Horas después de que la Generalitat decretara este domingo el confinamiento de Lleida y siete municipios más del Segrià, la jueza de instrucción número 1 de Lleida lo ha anulado al considerar que exceden sus competencias. El Govern no acepta la resolución judicial.
Lunes 13 de julio de 2020
FOTO: EFE/ Alejandro Garcìa
La Generalitat había anunciado por la tarde del domingo el confinamiento total de Lleida, además de otros siete municipios de la comarca del Segrià. A pesar de haberlo negado durante toda la semana, la consejera de Salud Alba Vergés y el consejero de Interior Miquel Buch, han comparecido la tarde del domingo para informar del endurecimiento de las medidas debido a los rebrotes que se han originado en la zona. Otros municipios afectados por el confinamiento son Alcarràs, Aitona, Soses, Seròs, Massalcoreig, Torres de Segre y La Granja d’Escarp.
Esta medida debía entrar en vigor a las 00:00 horas de esta noche por un periodo de quince días en los que quedaría prohibida la entrada y salida de estos municipios y solo se podría desplazar dentro de la zona confinada por motivos laborales, para proveerse de alimentación o para atención de personas dependientes, prohibiéndose nuevamente las reuniones de más de 10 personas. Las medidas de confinamiento total se habían adoptado después de constatarse en las últimas 24 horas, 190 nuevos casos de contagios por Covid-19.
No obstante, la juez, ha tumbado esta orden por considerar estas medidas “desproporcionadas” y que corresponden a “una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso”. Y explica que en el auto: “En todo caso, el presidente de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”. El aumento de nuevos contagios en la comarca del Segrià, - donde se han registrado desde mediados de junio los mayores brotes en el Estado español desde el fin del confinamiento-, había llevado al Govern a tomar medidas drásticas que la justicia ha tumbado.
“Las medidas pretendidas no solo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no habiéndose identificado ni subjetiva ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida”, afirma la magistrada. Y sugiere que La Generalitat podría haber tomado otras medidas como “individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento” en virtud de la ley de protección civil de Cataluña.
Por su parte, la jueza pone en duda las informaciones dadas por la Generalitat, “No nos aportan ningún dato más, ni por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos, para establecer esta afirmación”, concluye el auto.
La realidad es que ni el Govern catalán, ni el central, ni jueces responden seriamente a la grave crisis frente a la pandemia. El Gobierno de Sánchez se lava las manos porque derivó las competencias de sanidad el mes pasado. El de Torra-Aragonès también porque dice que la culpa es de Madrid porque no regularizan a los temporeros sin papeles. Y un juez, después que ninguno dijera nada del confinamiento de la Conca d’Òdena, dice que el confinamiento del Segrià no es competencia de la Generalitat catalana. Todos se echan la culpa y se consideran inmaculados pero los contagios aumentan sin inversión en sanidad y en testos masivos.
Este domingo según Generalitat se sumaron 816 nuevos positivos en toda Cataluña, la mayoría correspondientes a la comarca del Segrià, que aumenta a 1.500 casos desde el inicio del brote, vinculado a empresas hortofrutícolas en plena campaña de la recogida de fruta donde la precariedad, hacinamiento y explotación que sufren los trabajadores son y fueron siempre una característica del sector. En solo 24 horas registraron 190 casos más y la transmisión del virus ya es comunitaria y, por tanto, muy difícil trazar el origen de los infectados que van apareciendo.
El Ejecutivo catalán considera que “esto no es un estado descentralizado"
La consellera de Salut, Alba Vergès, se ha mostrado ofuscada con la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, “No tomamos medidas para gusto”. Y ha lamentado el “desbarajuste” y criticado la cuestión competencial ocurrida durante toda la gestión del estado de alarma en esta pandemia recriminando que “esto no es Estado descentralizado” tal como lo considera el Gobierno central.
“Que tengamos que pedir un por favor del estado de alarma cuando el Gobierno dijo que tenemos las competencias, me parece una mala apuesta. Esto no es un estado más descentralizado”, ha sentenciado Alba Vergés.
En estos momentos el Ejecutivo catalán está reunido desde primera hora de la mañana con los servicios jurídicos de la Generalitat con el objetivo de analizar la situación y está previsto que Quim Torra se reúna con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, y con los consellers de la Presidència, Meritxell Budó; de Interior, Miquel Buch, y Alba Vergés, para decidir los pasos a seguir.
Por su parte el Govern catalán niega que haya cometido errores jurídicos. El vicepresidente Aragonès, en declaraciones a la Ser Catalunya ha explicado que el Govern ya decretó el confinamiento de la Conca d’Òdena y no concurrió problema jurídico alguno, “En los dos casos hay una limitación de movimientos”, por lo que “creo que aquí nos encontramos con una mala decisión judicial” y, “entre un juez y un médico a la hora de proteger mi salud lo tendría claro”, ha señalado.
Y según la consejera de Salud, “Tenemos las competencias en salud pública y, que tengamos que pedir un por favor del estado de alarma cuando el Gobierno dijo que tenemos las competencias, me parece una mala apuesta. Esto no es un estado más descentralizado”.
Mientras, el Govern continúa recomendando las medidas que decretó este domingo, en lugar de hacerlas obligatorias, alegando que “nadie quiere ir a una situación peor” y sugiriendo “a todos que detengan los actos no imprescindibles y se queden en casa”, dijo Vergès.
El Govern no acepta la resolución judicial
Se ha realizado una comparecencia de este lunes por la mañana del president de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresident Pere Aragonès para analizar la decisión de la jueza sobre el endurecimiento del confinamiento en Lleida.
Quim Torra ha declarado que "El Govern de la Generalitat aprobará un decreto ley para poder actuar con la contundencia que sea necesaria para combatir el virus".
Por su parte, Pere Aragonès ha dicho en el mismo sentido que "Queremos destacar que las medidas que hemos tomado tienen el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía"
De este modo, el Govern impondrá por decreto ley el confinamiento en Lleida y el Segrià ya que, según ha sentenciado Torra, "No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado la jueza" y "No podemos entender que puedan haber obstáculos burocráticos cuando se toman decisiones por la salud de las personas".
Iremos ampliando
