VIOLACIÓN DE DERECHOS. Justicia platense vulnera el derecho a la defensa de personas detenidas

En un acto que vulnera los derechos de las personas privadas de su libertad, la titular de la Fiscalía nº 2 de La Plata, Betina Lacki, tomó declaraciones indagatorias a personas detenidas en comisarías por vía remota, sin acuerdo de las partes y sin la presencia de sus defensas. Una clara violación a garantías procesales elementales que establece la Constitución y los tratados internacionales.

Así lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a través de un comunicado que dio a conocer en la tarde de ayer. Desde el organismo advierten que “La medida impide no sólo el derecho de defensa sino que afecta una salvaguarda esencial para las personas detenidas, la de mantener comunicación privada con su defensor sin presencia de policías. En un contexto de crecimiento de los casos de torturas y de intervenciones policiales que restringen de manera arbitraria e ilegal la libertad, la medida genera condiciones de posibilidad para convalidar graves violaciones de derechos humanos”.

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Los fundamentos esgrimidos por la funcionaria judicial están basados en cuestiones de índole sanitaria, amparándose en la resolución 293/20. Dicha resolución aprobó una guía de pautas mínimas para la preparación y celebración de actos, audiencias y entrevistas en el marco del proceso penal por medio de videollamada, de conformidad con las normas convencionales y legales vigentes en el marco de la pandemia. Sin embargo en la misma resolución, su artículo 5 aclara que “todas las partes y organismos intervinientes deberán prestar su conformidad para la celebración de la videollamada”, siendo el consentimiento expresado por nota o correo electrónico.

Obligación que no fue cumplida según lo expresó la Defensoría General de La Plata a cargo de Omar Ozafrain por lo que, junto a los defensores oficiales Eliseo Graziano y Mariela Porcel, presentaron acciones de habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones, denunciando la violación al derecho de defensa de la persona detenida y la comunicación privada y confidencial con su defensor. El titular del Juzgado de Garantías n°3 Pablo Raele la rechazó.

Este hecho, no puede dejar de entenderse en un contexto donde la llegada de la pandemia profundizó la vulneración de derechos de las personas detenidas, en marco de mayor punitivismo por parte del Estado. Un relevamiento de la CPM señala que la sobrepoblación en las comisarías bonaerenses alcanzó su récord de los últimos 15 años, con 5.480 personas detenidas en 1.199 cupos disponibles. Sin las medidas de higiene y control ante casos de covid. Personas detenidas, en la mayoría de los casos por delitos menores, y por más tiempo del establecido por ley.