El caso de Antonia Barra reactivó la fuerza de las mujeres que por todo el país salieron decididas a “hacer justicia” frente a la conveniente determinación de los tribunales de dar irrisorias medidas cautelares al hombre acusado de cinco abusos y violaciones sexuales. Mientras cumple medidas cautelares en la comodidad de su hogar, la paradoja con los presos políticos mapuche o del estallido se vuelve evidente: de ejemplo un joven profesor que pasó 56 días en la Cárcel de Alta Seguridad por “patear un torniquete” en el marco del estallido social.
Viernes 24 de julio de 2020
Cacerolazos, performances, gritos por justicia y sobre todo bronca fue lo que vimos durante este miércoles por parte de miles de mujeres en todo Chile. Y es que luego de haber seguido de cerca la formalización de Martín Pradenas, quien es acusado por cargos de abuso y violación a 5 mujeres y niñas, y la irrisoria resolución del juez Federico Gutiérrez, miles de mujeres se decidieron a ser la voz de Antonia.
Es paradójico que las medidas cautelares frente a un acusado de abuso y violación, que no coopera con el caso y que destruye material de prueba, sean arresto domiciliario en un momento donde millones de personas en Chile se encuentran confinados en sus hogares a causa de la pandemia. Esto paralelo a las estrictas medidas cautelares que cumplen los más de 2.000 presos políticos de la revuelta en el país, que incluye muchas veces cárcel común, confinamiento en centros del Sename, firmas semanales, entre otras.
Y es que el rol de la justicia quedó al descubierto, ese carácter de clase, racista y patriarcal que se encubre tras la frase “todos somos iguales ante la ley” sale a flote con resoluciones judiciales como estas. Porque mientras un joven profesor, como Roberto Campos, estuvo tres meses preso en una cárcel de Máxima Seguridad por patear un torniquete, en los tribunales se hace caso omiso y se naturalizan abusos con justificaciones como que “Se trató de una acción consentida y con rasgos de ebriedad”, siendo que la denuncia de la víctima, más los relatos de testigos son contundentes respecto a la vulnerabilidad de la víctima.
¿Y será que en este Chile neoliberal es más grave patear un torniquete de una estación de Metro que violar a una mujer? Lo que evidencian los tribunales con estas resoluciones dice que sí, y muestra a todas luces cómo tribunales, jueces y todo el sistema funciona en base a quienes pueden pagar y quienes no. Porque no solo se trata de una lectura machista de una situación que (como hemos visto en otros aberrantes casos como el de Nabila Riffo) prejuzga a las mujeres por ser mujeres, sino que además el factor “influencia y dinero” se vuelven fundamentales; mientras más pobre, menos probabilidades tienes de pagar un abogado como el contratado por Prádenas, quien trabajó en el caso para rebajar la condena de Walter Ramírez, policía que el año 2008 asesinó al comunero mapuche Matías Catrileo, o quien formó parte de la defensa de Alex Smith, en el marco de la bullada “Operación Huracán”.
La careta se cae y las mujeres este miércoles lo denunciamos con fuerza. En el marco de la pandemia salimos con furia a defender nuestro derecho a la vida y a la existencia, nos aguantamos la represión recibida y gritamos “Nunca más sin nosotras, justicia para Antonia Barra”; que se apronten los tribunales, sus jueces, abogados y todo su sistema, porque esta consigna no solo es un grito de guerra, es una postura implacable que ya decidimos tomar.
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