Este lunes el gobernador bonaerense firmó el decreto que organiza la mesa de diálogo para trabajar sobre medidas urgentes ante la crítica situación de las cárceles bonaerenses.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Martes 17 de diciembre de 2019 09:26
Foto: Primer Plano
A partir de las huelgas de hambre que se vienen desarrollando en distintos penales de la provincia desde los primeros días del mes de diciembre y de las denuncias de organismos judiciales y de derechos humanos sobre las pésimas condiciones en que se encuentran las personas detenidas; el gobernador de la Provincia convocó a una mesa de diálogo y trabajo a representantes de los tres poderes del Estado provincial, a un sector de organismos de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.
"Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución", manifestó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia Julio Alak en la conferencia de prensa que brindó luego de participar de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno provincial.
“La herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda", declaró el flamante ministro y aseveró que las cárceles bonaerenses "tienen una capacidad para alojar a 23.000 personas pero aquí hay 49.000 internas e internos", por lo que evaluó que "tenemos la superpoblación penitenciaria más grande del país”. “La provincia de Buenos Aires es la única denunciada y sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a su sistema carcelario”, agregó el titular de la cartera de Justicia.
Días atrás, la Suprema Corte de Justicia bonaerense elaboró un duro informe sobre la situación de detención en cárceles y comisarías, manifestando que “el panorama actual sobre condiciones de detención de los alojados en unidades penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y en comisarías de la provincia de Bueno Aires es insostenible, dado el pico máximo de cantidad de personas encarceladas y el crecimiento interanual de detenidos”
Y agrega, que “aunque las circunstancias descriptas no son novedosas, se aprecia una importante ´tendencia ascendente, llegando a niveles alarmantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambiente dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos”
Cabe recordar que Julio Alak fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante los años 2009 y 2015. Durante su mandato, las condiciones de las cárceles federales a su cargo nunca se modificaron, por lo que cabría preguntarse si hoy podría cambiar la situación desde la cartera bonaerense.
Sin bien durante la gestión de María Eugenia Vidal, la situación de las condiciones de encierro y detención empeoraron de manera considerable, también corresponden a los 28 años de gobiernos peronistas que llevaron esta situación a este estado, lo que demuestra que es una política del Estado capitalista para someter de manera cruel y hasta arrebatándoles la vida a miles de personas, en su inmensa mayoría provenientes de los sectores populares. Y quienes se encuentran privados de su libertad, la mayoría sin condena, son constantemente vulnerados en sus derechos más esenciales.
La mesa de diálogo que propone el gobierno de Kicillof ahondará en la urgente respuesta frente a la falta de comida y hacinamiento de los presos y presas, sin embargo será poco probable que discuta la cuestión de fondo: ¿cómo los pobres dejan de llenar las cárceles? Y eso significa, en definitiva, discutir la criminalización y exlcusión social que condena a millones.
