Entre las propuestas de campaña del joven Pedro Kumamoto, que asumirá su curul en la cámara de diputados de Jalisco en noviembre próximo, se cuenta abogar por la transparencia de quienes acceden a un cargo público.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 17 de junio de 2015
Foto: Facebook Pedro Kumamoto
Pedro Kumamoto es una de las sorpresas de los pasados comicios del 7 de junio. Hace unos días debatimos con una de sus propuestas: el presupuesto participativo. Ahora abordaremos otra.
Kumamoto, quien saltó a la fama por la modestia de su campaña electoral –en la que invirtió $18.500 asignados por el erario público, más $250,000 provenientes de donaciones de particulares– propone combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.
Quiere llevar a cabo esto ni más ni menos que en Jalisco, cuyo gobernador, Aristóteles Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un fiel emulador de Peña Nieto a nivel estatal.
Mientras el estado se percibe como una plaza en disputa por distintos cárteles del narcotráfico, de acuerdo con varios medios de comunicación, como la revista Proceso, y tal como se vio en la jornada del primero de mayo pasado, Aristóteles Sandoval afirma que todo esta bajo control y que disminuye la violencia en la entidad.
Asimismo, Leonel Sandoval, el padre del gobernador, está siendo investigado por la Procuraduría General de la República por promover una red de corrupción, como se informa en La Razón San Luis. Una de las tareas de esta red fue el impulso de la campaña electoral del candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, cargo que ni aun así obtuvo el partido oficialista.
¿Transparencia versus corrupción?
Concretamente, Pedro Kumamoto propone combatir el enriquecimiento ilícito a partir de establecer que todas las personas que sean candidatos o desempeñen algún cargo en la función pública presenten tres declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de intereses, una propuesta creada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Según sostuvo al Informador.mx, “La declaración patrimonial es para saber cuál es su patrimonio al entrar al servicio público y cuál es al salir, así podremos constatar que correspondan al sueldo percibido, con lo que se sabrá si hubo enriquecimiento ilícito”. Por otra parte, la declaración fiscal permitiría saber si el funcionario o el candidato paga impuestos y con la de intereses será posible “saber cuáles son las empresas en las que se ha trabajado, cuáles son las empresas de familiares, para que al momento de una licitación no se pueda influenciar de forma positiva para intereses propios”.
Sin embargo, de más de 2000 cargos que se jugaron en los últimos comicios, sólo 194 personas hicieron pública su declaración de bienes, e incluso no necesariamente es real todo lo que declararon.
Que terminen los privilegios para la clase política
Sobre las propuestas de Kumamoto, hay que decir que las declaraciones en sí mismas no frenan el enriquecimiento de los funcionarios a costa del erario público y de negociados con las grandes empresas, y es sabido que hay mil y una formas de ocultar las grandes tajadas que aquellos obtienen. Los sueldos y prestaciones millonarios que ganan son una verdadera ofensa contra el pueblo trabajador, como señalamos acá. Y esto es porque son una verdadera casta que administra el estado de los capitalistas, y eso no se resuelve con declaraciones.
Diputados, senadores, secretarios, gobernadores, alcaldes, el presidente administran el Estado, legislan, juzgan, gobiernan para los magnates (sus patrones): para Grupo México, para Grupo Higa, para OHL, para las trasnacionales que ahora vienen a disputarse los recursos energéticos del país. Y la clase política, que gobierna para los ricos, vive como los magnates. Sin ir más lejos, los gastos del viaje presidencial a Londres ascendieron a 7.1 millones de pesos, que gastaron 30 personas, entre la comitiva oficial, la familia presidencial más una hermana de Peña Nieto y una hermana de Angélica Rivera, la primera dama.
Frente a esta realidad donde la función pública es el botín de arribistas que sólo desean enriquecerse y gobernar a favor de las trasnacionales y los magnates como Carlos Slim, una propuesta claramente alternativa es que los funcionarios públicos, independientemente del cargo que ejerzan, ganen lo mismo que un maestro o un trabajador.
Esta demanda es una de las consignas que legó la Comuna de París al movimiento obrero mundial.
En Argentina, los diputados Noelia Barbeito, Christian Castillo y Raúl Godoy, del Partido de Trabajadores Socialistas –PTS, organización hermana del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS)– en el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) en Argentina han impulsado un proyecto de ley que va en este sentido.
Junto a esto, lejos de pensar que es posible reformar esta “política” (la que está al servicio de los empresarios y las transnacionales), los trabajadores y la juventud deben bregar por acabar con este sistema de explotación y miseria, de cuyo seno surge este régimen político y la “clase política” que se enriquece a costa de las grandes mayorías.
