La omisión del Estado ante las recomendaciones de derechos humanos por la liberación de Kenia Hernández, además de la atribución de un nuevo delito por parte de la Fiscalía, impone la necesidad de fortalecer la lucha por su defensa.
Jueves 8 de abril de 2021
El Colectivo Zapata Vive enfrenta una nueva represalia del Estado en relación con el encarcelamiento de Kenia Inés Hernández Montalván, presa política desde el pasado 18 de octubre a manos de la Guardia Nacional.
Kenia enfrenta ya cinco cargos de orden federal y dos de fuero común, de estos últimos, no se han presentado pruebas en su contra y los primeros son de carácter meramente político.
La Fiscalía General, que acusa a Kenia por “manifestarse demasiado”, ahora presenta un nuevo cargo federal en contra de la activista, nuevamente por “ataques a las vías generales de comunicación” en el Estado de Guerrero.
Se trata de la causa penal 28/2021, acreditada por el mismo juez federal que vinculó a proceso a Kenia y le dictó prisión preventiva, José Miguel López Rodríguez, mismo que se negó a llevar el caso con perspectiva de género porque “sólo aplica a las mujeres sumisas y vulnerables”.
En el caso de Kenia, “manifestarse demasiado” significa un “peligro social” para el Estado, por lo que su aprehensión pretende ser utilizada como ejemplo sancionador para inhibir los actos de protesta, como mencionamos en la entrevista a uno de los abogados que lleva el caso de Kenia, el presidente de la organización de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, Antonio Lara.
Puedes revisar: Impunidad para militares, cárcel para activistas: ¿Qué pasa con Kenia Hernández?
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En palabras del abogado Antonio Lara, el delito por ataques a las vías de comunicación “en estricto sentido no es un delito grave”, pero la Fiscalía señala el agravante de significar un “peligro social”, siendo uno de los pocos mecanismos con los que se ha obtenido una respuesta de la autoridades ante los ataques contra los derechos humanos, por los que lucha el Colectivo Zapata Vive y el Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero, de los cuales Kenia forma parte.
Lo verdaderamente grave es que el derecho a manifestarse pueda ser considerado un delito o peligro social, para la justicia de un gobierno que dice, en su discurso, ser “pro DDHH” y estar a favor de la “libertad de expresión”.
Hay que tomar en cuenta que Kenia tiene un amparo en contra de la causa de fuero federal de vinculación a proceso por ‘“ataques a las vías generales de comunicación” en Guerrero, cargo por el que el juez de la Fiscalía la condenó a prisión, impugnando el amparo sin siquiera permitirle el derecho a fianza. En el caso de los cargos de fuero común del Estado de México, se necesita una recomendación de alguna institución de defensa en derechos humanos para apelar a la Ley de Amnistía, de acuerdo con lo que el movimiento ha podido averiguar para exigir su libertad.
Lo complejo de la situación que el Estado impone a Kenia lo hemos comparado con la inmediata liberación del extitular de la Secretaría de Defensa Nacional, Cienfuegos Zepeda, que ni siquiera fue sometido a proceso por, según la justicia y el estado federal mexicano, falta de pruebas ante los cargos que le eran imputados por su, según estos también, presunta participación en actos de lesa humanidad.
Otro hecho agravado, es que Kenia no ha recibido protección por parte del Estado a pesar de encontrarse inscrita en el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su desplazamiento del estado de Guerrero por las amenazas de grupos paramilitares y de agentes estatales; al contrario, ese Mecanismo Federal sólo probó ser contraproducente en su caso al brindar información que luego utilizó Caminos y Puentes Federales (Capufe), el acusador de Kenia, para asegurar la continuación del proceso judicial de la activista durante la audiencia del 31 de octubre del año pasado.
El convenio que buscaba la Fiscalía General de la República (FGR) era que Kenia aceptara que protestar es un delito, lo que es distinto a dejar de liberar casetas como forma de protesta, algo que Kenia estaba dispuesta a aceptar, mas no a dejar de defender los derechos humanos a través de la protesta.
El brutal desalojo del plantón que mantenían diferentes agrupaciones y colectivos en defensa de Kenia, el primero de noviembre de 2020 por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), las amenazas de aprehensión contra los miembros del movimiento por parte de estos mismos elementos; así como el asesinato de Jonatan Hernández, hijo de la actual coordinadora del Colectivo Zapata Vive, Flor Hernández, a manos de 9 hombres armados el pasado 16 de marzo; empuja a las y los miembros del movimiento a concentrarse en defender sus propias vidas, y pretende debilitar la defensa de la compañera Kenia que continúa presa.
Por eso, el Colectivo exigió al Mecanismo Federal de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la protección del Colectivo Zapata Vive, en un comunicado del 18 de marzo de este año. Sin embargo, la actuación del Mecanismo ante el juicio de Kenia, una vez más, deja en claro que no podemos confiar en las instituciones del Estado que son las que nos criminalizan, encarcelan y ponen en peligro nuestras vidas.
Como menciona Yaneli Fuentes, vocera del Colectivo Zapata Vive, necesitamos organizarnos y sumar fuerzas, para impedir que haya más consecuencias en contra del movimiento por parte de la Fiscalía y que sea un llamado de alerta internacional a colectivos y organizaciones que defienden los derechos humanos.
¡Liberta a Kenia Ya!
¡Alto a la criminalización de la protesta!
¡Libertad a las y los presos políticos del país!
¡Justicia para Jonatan Hernández y su familia!
