dueños, sino también por las lecciones que tomaban Marx y Engels de la Comuna de París, cuando posteriormente a ello escribían para la introducción de 1872 del Manifiesto comunista: “la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus propios fines”, sino reemplazado por uno nuevo, organizado desde instituciones sobre las cuales se apoye la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares, es decir, en confrontación abierta con el Estado burgués y sus instituciones.

Frente a las perspectivas de crisis económica e intenso aumento de la precarización laboral y los despidos en una situación crítica por una pandemia mundial que golpea fuerte a la región, estas discusiones se vuelven importantes frente a la posibilidad de emergencia de embates de la lucha de clases como ya anticiparon las revueltas en diversos Estados durante 2019 como Chile, Ecuador y Colombia, al igual que la aparición de distintas mediaciones que buscaron contener dentro del régimen los procesos de lucha abiertos, como en el caso del peronismo frente a las jornadas de diciembre de 2017 en Argentina.